De Caicedo a Pinedo: del papel de un CDP a la realidad de una obra.

Hay imágenes que terminan resumiendo toda una forma de gobernar.

En Santa Marta existe una que muchos recuerdan. Corría el año 2013. El barrio Pescaíto, agotado por las constantes aguas negras que inundaban sus calles, protagonizaba una protesta respaldada por uno de sus hijos más ilustres: Carlos “El Pibe” Valderrama. La respuesta del entonces alcalde Carlos Caicedo fue levantar ante las cámaras un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por cerca de seis mil millones de pesos, presentado como el comienzo de la solución.

La fotografía fue perfecta. El discurso también lo fue.

La obra, no tanto.

Porque un CDP no construye colectores, no instala bombas, no reemplaza tuberías ni evita que las aguas residuales sigan corriendo por las calles. Un CDP es apenas el primer paso administrativo de un proceso presupuestal. Es una promesa de que existen recursos disponibles, no una garantía de que la obra vaya a ejecutarse.

Y Santa Marta aprendió esa diferencia de la manera más difícil: esperando.

Pasaron los años. Luego llegaron doce años de continuidad política del mismo proyecto que encabezó Caicedo, primero desde la Alcaldía y después a través de las administraciones que lo sucedieron. Durante todo ese tiempo el discurso fue el mismo: culpar a “los de antes”, denunciar conspiraciones y presentar cada dificultad como consecuencia exclusiva de gobiernos anteriores.

Pero las aguas negras nunca escucharon discursos. La materia fecal no entiende de épicas ni discursivas. Avanza ignorando relatos grandilocuentes y gestas “heroicas”.

Mientras la política se entretenía construyendo relatos épicos, los problemas de saneamiento básico seguían siendo exactamente eso: problemas reales que exigían ingeniería, inversión y gestión.

Por eso la entrega de la rehabilitación integral de la EBAR Norte representa mucho más que una obra de infraestructura. Simboliza el contraste entre dos maneras completamente distintas de entender el ejercicio del poder.

De un lado quedó la política del anuncio.

Del otro, la política de la ejecución.

Es cierto que los recursos provinieron del Gobierno nacional y que el Ministerio de Vivienda financió una inversión superior a los treinta mil millones de pesos para modernizar una infraestructura estratégica del sistema de alcantarillado de Santa Marta. También es cierto que la administración del alcalde Carlos Pinedo logró articularse institucionalmente para que esa inversión llegara a la ciudad y hoy sea una realidad.

Y eso también merece reconocerse.

Porque gobernar no consiste en preguntarse quién pone los recursos, sino en lograr que los recursos lleguen y se conviertan en soluciones para la gente.

Durante años la política samaria estuvo atrapada en una narrativa donde parecía más importante encontrar culpables que resolver problemas. Todo terminaba convertido en una batalla ideológica. Cada dificultad era una oportunidad para hacer campaña permanente.

Mientras tanto, la ciudad seguía esperando obras.

La historia tiene, sin embargo, un particular sentido del humor.

Quien construyó buena parte de su liderazgo denunciando a “los de antes” terminó dejando como uno de los recuerdos más emblemáticos de aquella crisis un documento presupuestal exhibido frente a las cámaras. Quien llegó después, sin el mismo discurso refundacional, terminó acompañando la entrega de una infraestructura que hoy sí existe y que deberá responder con resultados. Lo más irónico para la lógica de Caicedo es que, el alcalde que entrega la obra ostenta un apellido de esos de “los de antes”.

Esa es la diferencia entre gobernar para la fotografía y gobernar para la ciudad.

Naturalmente, nadie debería caer ahora en el error contrario. La EBAR Norte no resuelve por sí sola todos los problemas históricos del acueducto y el alcantarillado de Santa Marta. Todavía quedan enormes desafíos, inversiones pendientes y obras por ejecutar. La ciudadanía tiene todo el derecho de exigir que la estación opere correctamente y que los beneficios prometidos se reflejen en la calidad de vida de los barrios.

Pero una cosa es exigir resultados sobre una obra construida y otra muy distinta conformarse durante años con anuncios que nunca pasaron del papel.

Quizá por eso la comparación entre 2013 y 2026 resulta inevitable.

En un momento se mostró un CDP como si fuera la solución definitiva.

Trece años después se entrega una infraestructura que, con todas las responsabilidades que implica, puede ser medida por su funcionamiento y no por los aplausos del día de la inauguración.

La política necesita menos ceremonias alrededor del papel y más resultados que puedan tocarse.

Porque los ciudadanos no viven de certificados.

No caminan sobre discursos.

No respiran comunicados de prensa.

Los ciudadanos viven las consecuencias de que el alcantarillado funcione o no funcione.

Al final, la diferencia entre aquellos dos momentos puede resumirse en una frase muy sencilla.

En 2013 se exhibió un documento.

En 2026 se entregó una obra.

Y esa, más que una diferencia administrativa, es una diferencia de gobierno.