Tres países en uno: cómo De la Espriella, Valencia y Cepeda leen — y quieren cambiar — a Colombia

Un sistema de salud con $24 billones en cartera impagada, grupos armados que crecieron 23,5 % y un déficit fiscal del 6,4 % del PIB: ese es el país que heredará quien gane el 31 de mayo. De la Espriella, Valencia y Cepeda tienen recetas opuestas para la misma crisis. Lo que cada colombiano decida en las urnas determinará si el próximo gobierno reprime, administra o transforma.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo & José D. Pacheco Martínez

Colombia entra al ciclo electoral de 2026 en un contexto marcado por tensiones acumuladas durante un período de reformas inconclusas, deterioro de la seguridad pública, un sistema de salud en crisis financiera y una economía que creció apenas 2,6 % en 2025 con un déficit fiscal de 6,4 % del PIB. Seguridad, economía, corrupción y acceso a servicios básicos configuran un cuadro complejo que los programas de gobierno identifican con relativa precisión. Esa coincidencia diagnóstica no implica acuerdo en las respuestas; por el contrario, abre una disputa de fondo sobre los instrumentos para intervenir problemas que ya no generan controversia descriptiva.

Las encuestas más recientes sitúan a Iván Cepeda al frente de la intención de voto con cifras que oscilan entre el 34,5 % y el 37,5 %, mientras Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia protagonizan un empate técnico por el segundo lugar, con guarismos que rondan el 20 %. El escenario de segunda vuelta reordena ese mapa: si la definición fuera entre Cepeda y Valencia, los sondeos apuntan a un empate técnico, con el candidato del Pacto Histórico en 43,3 % y la senadora del Centro Democrático en 40 %, diferencia que se ubica dentro del margen de error. Un tercer factor condiciona cualquier lectura de esas cifras: el 16,7 % de los encuestados se mantiene indeciso y el voto en blanco ronda el 11 %, lo que mantiene matemáticamente abierto el resultado de la primera vuelta.

El ascenso de Valencia constituye uno de los fenómenos más notorios del proceso. La candidata del Centro Democrático experimentó un crecimiento de 13 puntos porcentuales en intención de voto desde enero hasta marzo de 2026, impulsado por su victoria en la Gran Consulta por Colombia, donde obtuvo cerca de 3,2 millones de los 5,8 millones de votos de esa alianza. Cepeda, a su turno, consolidó su avance gracias en parte a la victoria del Pacto Histórico en las legislativas de marzo. De la Espriella, aunque cedió terreno frente a mediciones anteriores donde llegó a ocupar el segundo lugar, mantiene una base electoral sólida que lo posiciona como tercera fuerza con capacidad de condicionar la segunda vuelta.

Ante ese panorama electoral, los tres programas construyen lecturas distintas del mismo país. El documento de Abelardo de la Espriella describe una nación afectada por pérdida de control estatal frente al crimen, la corrupción y las economías ilegales, y propone una restauración del orden desde la autoridad institucional. Paloma Valencia organiza su diagnóstico en cinco crisis específicas — seguridad, salud, energía, confianza y corrupción — que requieren gestión técnica inmediata, metas verificables y corrección de fallas operativas del sistema. Iván Cepeda Castro construye una lectura estructural que señala la desigualdad persistente como raíz de los problemas públicos y propone profundizar transformaciones que considera inconclusas.

Abelardo y la promesa de restauración

El programa de Abelardo de la Espriella parte de una lectura concreta del momento político: la capacidad de control estatal presenta fisuras en varios frentes. El documento identifica cuatro amenazas que, a su juicio, definen el ciclo histórico actual — autoritarismo, violencia criminal, corrupción política y penetración del narcotráfico —, y propone convertir la elección del 31 de mayo en una decisión de defensa nacional. La primera meta fijada son los cien días iniciales de gobierno, concebidos como escenario de verificación de resultados.

La seguridad adquiere, bajo esa interpretación, un papel estructurante. La erradicación de cultivos ilícitos es la pieza central: el programa proyecta destruir las 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual forzosa y persecución de capitales. A esas acciones se suma la extinción de dominio exprés, la extradición como herramienta activa y la sustitución como salida complementaria. Las cifras que sustentan el diagnóstico indican 2.664 toneladas potenciales de cocaína y un crecimiento del 23,5 % en integrantes de grupos armados ilegales.

En ese contexto, el restablecimiento del monopolio estatal de las armas opera como eje articulador de la política de seguridad. El programa contempla recuperar control territorial, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, reconstruir el sistema carcelario y fortalecer simultáneamente la inteligencia, la justicia y la judicialización. Como herramientas específicas se proponen un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y una Primera Línea de Seguridad integrada por veteranos y reservistas del servicio militar. La negociación con organizaciones armadas queda descartada como mecanismo de política pública.

Frente a la corrupción — estimada en $50 billones anuales y documentada en 1.243 hechos concretos con un 31,94 % concentrado en contratación pública —, la propuesta crea un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción dirigido directamente por la Presidencia. Sus instrumentos incluyen inteligencia financiera, análisis de flujos ilícitos, policía judicial especializada y extinción de dominio exprés. Para 2030, todos los procesos de contratación pública operarían a través de tecnología blockchain, con información inmodificable y trazable en tiempo real.

El diagnóstico económico identifica tres restricciones principales: exceso regulatorio, dimensión del aparato estatal y prácticas corruptas que distorsionan el mercado. La respuesta contempla una reducción del Estado de hasta una cuarta parte del tamaño actual, aprovechando la nueva Ley del SGP para fortalecer simultáneamente la descentralización territorial. Se propone la denominada «Gran Revolución de DesRegulación» — que incluye revisión de Invima, ICA, superintendencias, notariado y registro, licencias ambientales y reglamentos técnicos — junto con la política «una entra y dos salen»: por cada nueva regulación se eliminan dos existentes.

Respecto del componente macroeconómico fija metas precisas. Un ajuste inicial de $70 billones busca alcanzar superávit fiscal primario; el plan de choque generaría un ahorro estructural equivalente al 3,1 % del PIB, distribuido entre $31,8 billones por optimización del Estado — incluyendo eliminación de nómina paralela —, reasignación de subsidios y mayor recaudo antievasión vía DIAN modernizada con inteligencia artificial. La proyección es estabilizar el déficit en -4,8 % del PIB en los primeros 360 días y llevarlo por debajo de -3,5 % hacia 2030, anclando la relación Deuda/PIB en menos del 55 %. La meta de crecimiento sostenido supera el 5 % anual.

La política energética y minera rechaza lo que el documento denomina «prejuicios ideológicos». Se propone recuperar exploración y producción de petróleo y gas con seguridad jurídica, tratar el gas como asunto estratégico — acelerando campos descubiertos, proyectos costa afuera y evaluando yacimientos no convencionales —, transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe y defender a Ecopetrol como activo estratégico nacional. En salud, un plan de choque de $10 billones busca restablecer el flujo de recursos, poner al paciente en el centro y corregir el desvío de la UPC. La educación prioriza ciclos cortos en tecnologías de cuarta revolución industrial — inteligencia artificial, computación cuántica, robótica — junto con una Universidad Virtual en Casa y conectividad y computadores gratuitos.

Finalmente, el programa descansa en el concepto de Patriotismo Constitucional: la Constitución de 1991 se afirma como marco estable e irrenunciable, y se descarta cualquier proceso constituyente, además, propone elevar a rango constitucional la prohibición de la «combinación de todas las formas de lucha» como estrategia de poder político. En lo que respecta a los temas de género, fija la meta de reducir en 30 % la violencia contra las mujeres y en 40 % los feminicidios, con rutas judiciales aceleradas en máximo 72 horas y un fondo de $500.000 millones para autonomía económica femenina. El programa rural se organiza en torno a tres millones de campesinos atendidos directamente, dos millones de nuevas hectáreas productivas entre 2026 y 2030 y la Escuela de Emprendedores Rurales para 100.000 jóvenes del campo.

Paloma se la juega por la estabilización operativa del Estado

Paloma Valencia organiza sus propuestas alrededor de lo que denomina «cinco bombas para estabilizar»: crisis de seguridad, crisis de salud, crisis energética, crisis de confianza y corrupción. Cada una recibe un diagnóstico específico, metas verificables y mecanismos de seguimiento. El documento adopta la lógica de un gobierno que ejecuta, mide y corrige, con un tablero público de metas administrado por el DNP fortalecido con analítica e inteligencia artificial y un Puesto de Mando Unificado presidencial 24/7 para los sectores críticos.

La estrategia de seguridad apunta al fortalecimiento integral de la Fuerza Pública con una inversión de $20 billones durante el cuatrienio, buscando alcanzar niveles cercanos al 4 % del PIB. El denominado Plan 30-30 proyecta incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías, consolidando un pie de fuerza de aproximadamente 530.000 personas. A eso se agrega inversión en drones de última generación, ciberinteligencia y asfixia financiera a estructuras ilegales mediante extinción de dominio exprés.

En zonas con cultivos ilícitos industriales, se contempla reactivar la fumigación sin afectar salud ni ecosistemas, acompañada de sustitución que haga la legalidad más rentable que el crimen. El sistema judicial ocupa un eje prioritario: see propone crear 100 juzgados especializados bajo el modelo «una familia, un solo juez» para víctimas de violencia intrafamiliar; instalar juzgados itinerantes de respuesta rápida; construir 50 nuevas casas de justicia; implementar brigadas móviles mensuales en corregimientos sin presencia judicial permanente; y reducir el índice de congestión del 48,2 % al 0 % mediante inteligencia artificial.

En esa misma línea, la infraestructura penitenciaria contempla 22.000 nuevos cupos penitenciarios y 19.000 carcelarios, con trabajo obligatorio, resocialización y un modelo de penitenciarías agropecuarias que convierta la pena en oportunidad de cambio.

El frente sanitario concentra su diagnóstico en fallas operativas que afectaron a más de un millón de reclamantes en el primer semestre de 2025 y acumularon una cartera hospitalaria de $24 billones. La respuesta parte de un Puesto de Mando Unificado 24/7 en Presidencia que articula a todas las entidades del sistema, incluyendo alcaldías y gobernaciones. La meta para los primeros cien días es resolver 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos.

La administración Valencia proyecta o planea una inyección total al sistema es de 9 billones: 3 para garantizar suministro oportuno de medicamentos — con prioridad en zonas de difícil acceso — y 6 para el pago de deudas acumuladas a clínicas, hospitales y EPS.

Repasando la agenda energética, la cual parte del diagnóstico de una crisis producida por la caída de la inversión exploratoria de USD 1.290 millones en 2022 a USD 740 millones en 2025 y la pérdida de autosuficiencia en diciembre de 2024. La propuesta contempla reactivar la explotación de combustibles fósiles e impulsar el fracking; alcanzar producción de petróleo de un millón de barriles diarios; garantizar la exploración de gas costa adentro y costa afuera; impulsar nuevos proyectos hidroeléctricos y energías alternativas no convencionales — eólica, solar, biomasa, geotérmica, hidrógeno y nuclear —; optimizar los recursos energéticos para posicionar a Colombia en la revolución de la inteligencia artificial mediante centros de datos de bajo costo; y pagar las deudas con generadores en los primeros tres meses de gobierno.

También, propone una recuperación de la confianza inversionista articula el componente económico. Se proyecta un crecimiento del 5 % anual del PIB, con inversión de al menos el 25 % del PIB y atracción de mínimo USD 2.000 millones anuales en nueva inversión extranjera directa. La estrategia fiscal reduce el déficit en $50 billones sin afectar bienes y servicios del Estado, simplifica el estatuto tributario, elimina el impuesto al patrimonio y reduce el impuesto de renta empresarial.

Yendo más allá, plantea una Diplomacia Comercial de Resultados transforma el rol de las misiones diplomáticas: los embajadores actuarían como agentes comerciales activos, con prioridad en la venta de productos nacionales en mercados internacionales.

La política anticorrupción combina prevención, trazabilidad y castigo. Se establece línea roja absoluta en nombramiento de funcionarios condenados por corrupción o dineros ilegales; se crea la figura del guardián de integridad en entidades públicas, elegido por los propios funcionarios; se implementa contratación pública en vitrina mediante blockchain con control ciudadano en tiempo real a través de API abierta; y se desarrollan herramientas de analítica de datos para identificar riesgos — cambios de última hora, fraccionamientos — con alertas tempranas. La presidenta recibiría denuncias en correo personal con compromiso de seguimiento directo.

Y en lo que se conoce como el componente social, articula educación, cuidado, adulto mayor y medio ambiente. La Ruta 3E — estudiar, emplearse o emprender — busca que ningún joven quede sin avanzar; el ICETEX reformado pagaría solo cuando haya empleo y según el salario percibido; bajo esa premisa, un millón de jóvenes se formarían en inteligencia artificial y habilidades digitales con cursos gratuitos e internet incluido. En ese contexto, la Cédula del Hogar usaría el Registro Universal de Ingresos para focalizar apoyos y reducir la pobreza multidimensional del 12,7 % al 7 %.

Finalmente, el componente ambiental proyecta restaurar un millón de hectáreas, aumentar la bioeconomía del 0,8 % al 2 % del PIB y restaurar un millón de corales en los dos océanos.

Cepeda y la continuidad de ‘Colombia Humana’

El plan de gobierno de Iván Cepeda Castro plantea una profundización de las reformas iniciadas en el período 2022-2026, bajo la premisa de que los cambios recientes no han sido suficientes para modificar las estructuras de desigualdad que persisten en el sistema económico, el modelo de seguridad y la distribución territorial del poder institucional.

En materia de corrupción, la propuesta introduce el concepto de macrocorrupción para describir redes que articulan actores del sector público, el sector privado, el sistema político y, en algunos casos, economías ilegales. Para hacerles frente, plantea un sistema nacional anticorrupción con tres componentes: prevención institucional, investigación especializada y participación ciudadana con acceso a información pública en tiempo real y protección efectiva al denunciante.

La política de seguridad se reorienta hacia el concepto de seguridad humana, desplazando el foco de la coerción hacia la protección integral de comunidades. La violencia se vincula a factores estructurales como la pobreza, la exclusión social y la ausencia del Estado, y se propone atenderlos mediante desarrollo territorial, presencia institucional en zonas históricamente marginadas y alternativas productivas para poblaciones ligadas a economías ilícitas.

El componente agrario ocupa un lugar central. Se propone redistribuir tierras, fortalecer la economía campesina mediante crédito y asistencia técnica, y garantizar el acceso al agua como eje de la política rural. Los derechos territoriales de comunidades étnicas se incorporan como elemento transversal de toda la política de tierras. En el ámbito social, las propuestas en salud, trabajo y pensiones parten de concebir la garantía de derechos como obligación del Estado, en este proyecto político, el modelo de salud prioriza la prestación pública y la atención primaria, reduce la intermediación financiera privada y amplía coberturas de seguridad social a trabajadores del sector rural y de la economía del cuidado. En pensiones, la apuesta apunta a universalizar la cobertura para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La participación ciudadana atraviesa toda la agenda: se contemplan mecanismos de deliberación pública en decisiones de política económica y territorial, control social sobre la ejecución presupuestal y reconocimiento formal de organizaciones comunitarias como interlocutores del Estado, con el propósito de reemplazar un modelo de gestión tecnocrática por uno que incorpore el conocimiento y las demandas de los territorios.

En la dimensión política, la hoja de ruta contempla ampliar la democracia más allá del ciclo electoral mediante consultas populares en decisiones de impacto territorial, mayores garantías para la oposición, fortalecimiento de la independencia judicial y límites a la influencia del dinero privado en las campañas. En política exterior, apuesta por la multilateralidad, la soberanía sobre los recursos naturales y la integración regional bajo principios de no injerencia.

Finalmente, la agenda rechaza la dependencia del modelo extractivista y propone una transición energética gradual hacia fuentes renovables, con cierre progresivo de la brecha de acceso a energía en zonas rurales y periurbanas. La economía productiva se proyecta desde la diversificación sectorial —agroindustria, economía digital, bioeconomía y turismo sostenible—, con intervención estatal orientada a corregir fallas de mercado y generar condiciones de competencia para medianas y pequeñas empresas.

Convergencias diagnósticas y divergencias programáticas

El análisis comparado de los tres programas revela una coincidencia de partida: todos reconocen los mismos problemas estructurales. Seguridad, corrupción, salud y economía aparecen como ejes recurrentes, evidenciando un diagnóstico compartido sobre los principales desafíos del país. Sin embargo, los parecidos se detienen allí. Al examinar soluciones, instrumentos y prioridades, las diferencias se vuelven sustanciales y reflejan concepciones distintas sobre la naturaleza de los problemas y el rol del Estado en su resolución.

Las propuestas de seguridad ilustran esa divergencia con claridad. Por un lado, los programas de De la Espriella y Valencia proponen confrontación directa mediante fortalecimiento militar y policial, fumigación aérea, extinción de dominio exprés y descarte absoluto de negociación con grupos armados. Por otro, el programa de Cepeda desplaza el eje hacia la seguridad humana, integrando factores sociales como causas de la violencia y privilegiando el desarrollo territorial sobre la respuesta coercitiva. Esas lecturas distintas producen diseños institucionales incompatibles.

Frente a la corrupción emergen dos aproximaciones diferenciadas. La primera — presente en los programas de De la Espriella y Valencia — enfatiza control, sanción e instrumentos tecnológicos de trazabilidad: blockchain, inteligencia financiera, extinción de dominio, fiscales especializados y bloques de búsqueda dirigidos desde la Presidencia. La segunda — presente en el programa de Cepeda — reencuadra el fenómeno como macrocorrupción sistémica y propone intervención que combine investigación con participación ciudadana y reforma de las condiciones estructurales que la reproducen.

El debate económico gira alrededor del rol del Estado y del tamaño del sector público. Los programas de De la Espriella y Valencia priorizan reducción del gasto, liberalización regulatoria, seguridad jurídica para la inversión privada y ajuste fiscal como condición para recuperar confianza inversionista. El programa de Cepeda, en cambio, enfatiza redistribución, intervención pública en sectores estratégicos y transición hacia una economía diversificada que reduzca la dependencia del modelo extractivista. De esas posiciones se desprenden estrategias fiscales, tributarias y productivas radicalmente diferenciadas.

La política de salud presenta un patrón similar. Los tres programas reconocen fallas operativas graves en el sistema — atenciones represadas, cartera hospitalaria impagada, déficit de medicamentos, barreras de acceso — y proponen planes de choque de corto plazo. Las diferencias aparecen, no obstante, al definir el modelo de largo plazo: Valencia recupera el sistema mixto con participación de actores públicos y privados; De la Espriella prioriza eficiencia administrativa y tecnología; Cepeda orienta la intervención hacia un modelo que reduce el papel de la intermediación financiera privada y refuerza la prestación pública directa.

El componente territorial y agrario muestra divergencias en el diagnóstico de causas. Valencia y De la Espriella conciben la ausencia estatal en el campo principalmente como problema de seguridad, conectividad e infraestructura productiva, con formalización de tierras y crédito como instrumentos centrales. Cepeda incorpora, adicionalmente, una lectura de la estructura de tenencia como problema político que requiere redistribución activa. Esa diferencia define no solo los instrumentos — formalización versus redistribución — sino también los sujetos privilegiados de la política rural.

Een lo que respecta al plano institucional reproduce los contrastes. Los programas de De la Espriella y Valencia privilegian estabilidad normativa: la Constitución de 1991 se presenta como marco inamovible y se rechazan cambios que alteren la arquitectura institucional vigente. Ambos proponen además reformas al Estado orientadas a reducir su tamaño, eliminar burocracia redundante y mejorar eficiencia operativa. El programa de Cepeda, por su parte, plantea ampliar mecanismos de participación política y deliberación ciudadana, lo que implica una concepción distinta de gobernabilidad y de la relación entre instituciones y sociedad.

Vista en perspectiva, la coincidencia entre los tres programas se ubica en el diagnóstico; la divergencia, en los instrumentos y en la teoría del cambio que cada propuesta asume. De la Espriella apuesta por restaurar un orden quebrado mediante autoridad y disciplina institucional. Valencia propone estabilizar un sistema en crisis mediante gestión técnica basada en evidencia y metas verificables. Cepeda busca profundizar transformaciones estructurales que considera inconclusas.

Así, la disputa electoral del 31 de mayo se define, en último término, como una elección entre modelos de Estado y no simplemente como una preferencia entre candidatos.