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Política Parroquial

La valla de la infamia: Cuando la soberanía es un eufemismo

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Por: Víctor Rodríguez Fajardo

A cien metros de la civilización teórica, allí donde el asfalto se rinde ante el polvo de la desidia estatal, una valla impresa con tipografía técnica y señalética casi institucional nos da la bienvenida a la otra Colombia. «Puesto de Control FARC-EP». No es un grafiti apresurado en un muro; es un anuncio formal, una pieza de infraestructura de un Estado paralelo que no pide permiso porque, en la práctica, ya es el dueño del lugar.

La imagen es un bofetón de realismo frente al narcótico semántico que nos han recetado en la última década. El uso del término «disidencias» es, quizás, el eufemismo más exitoso y dañino de nuestra historia reciente. Nos vendieron la idea de que el tronco principal del conflicto había sido talado y que lo que hoy vemos son solo «ramas secas» o «residuos». Pero la realidad que grita ese letrero en Jamundí es otra: las FARC, como estructura narcotraficante y terrorista, nunca se fueron. Cambiaron la cúpula, refrescaron los rostros en las fotos, pero la gobernanza del fusil y la economía de la coca siguen intactas.

Hemos vivido bajo una narrativa de exportación. Primero, con un proceso de paz diseñado para proyectar la imagen de un estadista ante la comunidad internacional, canjeando soberanía territorial por un Premio Nobel que hoy luce lejano frente a la violencia en el Cauca. Ahora, asistimos a la persistencia de ese relato bajo el rótulo de «Paz Total», una etiqueta que parece más un escudo para evitar el juicio de la historia que una estrategia real de pacificación. El resultado es el mismo: un vacío de autoridad legal que es llenado, por pura física de poder, por quienes imponen la ley del más fuerte.

La descentralización, ese sueño democrático de autonomía regional, se ha convertido en la herramienta perfecta para la captura del Estado. En territorios donde el grupo armado pone la valla en la carretera, la democracia es una ficción. No gana quien el pueblo elige, sino quien el fusil autoriza. La «legalidad de los ilegales» es hoy una realidad donde alcaldías y presupuestos terminan siendo oficinas de despacho de la narcoguerrilla, repitiendo la trágica historia de la parapolítica pero con brazaletes diferentes.

La historia de Colombia es terca y nos ha enseñado una lección que hoy parecemos querer olvidar: la paz no es un acto de buena fe entre caballeros. Ningún grupo violento que controla rutas, minería y vidas humanas ha dejado las armas por una epifanía moral. La cúpula de las FARC se sentó en La Habana solo cuando el Estado los golpeó donde más les dolía, cuando sus líderes cayeron y su invulnerabilidad se hizo trizas bajo la presión militar. El sometimiento del territorio por las vías legales es la única vía.

Recuperar el control no es un problema de falta de leyes o de recursos; es una cuestión de voluntad política del Ejecutivo. Mientras el Estado siga enviando diplomáticos donde debería enviar autoridad, y mientras siga discutiendo terminología en Bogotá mientras las vallas de las FARC (o del ELN) se multiplican en las regiones, seguiremos siendo un país de papel. La soberanía no se firma en un acuerdo; se ejerce en cada kilómetro de carretera. Y hoy, la valla nos dice que el Estado ha claudicado.