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Contraloría advierte que la sostenibilidad financiera sigue siendo el mayor reto del Acuerdo de Paz
El organismo de control reveló que entre 2017 y 2025 se ejecutaron $127,85 billones para la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, alertó que garantizar los recursos y traducirlos en resultados concretos para los territorios continúa siendo el principal desafío.
La Contraloría General de la República presentó un balance sobre la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz y concluyó que, aunque se han registrado avances significativos en materia de inversión, la sostenibilidad financiera sigue siendo el principal reto para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto armado.
Durante la instalación del Congreso Internacional «10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad», el contralor general encargado, Carlos Silgado, explicó que el propósito del encuentro es evaluar, con evidencia técnica, los resultados de la implementación del Acuerdo, identificar los desafíos pendientes y aportar elementos para la toma de decisiones en política pública.
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Según el informe de seguimiento presentado por la entidad, entre 2017 y 2025 la implementación del Acuerdo de Paz registró una ejecución acumulada de $127,85 billones, expresados en pesos constantes de 2025. Con la apropiación presupuestal prevista para 2026, la inversión ascendería a $138,1 billones, equivalente al 65 % del costo estimado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 para los primeros 15 años de implementación.
La Contraloría advirtió que la paz no solo se mide por los compromisos firmados, sino por la capacidad del Estado para financiar su implementación, ejecutar los recursos de manera eficiente y convertir las inversiones en resultados concretos para los territorios más golpeados por la violencia.
El organismo también presentó un balance del OCAD Paz, uno de los principales mecanismos de financiación para proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo y la reparación de las víctimas, destacando avances, pero también oportunidades de mejora para fortalecer el impacto de las inversiones.
Otro de los mecanismos analizados fue el programa de Obras por Impuestos. De acuerdo con el informe, entre 2017 y 2025 este instrumento movilizó $3,39 billones para financiar 584 proyectos en 30 departamentos del país.
Aunque el cupo anual destinado a este mecanismo ha aumentado de forma progresiva, la Contraloría identificó varios desafíos, entre ellos la concentración de recursos en un número reducido de territorios, la ausencia de mecanismos efectivos para que las comunidades participen en la priorización de las inversiones y debilidades en el seguimiento, control y transparencia de los procesos de contratación.
Durante su intervención, el contralor encargado enfatizó que el seguimiento a la implementación del Acuerdo debe ir más allá de las cifras presupuestales.
«La paz no puede medirse únicamente por la ejecución presupuestal. Debe medirse por la transformación efectiva de los territorios, la reducción de las brechas históricas y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones», afirmó Carlos Silgado.
El Congreso Internacional reúne a más de 25 universidades, organismos multilaterales, expertos nacionales e internacionales, organizaciones sociales y entidades públicas, con el objetivo de analizar, a partir de evidencia y de las experiencias de los territorios, los avances alcanzados en la implementación del Acuerdo de Paz durante la última década y aportar insumos para fortalecer las políticas públicas en esta materia.
🚨El Contralor General (E), Carlos Silgado, destacó que el seguimiento a los recursos de la implementación debe ir más allá de las cifras de ejecución y enfocarse en los resultados para las comunidades.
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— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) July 14, 2026
La Contraloría concluyó que el éxito de la implementación dependerá no solo de mantener el flujo de recursos, sino también de garantizar una gestión transparente, una adecuada focalización de las inversiones y resultados que mejoren las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias.
