La institucionalidad abandonó la Ruta Magdalena Sierra Mar a su suerte

Cada nueva interrupción confirma que el Estado sigue sin una respuesta eficaz frente a una práctica que amenaza la ejecución de la obra, la inversión, la movilidad y la competitividad del Magdalena.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

Hoy, viernes 17 de julio de 2026, la Ruta Magdalena Sierra Mar amaneció nuevamente secuestrada. No es un hecho aislado. Entre enero y mayo, Colfecar documentó 309 bloqueos viales en Colombia, con pérdidas estimadas en 1,3 billones de pesos y más de 5.128 horas de afectación. El gremio lo ha repetido hasta el cansancio: el país no puede seguir normalizando la obstrucción de sus carreteras. Sin embargo, el Estado continúa sin encontrar una respuesta integral, oportuna y eficaz.

La prueba está en esta vía. Ayer fue inaugurada en Puebloviejo una Base Militar Transitoria con treinta hombres del Batallón Córdova. Menos de veinticuatro horas después, vehículos pesados ocupan los terraplenes, la maquinaria permanece paralizada y la autoridad vuelve a llegar tarde, si es que llega.

La base recién estrenada no consiguió prevenir el bloqueo, detectarlo a tiempo, contenerlo ni activar una respuesta institucional coordinada. Así, la seguridad prometida termina convertida en un decorado que no resiste ni un día. La escena de esta mañana es brutal en su contundencia: vehículos atravesados sobre el terraplén, trabajadores detenidos, maquinaria inmovilizada y un cronograma de obra nuevamente hecho trizas.

Es necesario aclararlo: no corresponde necesariamente al Ejército dispersar una manifestación o desalojar por sí solo una carretera. Esa responsabilidad recae principalmente sobre la Policía Nacional, dentro de los protocolos y competencias establecidos. Pero entonces cabe preguntar: ¿para qué se instaló una Base Militar Transitoria en un punto crítico de la obra si ni siquiera pudo anticipar la ocupación de la vía o advertir oportunamente a las autoridades competentes?

¿Qué hacían los treinta hombres del Batallón Córdova mientras los vehículos ingresaban y ocupaban los terraplenes? ¿Se activaron los mecanismos de coordinación con la Policía, la Alcaldía, la Gobernación y el contratista? ¿Hubo alguna orden de no intervenir para evitar “calentar” el territorio?

Porque si un despliegue militar no sirve para prevenir, alertar, disuadir o facilitar una respuesta inmediata, entonces no estamos ante una operación táctica, sino ante una escenografía institucional.

La Policía Nacional, llamada a ser el primer eslabón de la disuasión y el restablecimiento del orden, también brilló por su ausencia operativa. No hacía falta esperar a que la obstrucción estuviera consolidada ni permitir que los vehículos se tomaran completamente el terraplén. Hacían falta presencia preventiva, capacidad de reacción y determinación institucional.

Nada de eso llegó a tiempo para evitar el traumatismo de las obras y garantizar los derechos constitucionales a la libre circulación y a la libertad de empresa. Para el alto mando, este corredor parece no ser una prioridad real, sino otro escenario conveniente para la fotografía, la rueda de prensa y el discurso sobre la seguridad.

Cuando una protesta se utiliza de manera reiterada para paralizar una obra y forzar concesiones económicas, laborales o contractuales, deja de ser solamente una manifestación social y adquiere los rasgos de una coacción. El derecho a protestar no puede convertirse en patente de corso para atravesar vehículos, inmovilizar maquinaria, alterar contratos y obligar a terceros a negociar bajo la presión de las pérdidas.

Tampoco puede ignorarse el momento escogido. Los moradores de la zona saben que desde hoy viernes, con el inicio del fin de semana y la proximidad del puente festivo, aumenta considerablemente el tráfico por este corredor. Durante el último año, varios bloqueos realizados bajo la excusa de la protesta social habrían terminado convertidos en puestos de cobro clandestino: quien paga puede continuar; quien no paga queda atrapado. La vía pública se transforma así en un peaje ilegal administrado por particulares ante la mirada impotente —o ausente— de la autoridad.

La pregunta, entonces, no es retórica: ¿se repetirá la historia durante este puente festivo? ¿Esperará la institucionalidad a que instalen nuevamente el peaje ilegal para reaccionar? Si las autoridades conocen el antecedente, identifican los puntos críticos y saben que el incremento del flujo vehicular hace más rentable la obstrucción, ya no podrían alegar sorpresa. Lo que ocurra en las próximas horas permitirá establecer si la base militar y la anunciada coordinación institucional sirven para proteger la carretera o solamente para acompañar, desde la distancia, una práctica que todos conocen y nadie consigue detener.

Cada hora de parálisis incrementa el costo de la obra y fortalece la posición de quienes bloquean. El mecanismo está perfectamente aceitado: la vía se ocupa, el contratista calcula cuánto pierde por cada hora detenida y comienza una negociación en la cual termina resultando menos costoso ceder que esperar una respuesta del Estado.

Pero el problema no termina en la carretera.

De acuerdo con testimonios e información conocida alrededor de la ejecución del proyecto, la misma presión ejercida con vehículos sobre el terraplén podría reproducirse, con otros métodos y protagonistas, en los pasillos de la institucionalidad. Allí aparece una palabra aparentemente inofensiva, pero suficientemente conocida en la contratación pública: “colabórame”.

No se trataría de un favor ni de una cortesía. Sería una exigencia disfrazada de sugerencia, pronunciada por quienes pretenden considerar la obra pública como una extensión de sus intereses políticos o particulares. Si servidores públicos, intermediarios o dirigentes están presionando al contratista para obtener beneficios económicos, burocráticos o contractuales, corresponde a la Fiscalía y a los organismos de control determinar quiénes son, qué pidieron y a cambio de qué.

No es responsable atribuir anticipadamente una conducta penal específica sin que exista una investigación. Pero tampoco sería responsable guardar silencio ante denuncias e indicios que, por su gravedad, exigen una actuación inmediata de las autoridades.

He recorrido esa vía. He quedado atrapado en sus trancones y he visto cómo el derecho a circular termina convertido en materia de negociación. También he escuchado el famoso “colabórame” en la carretera, pronunciado con la sonrisa cómplice de quien sabe que cada minuto de parálisis juega a su favor y que la autoridad probablemente no llegará a tiempo.

Lo que resulta todavía más grave es la información sobre llamadas y mensajes enviados por hombres que se presentan como integrantes de estructuras paramilitares para exigir el reintegro de personal despedido. Esa situación debe ser verificada e investigada con urgencia. Si las comunicaciones existen, corresponde establecer quiénes están detrás, a quién representan y si pretenden incidir mediante amenazas en las decisiones laborales y contractuales de la obra.

La conclusión prudente es inquietante: aunque no existen elementos suficientes para afirmar que todos estos actores operan coordinadamente, sus presiones terminan alimentando el mismo ciclo. Unos paralizan la carretera; otros pretenden imponer decisiones laborales; y otros, desde espacios políticos o institucionales, podrían buscar beneficios particulares. Distintos métodos, pero un mismo resultado: someter al contratista a una negociación forzada para evitar o levantar la parálisis.

La responsabilidad institucional es un embudo que no deja escapar a nadie. Lo que está en juego no es solamente la complejidad del territorio, sino la voluntad política para recuperar la autoridad.

Una base militar que no previene, no alerta y no coordina es apenas un gasto. Una Policía que llega cuando el bloqueo ya produjo sus efectos termina reducida al papel de espectadora. Una Fiscalía que no investiga las amenazas y presiones denunciadas corre el riesgo de convertirse en un sello de goma que deja avanzar la coacción.

Ya basta de administrar estas crisis como si fueran parte natural del paisaje. La Ruta Magdalena Sierra Mar no es un capricho regional. Es un eje logístico del Caribe, una pieza de competitividad nacional y una obra fundamental para la movilidad y el desarrollo del Magdalena.

Si el Estado no es capaz de proteger un proyecto de esta envergadura frente a bloqueos reiterados, posibles extorsiones y presiones provenientes de distintos sectores, ¿qué puede proteger? Si la institucionalidad se doblega cada vez que alguien atraviesa un vehículo sobre el terraplén, ¿qué autoridad le queda?

La derrota de hoy no es del contratista, de los transportadores ni de los usuarios atrapados en el trancón. Es la derrota del Estado colombiano en el Magdalena. Y no duele por inesperada, sino por repetida.

Porque cuando unos particulares bloquean, hombres que se presentan como paramilitares constriñen, funcionarios o intermediarios pronuncian el consabido “colabórame” y la Fuerza Pública permanece inmóvil, el mensaje es cristalino: el territorio no lo gobierna la ley; lo gobierna la iniquidad.