Santa Marta, a la altura de la historia

La Quinta de San Pedro Alejandrino ofrece una salida civil, constitucional y caribeña a la controversia sobre la próxima posesión presidencial.

Editorial Opinión Caribe

Colombia no debería convertir la transmisión del mando presidencial del próximo 7 de agosto en una disputa por un cuartel. La negativa del presidente Gustavo Petro a autorizar instalaciones militares o policiales para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella abre una oportunidad: elevar el momento y devolverle grandeza republicana.

Santa Marta tiene el lugar indicado. El Caribe colombiano no reclama un privilegio: le ofrece al país una solución.

La Quinta de San Pedro Alejandrino no es una guarnición militar. Es la casa de los últimos días del Libertador, donde Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830. Es memoria viva de la República, patrimonio histórico y uno de los símbolos más poderosos de nuestra identidad nacional. Allí, entre la historia de Colombia y la vocación abierta del Caribe, podría comenzar un nuevo gobierno.

La Constitución ofrece una ruta. Aunque establece que el Congreso tiene su sede en la capital, permite que Senado y Cámara de Representantes, por acuerdo entre ellas, la trasladen a otro lugar. También dispone que el Congreso se reúne en un solo cuerpo para dar posesión al presidente y recibir su juramento.

La propuesta es concreta: que ambas cámaras trasladen temporalmente su sede a la Quinta de San Pedro Alejandrino para la sesión solemne del 7 de agosto. Sería el ejercicio de una facultad constitucional para responder con altura histórica a una coyuntura excepcional.

Existe un antecedente que delimita esa posibilidad. El proyecto convertido en la Ley 768 de 2002 quiso declarar a Santa Marta sede alterna del Congreso y destinar la Quinta para ese propósito. El Gobierno objetó la norma y la Corte Constitucional respaldó esas objeciones en la Sentencia C-063 de 2002. Sin embargo, crear una segunda sede permanente es jurídicamente distinto de acordar un traslado temporal para una sesión específica.

Ese precedente no cierra la puerta. Señala el camino correcto. La diferencia no es retórica; es constitucional.

La iniciativa requiere liderazgo y coordinación. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, puede convocar una mesa institucional; el alcalde Carlos Pinedo Cuello, poner la capacidad del Distrito a su servicio; y la bancada de congresistas del departamento, promover el acuerdo en ambas cámaras. También deben participar las mesas directivas del Senado y la Cámara, el equipo del presidente electo, la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y las autoridades de patrimonio, protocolo y seguridad.

A esa convocatoria deben sumarse la Asamblea del Magdalena, el Concejo de Santa Marta, la Cámara de Comercio, los gremios, las universidades, las academias de historia y los liderazgos cívicos. No puede ser la bandera de un partido ni la victoria de una facción. Debe convertirse en una causa de ciudad y de región.

La idea exige pasar de la declaración a la organización. Una comisión técnica tendría que definir el aforo, la protección del monumento, los espacios para congresistas y delegaciones, la seguridad presidencial, la atención de invitados internacionales, la movilidad, los servicios aeroportuarios y la transmisión del acto. La condición patrimonial de la Quinta exige que todo se haga con rigor. Una ceremonia de Estado no puede improvisarse ni comprometer uno de los bienes culturales más valiosos de Colombia.

Santa Marta conmemoró en 2025 los quinientos años de su fundación. En 2026, los “500+1” podrían adquirir una dimensión nacional: la ciudad más antigua de Colombia puede demostrar su capacidad para recibir un acontecimiento de esta magnitud y convertirse en punto de encuentro en medio de la polarización. La efeméride debe traducirse en capacidad de convocatoria y visión de futuro.

La posesión en la Quinta tendría un significado profundamente republicano. Recordaría que el presidente recibe su investidura ante los representantes del pueblo, que las Fuerzas Militares están subordinadas al poder civil y que toda autoridad legítima nace de la Constitución. Después del juramento, el nuevo jefe de Estado podrá rendir los honores que considere a soldados y policías en la Primera División del Ejercito. Pero el nacimiento constitucional de su gobierno debe producirse ante el Congreso de la República.

Desde esta orilla del Caribe no proponemos cambiar la capital. Proponemos que, por un día y mediante el procedimiento constitucional, Colombia vuelva su mirada hacia Santa Marta y hacia la casa donde reposó el sueño inconcluso del Libertador. Que el país encuentre en esta ciudad no una salida improvisada, sino un escenario digno de su historia.

La Quinta de San Pedro Alejandrino no tendría que ser recordada solamente como el lugar donde terminó la vida de Bolívar. También podría ser el lugar donde, bajo la autoridad civil del Congreso y frente a la memoria de la República, comenzara un nuevo gobierno.

Es hora de grandeza. Santa Marta puede escribir la historia.