El Estado como maquinaria electoral

Suspensiones de embajadores e investigaciones en curso muestran la magnitud del problema, esa instrumentalización del Estado no solo viola la neutralidad constitucional, sino que se convierte en un arma de doble filo: aleja a los cinco millones de votos del centro y los indecisos que necesita Cepeda.

Por: José D. Pacheco Martínez

En el gobierno nacional parece haberse instalado una presión creciente sobre la estructura estatal. Muchos funcionarios perciben que su estabilidad, su influencia burocrática e incluso su futuro profesional están atados a la suerte electoral del proyecto político que hoy ocupa la Casa de Nariño. La preocupación ya no es únicamente gobernar o ejecutar políticas públicas, sino garantizar la continuidad del poder. Cuando esa lógica se impone, la frontera entre administración y campaña comienza a desdibujarse peligrosamente.

La neutralidad del Estado no es un formalismo jurídico ni una exigencia burocrática menor. Es uno de los pilares que sostienen la legitimidad democrática. La Constitución y la ley establecen límites precisos para impedir que los recursos públicos, los cargos oficiales y la autoridad institucional sean utilizados para favorecer candidatos o movimientos políticos. Sin esa neutralidad, la competencia electoral deja de desarrollarse en condiciones de igualdad.

Los hechos recientes son suficientemente preocupantes. La Procuraduría ha tenido que intervenir en varias ocasiones para investigar o sancionar conductas que, al menos en apariencia, comprometen ese deber de imparcialidad. El embajador en Brasil, Alfredo Saade, fue suspendido provisionalmente tras realizar pronunciamientos públicos en favor de la candidatura de Iván Cepeda y plantear que el presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti debían asumir un papel más activo en la campaña. De igual manera, la embajadora en Haití, Vilma Velásquez Uribe y el director de Unidad Nacional para la Gestiòn del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, fueron objeto de las mismas medidas disciplinarias  por actuaciones similares.

A ello se suman las investigaciones que involucran al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por declaraciones interpretadas como respaldo electoral explícito, así como las controversias generadas por el propio presidente Petro cuando se presentó públicamente como jefe de debate de Cepeda. Independientemente de la valoración política que cada ciudadano haga de estos hechos, el mensaje que reciben numerosos funcionarios es inquietante: la actividad electoral parece estar ocupando un lugar cada vez más importante dentro de las prioridades institucionales.

No se trata simplemente de episodios aislados ni de excesos retóricos producto del entusiasmo político. Lo preocupante es la impresión de que embajadas, ministerios y entidades públicas comienzan a ser percibidos como extensiones de una estrategia electoral. Cuando esa percepción se instala en la opinión pública, el daño institucional ya está hecho, aun antes de que concluyan las investigaciones o se produzcan decisiones definitivas.

Esta dinámica coloca a muchos servidores públicos frente a una disyuntiva incómoda: por un lado, conocen las obligaciones legales derivadas de su cargo, y por el otro, sienten que existe una expectativa política de compromiso con determinados objetivos electorales. Esa tensión termina deteriorando el clima interno de las instituciones, incrementa los riesgos disciplinarios y erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad del Estado.

Sin embargo, existe una realidad que los estrategas electorales suelen olvidar, y es que la presión burocrática no necesariamente se traduce en votos. El funcionario que asiste a reuniones obligatorias, que permanece en grupos de WhatsApp donde circulan mensajes políticos o que escucha llamados velados a respaldar una candidatura puede estar actuando por simple prudencia laboral. Pero la verdadera decisión ocurre en otro escenario: el cubículo electoral.

Allí desaparecen los superiores jerárquicos, los operadores políticos y los coordinadores de campaña. Allí el voto recupera su condición secreta y el ciudadano vuelve a ser plenamente libre. La historia electoral colombiana está llena de ejemplos que demuestran que la obediencia administrativa no siempre se convierte en obediencia política, porque el funcionario puede aparentar disciplina frente a sus superiores, pero el elector se libera en las urnas.

Esa es precisamente la razón por la cual la instrumentalización del Estado suele convertirse en un arma de doble filo. Lo que busca generar adhesión puede terminar produciendo rechazo. Los ciudadanos de centro, los independientes y los votantes menos ideologizados suelen valorar la estabilidad institucional, el respeto por las reglas y la separación entre gobierno y campaña. Cuando perciben que esas fronteras se difuminan, la reacción frecuente no es el respaldo, sino la desconfianza.

A este escenario se suma otro factor que el oficialismo parece subestimar. La creciente campaña digital que llama a las ‘filas’ y pide a gritos la participación de Roy Barreras y Armando Benedetti en la estrategia política de la candidatura de Iván Cepeda no necesariamente fortalece su imagen ante los sectores moderados. Ambos poseen amplia experiencia electoral y una indudable capacidad de operación política, pero también arrastran controversias que han acompañado buena parte de su trayectoria pública.

Para una parte significativa del electorado de centro y hasta de izquierda, sus nombres evocan precisamente las prácticas que durante años alimentaron el desencanto ciudadano con la política tradicional. Y la memoria política suele ser más persistente de lo que muchos estrategas creen. No puede olvidarse que, tras la campaña presidencial de 2022, surgieron fuertes cuestionamientos relacionados con la financiación electoral. En ese contexto, la revista Semana divulgó audios atribuidos a Armando Benedetti en los que se hacía referencia a presuntos aportes millonarios y a posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña.

Más allá de las conclusiones jurídicas que cada investigación haya producido o pueda producir en el futuro, aquellas revelaciones dejaron una huella profunda en la opinión pública. Por eso resulta contradictorio que una campaña que necesita conquistar millones de votos adicionales entre ciudadanos moderados termine proyectando una imagen asociada simultáneamente a presiones burocráticas, activismo institucional y figuras vinculadas a algunas de las controversias electorales más recordadas de los últimos años. En política, las percepciones no son un asunto secundario y con frecuencia terminan definiendo elecciones.

La filosofía democrática parte de una premisa elemental: las instituciones pertenecen a todos los ciudadanos y no a quienes circunstancialmente ejercen el poder. Cuando se utilizan cargos públicos, recursos estatales o estructuras gubernamentales para favorecer una candidatura específica, se rompe ese pacto básico de confianza que sostiene la convivencia democrática. Quienes hoy sienten la presión de “entregar resultados” deberían recordar una verdad tan sencilla como incómoda: saltarse las reglas así sea por Petro y Cepeda, sigue siendo hacer trampa.

Los gobiernos pueden controlar burocracias, repartir instrucciones y organizar reuniones, pero todavía existe un lugar donde el poder encuentra sus límites: la soledad de un ciudadano frente a una urna electoral. Allí, afortunadamente, las órdenes dejan de existir y la conciencia vuelve a tener la última palabra.