COLOMBIA FRENTE AL ESPEJO DE SUS NÚMEROS ROJOS

Por: Harold Castañeda Robles

El país gasta 23% del PIB pero solo recauda el 16%. Sin cambios estructurales, el mercado impondrá el ajuste Los números hablan solos. El Estado colombiano se encuentra en una posición
que desafía cualquier argumento político o ideológico: gasta 23% del producto interno bruto, pero apenas recauda el 16% en impuestos. Ese hueco de siete puntos porcentuales no es una exageración contable. Es la brecha donde se juega el futuro fiscal del país.

No hay que ser economista para verlo; dice el análisis que circula en los círculos académicos y gremiales. Y es verdad. La aritmética es despiadada: esa diferencia de siete puntos se cubre con deuda, bonos que el país emite año tras año. El problema se agrava porque cada vez que Colombia solicita un crédito, los acreedores cobran tasas de interés más altas, conscientes de que el país está más endeudado y se ha convertido en un pagador menos confiable.

El colapso de los ingresos del Estado

Las fuentes tradicionales de financiamiento han desaparecido casi completamente. Ecopetrol y otras empresas estales, que históricamente fueron una válvula de oxígeno fiscal, hoy no aportan ni un punto porcentual de ese 23% de gasto. La razón es estructural. Colombia adoptó una agenda verde, legítima en sus objetivos pero brutal en sus consecuencias fiscales: la carga efectiva de impuestos sobre utilidades alcanza el 70%, cuando en la mayoría de países desarrollados ronda el 40%.

Dicho de otra forma, producir en Colombia es significativamente más costoso en términos tributarios. Eso explica, en parte, por qué las empresas se van o por qué los inversores miran hacia otros mercados. La ecuación es simple: si el costo fiscal de producir aquí es mucho más alto, la decisión económica tiende a mirar hacia afuera.

La trampa de la informalidad

El otro lado del problema es igualmente grave: apenas el 20% de los colombianos paga impuestos. El otro 80% está en la informalidad, fuera del sistema tributario formal. Pero ese 80% no está excluido del presupuesto: recibe subsidios. El régimen subsidiado de salud, los programas de asistencia social, los complementos alimentarios. Están dentro del gasto.

Aquí está el dilema que ningún gobierno puede resolver de un día para otro: no se puede poner carga tributaria masiva a quienes viven en la informalidad. No es viable socialmente. Una persona que vende en la calle, que trabaja por encargos, que no tiene ingresos fijos no puede de repente ser gravada como un trabajador formal. El colapso social vendría primero. Colombia ha funcionado históricamente como un estado benefactor.

La frase de Benjamin Franklin que dice "lo único seguro son la muerte y los impuestos; aplica en muchos países. Aquí, para una parte importante de la población, lo único seguro es solo la muerte. Dicho brutalmente: no pagan impuestos porque no tienen cómo pagarlos.

La única variable que queda: el gasto Si no puedes subir impuestos rápidamente —porque la base tributaria es mínima y el costo social es prohibitivo, y no puedes transformar la estructura productiva
en el corto plazo, solo te queda una variable real de ajuste: reducir el gasto público. Esto no es un capricho ideológico. Es una condición de supervivencia fiscal. El gasto se puede reducir de formas distintas, y aquí es donde entra el criterio político y administrativo. No se trata de quitarle subsidios a quienes realmente son vulnerables, ni de generar desempleo masivo sin sentido. Se trata de recortar ineficiencia. De eliminar burocracia sobredimensionada. De cortarle el cuello a gastos improductivos. Y, por supuesto, de atacar la corrupción, que es un drenaje permanente de recursos.

El Estado colombiano tiene inflaciones de todo tipo. Agencias que se sobreponen, programas que se duplican, estructuras administrativas que crecieron sin control. Eso es lo que hay que tocar primero. La amenaza del mercado ¿Qué pasa si no se hace este ajuste? Entonces el mercado lo impone. Eso significa que en algún momento, sin que nadie lo vote ni lo decida democráticamente, los acreedores simplemente dirán que no vuelven a financiar la deuda colombiana, o que lo hacen a costos que harían inviable el presupuesto.

Eso sí sería traumático. Aquí no estamos hablando de eficiencia administrativa. Estamos hablando de sobrevivencia del Estado mismo. Los próximos dos años, según analistas económicos, serán críticos, habrá
recesión económica. si no se implementan reformas fiscales significativas. El déficit fiscal estructural del país está entre los más altos de la región.

La ventana para hacer ajustes ordenados, que protejan a quienes son vulnerables mientras se eliminan ineficiencias, se está cerrando. Si Colombia no actúa en los próximos trimestres, el ajuste vendrá de afuera, sin piedad ni consideraciones sociales. Es una encrucijada sin salidas falsas. Hay que elegir: un ajuste ordenado ahora, o un colapso fiscal desordenado después.