Cauca: cuando el Estado deja de arbitrar los conflictos ancestrales

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Colombia tiene una habilidad particular para no ver lo que no quiere ver. Durante décadas construyó un relato cómodo sobre sus pueblos indígenas: un bloque uniforme, siempre unido, siempre víctima del mismo enemigo externo. Ese relato es una mentira piadosa. Y el Cauca la desmiente con sangre.

Lo que ocurre en Silvia no es un incidente de orden público ni una disputa administrativa sobre hectáreas. Es la expresión más brutal de una fractura que lleva años acumulándose: dos comunidades indígenas, una asimetría de poder enorme entre ellas, y un Estado que ha dejado de ser percibido como árbitro neutral. El resultado: al menos seis muertos, más de cien heridos y una comunidad, la Misak, que siente que está perdiendo no solo tierra, sino la posibilidad de seguir existiendo como pueblo.

Eso no es retórica. Es una categoría jurídica reconocida internacionalmente.

La historia romántica se acabó

Hay que decirlo sin rodeos: la imagen de una América prehispánica idílica, pacífica y homogénea, alterada únicamente por la brutalidad de los invasores españoles, es una construcción ideológica. Cómoda, pero falsa. Entre los pueblos originarios también hubo jerarquías, dominios y disputas por territorio y poder. Lo que ocurre hoy en el Cauca no es una anomalía introducida por la modernidad: es la continuación de tensiones que preexisten a la República, a la Colonia y a cualquier proyecto político contemporáneo.

Lo verdaderamente absurdo no es que esas tensiones existan. Lo absurdo es que un gobierno que denuncia la conquista española como genocidio y reivindica la memoria de los pueblos originarios termine resolviendo un conflicto ancestral mediante una lectura de títulos coloniales que una de las partes percibe como sesgada. Si el instrumento para definir quién tiene derecho sobre una tierra es un documento del siglo XVII, la crítica al colonialismo queda reducida a un discurso de ocasión.

Dos nombres que el país no puede ignorar

Jesús Antonio Montaño fue asesinado en 2022. Era líder Misak. Había denunciado públicamente presiones de disidencias de las FARC para votar por Gustavo Petro, y apoyaba abiertamente la candidatura de Federico Gutiérrez. Días después de hacer pública esa posición, fue asesinado, según reportaron medios nacionales e internacionales en su momento.

Luis Enrique Tunubalá era taita, autoridad tradicional y líder Misak de Silvia. Murió en los enfrentamientos más recientes entre su comunidad y sectores del pueblo Nasa, en medio de una disputa territorial que el Estado no logró contener a tiempo, pese a las alertas previas.

La coincidencia no prueba una cadena. Pero tampoco puede ignorarse.

Dos líderes Misak. Dos contextos distintos. El mismo patrón de fondo: una comunidad que pierde a sus voces más visibles en coyunturas marcadas por presión política y disputa territorial. No hace falta construir una teoría conspirativa para entender el efecto acumulado de esas muertes. Basta con escuchar lo que los Misak dicen: cada vez que cae una autoridad, la comunidad queda más sola, más expuesta y con menos capacidad de defenderse.

Para un pueblo pequeño, perder a sus líderes no es solo un duelo. Es un debilitamiento político, moral y organizativo que puede volverse irreversible.

La asimetría que el Estado no puede fingir que no ve

El pueblo Nasa tiene una estructura organizativa que pocas comunidades en Colombia pueden igualar. El CRIC tiene décadas de historia, músculo territorial, capacidad de movilización nacional e interlocución directa con el poder central. Esa fortaleza es legítima. Nadie la discute.

Pero cuando esa fortaleza se enfrenta a una comunidad más pequeña, con menor peso demográfico y menos herramientas de presión institucional, el equilibrio del conflicto depende casi enteramente de la imparcialidad del Estado. Y ahí está el problema.

Sectores Misak cuestionan que algunas resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras, sustentadas en interpretaciones históricas sobre títulos coloniales y límites ancestrales, estén inclinando la balanza hacia el actor con mayor capacidad de incidencia política. Esa denuncia no exige una prueba de conspiración para ser políticamente relevante. Basta con que la percepción de parcialidad se instale para que la confianza en la institucionalidad se rompa. Y cuando eso ocurre en el Cauca, las consecuencias no se quedan en los expedientes.

El mapa político que nadie quiere dibujar

Aquí está la incomodidad más grande. Y hay que nombrarla.

Un proyecto político que llegó al poder cuestionando el despojo histórico, que habla de reparación a los pueblos originarios y que denuncia el genocidio de la conquista española queda bajo una exigencia de coherencia que no puede eludir: tiene que demostrar imparcialidad cuando arbitra un conflicto indígena real, concreto y desigual. No alcanza con la retórica del pasado. Hay que demostrar equidad en el presente.

Y en ese punto aparece una secuencia que los Misakobservan con inquietud creciente. Iván Cepeda, candidato que encarna la continuidad del proyecto de gobierno, lleva como fórmula vicepresidencial a Aída Quilcué, lideresa nasa y figura emblemática del CRIC, la misma organización que representa al pueblo en conflicto directo con los Misak.

Ese dato, por sí solo, no prueba favoritismo. Pero entra en un cuadro que ya tiene demasiados elementos incómodos: un líder Misak asesinado tras oponerse públicamente al proyecto político hoy en el poder; otro liderazgo Misakmuerto en el conflicto territorial más reciente; resoluciones de la ANT percibidas como favorables al pueblo Nasa; y ahora una fórmula presidencial que pone a una figura central del CRIC a un paso de la Vicepresidencia.

No es una ecuación de culpa. Es una acumulación de señales que, para los Misak, dibuja un escenario de indefensión política casi total.

Y cuando una comunidad llega a esa conclusión, ya no confía en las instituciones. Ya no espera que la ley la proteja. Y en el Cauca, ese tipo de desesperanza tiene consecuencias que la historia ya demostró demasiadas veces.

La Guardia Indígena y el problema de la fuerza

La Guardia Indígena tiene un reconocimiento legítimo como mecanismo de protección comunitaria y defensa territorial. Ese reconocimiento merece respeto.

Pero en un conflicto tan cargado de desconfianza, también han surgido lecturas críticas que no pueden descartarse. Movilizaciones masivas, bloqueos, choques en vías públicas y demostraciones de fuerza han generado en distintos sectores la percepción de una estructura con capacidad de presión política que, en determinadas circunstancias, puede desbordar su función original.

Para unos, la Guardia es resistencia. Para otros, es coerción. Ese choque de narrativas no es un detalle menor: es uno de los nudos más difíciles del conflicto caucano. Y en un escenario donde la confianza institucional ya está rota, esa ambigüedad no ayuda a nadie.

Cuando el árbitro se inclina, el débil paga

El problema mayor no es el conflicto entre comunidades. Tampoco es la discusión sobre la Guardia. El problema mayor es que el Estado ha dejado de ser percibido como un tercero confiable. Y cuando eso ocurre, la política deja de ser un espacio de solución y se convierte en una lucha de fuerzas.

Colombia ya sabe lo que pasa cuando los conflictos de tierra dejan de resolverse en los expedientes y empiezan a resolverse en la calle, en los bloqueos o bajo la sombra de actores armados. El Cauca lo sabe mejor que nadie.

Silvia es una advertencia. No solo para el departamento, sino para el país entero.

Porque si las instituciones no construyen mecanismos reales de equilibrio entre pueblos con capacidades profundamente desiguales de poder territorial y político, Colombia podría estar incubando un conflicto étnico de nuevo tipo: uno en el que las minorías no teman solo a las amenazas externas, sino también a la incapacidad del propio sistema para protegerlas con imparcialidad.

Y cuando la política de tierras se percibe sesgada, cuando la credibilidad institucional se erosiona, cuando los líderes caen y cuando la presión sustituye a la ley, las comunidades más pequeñas terminan pagando el precio más alto.

No el de perder un pleito.

El de empezar a desaparecer.

Este texto es una columna de opinión. Las referencias a actuaciones institucionales y percepciones políticas recogen denuncias y posiciones de sectores Misak, y no constituyen imputaciones de responsabilidad jurídica sobre personas o entidades.