La realpolitik parroquial

Por Víctor Rodríguez Fajardo

La Constitución colombiana es una pieza de alta poesía institucional. Proclama un Estado social de derecho, ramas del poder público separadas, órganos autónomos, controles recíprocos y colaboración armónica. Sobre el papel, la arquitectura parece impecable: el Ejecutivo gobierna, el Legislativo hace las leyes, la Justicia garantiza el imperio del derecho y los organismos de control vigilan a quienes administran los recursos públicos.

El problema comienza cuando uno cierra el libro, atraviesa la Plaza de Bolívar y entra al Capitolio.

Allí termina el deber ser y comienza el ser. La separación de poderes sigue existiendo jurídicamente, pero la política ha construido pasadizos entre las instituciones: corredores sin nombre, sin acta y sin testigos, pero perfectamente transitables. El Ejecutivo no legisla, pero necesita congresistas que aprueben sus reformas. El Congreso no administra ministerios, pero muchos de sus integrantes quieren participar en la burocracia. La Contraloría debe vigilar con independencia el gasto público, pero su titular es elegido por los mismos congresistas cuyos aliados administran buena parte de los recursos que serán vigilados.

El guardián es nombrado por quienes deben ser guardados.

La Constitución dibuja poderes separados. La realpolitik parroquial los sienta en la misma mesa, les sirve el mismo plato y les cobra la misma cuenta.

En esa mesa no hay ángeles ni demonios. Hay actores racionales que calculan, negocian y cobran. El establishment parroquial no es necesariamente una conspiración: es un ecosistema. Y, como todo ecosistema, funciona con una lógica propia que no necesita villanos para producir daño.

El término realpolitik nació en la Europa del siglo XIX para describir una política guiada por intereses concretos y correlaciones de fuerza, antes que por principios morales o ideales abstractos. En Colombia existe ese mismo pragmatismo, pero reducido de escala. No opera entre naciones ni determina el orden internacional: funciona entre partidos, bancadas, ministerios, comisiones, contratos y organismos de control. Es realpolitik, sí, pero parroquial.

Lo que distingue a nuestra versión no es únicamente la corrupción, que también existe, sino algo más banal y resistente: la gobernabilidad convertida en un fin en sí misma. Gobernar no necesariamente para transformar, sino para permanecer. Negociar no siempre para construir política pública, sino para sobrevivir a la siguiente votación. El resultado es un sistema en el cual quien gana las elecciones no gobierna solo y quien ayuda a gobernar casi nunca lo hace gratis.

El próximo 20 de julio no se escogerán únicamente unos presidentes para dirigir debates. Comenzará a trazarse el mapa real del poder durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. La presidencia del Senado, la de la Cámara, las mesas directivas de las comisiones constitucionales y, posteriormente, la elección del contralor forman parte de una misma cadena de decisiones.

Quien mire cada elección por separado verá nombres y votaciones. Quien observe el conjunto encontrará la construcción de una mayoría, la distribución de los espacios y el precio que cada sector pretende cobrar por participar en la gobernabilidad.

Las fuerzas en juego

La primera fuerza es la izquierda, representada principalmente por el Pacto Histórico y conducida por Gustavo Petro. Después de cuatro años en el Gobierno, el petrismo regresa al lugar donde históricamente ha demostrado mayor capacidad política: la oposición.

No vuelve reducido a una presencia testimonial. Con alrededor de 26 curules, el Pacto quedó como la bancada individualmente más numerosa del Senado. Conserva congresistas, bases sociales, sindicatos, organizaciones territoriales, capacidad de movilización y un líder que, aun dejando la Presidencia, mantendrá una influencia difícil de medir solamente por los cargos formales.

Petro perderá la Casa de Nariño, pero no necesariamente el control del relato opositor. Desde allí podrá presentar cada negociación entre Abelardo y los partidos tradicionales como el regreso de las viejas élites. Su dificultad será explicar por qué esas mismas prácticas también fueron utilizadas durante su gobierno.

Petro llegó prometiendo el cambio y terminó construyendo mayorías con liberales, conservadores y La U. Abelardo llega prometiendo gobernar con “los nunca” y comienza a buscar los mismos votos. Cambian el presidente, la ideología y el discurso; la aritmética parlamentaria permanece indiferente a los manifiestos y sorda a los eslóganes.

La segunda fuerza es el uribismo. Álvaro Uribe no ganó la Presidencia, pero conserva algo que Abelardo todavía no tiene: una organización política propia, construida durante más de dos décadas. El Centro Democrático llega con 17 senadores, además de representantes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y directorios regionales.

Uribe tiene partido, cuadros políticos, disciplina legislativa y presencia territorial. Abelardo posee la Presidencia, casi trece millones de votos y un liderazgo nacional en ascenso, pero apenas cuenta con cuatro senadores de la colectividad que coavaló su candidatura. Puede sumar adhesiones, pero una cosa es acercarse al ganador y otra pertenecerle políticamente. Los que llegan también pueden irse.

Abelardo ganó un Gobierno antes de construir un partido. Esa secuencia invertida comenzará a mostrar sus consecuencias el 20 de julio.

La tercera fuerza está integrada por liberales, conservadores, La U, Cambio Radical y algunos sectores verdes. No conforman un bloque ideológico, pero comparten una extraordinaria capacidad para adaptarse al gobierno de turno y convertir su representación legislativa en participación dentro del Estado. Son colectividades que últimamente no ganan la Presidencia, pero casi nunca pierden completamente el Gobierno.

El Partido Conservador ofrece una prueba reciente de esa elasticidad. Una colectividad histórica de derecha se declaró partido de gobierno durante la administración de Petro. No ocurrió una conversión colectiva a la izquierda. Simplemente entendió que existía un nuevo presidente, un presupuesto alrededor del cual moverse y un espacio político que podía ocupar.

Ahora esas colectividades comienzan a girar hacia Abelardo. No porque todos se hayan convertido en tigres, sino porque reconocen el olor del poder antes de que el nuevo presidente se posesione. Sin ellas, Abelardo no tiene mayoría. Con ellas puede construirla, pero deberá decidir cuánto está dispuesto a entregar.

La bisagra alcanza su mayor precio antes de que la puerta esté abierta.

La aritmética que puede convertir a Petro en elector

El nuevo Senado estará integrado por 103 miembros. La cifra políticamente decisiva es 52: no porque toda elección interna exija siempre ese número, sino porque representa una mayoría absoluta capaz de darle al nuevo Gobierno una base legislativa relativamente estable. Por encima de ese umbral se puede gobernar con alguna tranquilidad. Por debajo, cada proyecto se convierte en una negociación nueva.

Si se presentaran tres candidaturas —una promovida por Abelardo, otra por el uribismo y una tercera por el Pacto Histórico—, el presidente electo podría beneficiarse de la dispersión. Pero si solamente llegan a la votación Alfredo Deluque y Honorio Henríquez, como hasta ahora parece probable, la ecuación cambia.

Deluque representa la opción funcional a la coalición que intenta construir el presidente electo, mientras Henríquez encarna la capacidad del uribismo para disputar la conducción legislativa de la derecha. En ese escenario, los votos del Pacto Histórico podrían definir la presidencia del Senado, siempre que los partidos tradicionales lleguen divididos y ninguna de las dos candidaturas consiga previamente una mayoría propia.

El petrismo no posee por sí solo la llave del Capitolio, pero puede convertirse en el cerrajero si los demás dejan la puerta a medio cerrar.

La izquierda perdió la Presidencia de la República, pero podría terminar escogiendo entre dos candidatos del establishment. El derrotado podría convertirse en árbitro antes de que el ganador se posesione. Esa es una de las paradojas más reveladoras de la realpolitik parroquial.

Si el Pacto respalda a Deluque, contribuiría a cerrarle el paso al uribismo. Si vota por Henríquez, podría propinarle a Abelardo su primera derrota antes del 7 de agosto. En cualquiera de los dos casos, Petro demostraría que conserva capacidad para inclinar la balanza. En la realpolitik, el adversario de mi adversario no se convierte necesariamente en amigo. A veces es solamente un aliado útil durante una votación.

Por eso nadie debería rasgarse las vestiduras cuando los votos de la oposición se mezclen con los de alguno de los candidatos del establecimiento. Hace cuatro años, Roy Barreras fue elegido presidente del Senado con 92 votos, respaldado por el Pacto, liberales, conservadores, La U y otras fuerzas. Dos años después, Efraín Cepeda, conservador de origen y trayectoria, obtuvo 98 votos. Esa mayoría tampoco salió exclusivamente de la derecha.

El Congreso funciona así: los partidos se enfrentan durante las campañas y terminan votando juntos cuando aparece un acuerdo conveniente. A veces se trata de entendimientos institucionales legítimos; otras, de transacciones destinadas a distribuir espacios de poder. La diferencia no está en que sectores contrarios coincidan, sino en qué negocian, a cambio de qué y quién termina pagando la contraprestación.

El antecedente de Angélica Lozano también debe permanecer sobre la mesa. Durante meses fue presentada como la dirigente llamada a presidir el Senado en la legislatura 2024-2025. Tenía acuerdos y la aritmética parecía acompañarla. Sin embargo, su candidatura perdió fuerza antes de la votación y Cepeda terminó elegido casi por unanimidad.

Lozano se quemó en la puerta del horno.

El episodio recuerda que en el Congreso no gana quien aparece primero en las cuentas de los medios, sino quien conserva sus votos hasta que se abre la urna. Los respaldos anunciados pueden evaporarse, las bancadas dividirse y algunos congresistas votar de manera distinta a lo prometido.

En el Congreso colombiano, los votos no se cuentan antes de la votación: se descuentan después.

Dos cabezas en la derecha

El pulso entre Abelardo y Uribe no se limita a la presidencia del Senado. Lo que está en disputa es quién conducirá la derecha y quién tendrá mayor capacidad para orientar la coalición que acompañará al próximo Gobierno.

Si gana el candidato respaldado por Abelardo, el presidente electo demostrará que puede construir una mayoría con cierta autonomía frente al uribismo. Pero esa gobernabilidad seguirá atada a las exigencias de sus aliados: ministerios, direcciones regionales, presidencias de comisiones y participación en los organismos de control.

Si se impone Honorio Henríquez, Uribe comprobará que todavía puede mover una porción decisiva del Congreso sin controlar la Casa de Nariño. Sería una victoria política importante, pero también podría tensionar tempranamente la relación entre el Centro Democrático y el Ejecutivo. Ganar la presidencia del Senado a costa de fracturar el bloque de gobierno puede producir un triunfo inmediato y una pérdida estratégica posterior.

La reaparición de Iván Duque y la presencia de Carlos Suárez, estratega de la victoria de Abelardo y protagonista de confrontaciones judiciales con el expresidente, agregan otro foco de tensión. Mientras Petro conserva un liderazgo prácticamente indiscutido en la izquierda, la derecha llega al poder con dos cabezas que miran en la misma dirección general, pero no siempre al mismo punto.

Uribe tiene la organización, pero no el Gobierno. Abelardo tiene el Gobierno, pero todavía no la organización. Entre esos dos déficits se negociará buena parte del poder real durante los próximos cuatro años.

Y Petro, agazapado como caimán en boca e’ caño, esperará que esa disputa le permita convertir una derrota electoral en palanca política. No puede elegir solo al presidente del Senado, pero podría ayudar a decidir cuál de las dos derechas gana el primer pulso. No es todavía el dueño de la llave, pero sabe que una cerradura dividida puede abrirse con menos fuerza.

El país que espera afuera

En estas negociaciones casi nunca aparecen las preguntas que el país lleva décadas formulando: cómo reducir la pobreza estructural, cómo construir un Estado que llegue a los territorios abandonados o cómo convertir el crecimiento económico en bienestar real.

En la mesa del 20 de julio se hablará de curules, presidencias, comisiones, contralorías y mayorías. Las necesidades de los gobernados quedarán aplazadas para después. Y después siempre aparece otra negociación.

El problema no es que exista negociación política. Ninguna democracia funciona sin acuerdos y ningún presidente colombiano puede gobernar ignorando al Congreso. El problema comienza cuando la gobernabilidad deja de ser el instrumento para ejecutar un programa y se convierte en un mercado para distribuir el Estado.

Abelardo tiene la Presidencia, mandato constitucional y millones de votos, pero carece de una estructura propia capaz de trasladar automáticamente su victoria al Congreso. Esa brecha es el territorio donde los partidos bisagra cobran y donde los ciudadanos terminan pagando.

El establishment parroquial no le teme al voto. Sabe convivir con él, procesarlo y distribuir sus consecuencias. Le teme más a la organización ciudadana sostenida, a la rendición de cuentas que no desaparezca después de las elecciones y a la prensa que recuerde en diciembre lo que se prometió en julio. Le teme, en suma, a que los gobernados decidan dejar de ser simples espectadores.

Mientras eso no ocurra, la mesa del Capitolio seguirá siendo la misma. Cambiarán los nombres, los discursos y las mayorías. La aritmética permanecerá.

La Constitución seguirá siendo bella. El Capitolio seguirá siendo el Capitolio. Y afuera, el país seguirá esperando que alguien recuerde que existe.