Procuraduría abre indagación previa por presuntas irregularidades en la Aerocivil

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa para establecer posibles responsabilidades disciplinarias por una serie de presuntas irregularidades al interior de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).

De acuerdo con el documento, la investigación busca esclarecer hechos relacionados con la presunta vinculación irregular a la entidad de Gabriela Muñoz Olaya, Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.

Asimismo, el Ministerio Público indagará la presunta participación de Gabriela Muñoz Olaya en asuntos ajenos a sus funciones y su posible incidencia en decisiones de alto nivel dentro de la Aerocivil. El expediente también hace referencia a un posible caso de tráfico de influencias en favor de familiares o personas allegadas.

Entre los hechos objeto de revisión figura un contrato que, según el documento, habría sido celebrado inicialmente por cerca de 400 millones de pesos y posteriormente modificado o adicionado hasta alcanzar un valor cercano a 12.000 millones de pesos. La Procuraduría también investigará presuntas irregularidades en la habilitación de días y horarios no laborables para adelantar actuaciones contractuales.

Otro de los aspectos incluidos en la indagación corresponde a la presunta desatención de un requerimiento formulado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien habría solicitado información completa, íntegra y oportuna sobre la gestión contractual de prestación de servicios de la Aerocivil.

Como parte de las pruebas decretadas, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Transporte copia del requerimiento realizado a la Aerocivil y un informe detallado sobre la información que habría sido considerada incompleta o pendiente de entrega. Además, requirió a la Aerocivil remitir certificaciones e información sobre funcionarios que han desempeñado determinados cargos administrativos desde el 1 de enero de 2025.

La apertura de esta indagación previa tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si existen méritos para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal.