RETADOS POR LA DELINCUENCIA

Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza

La criminalidad creciente reta al Estado. Como país atravesamos  una escalada de violencia criminal que no es ya una sucesión de hechos aislados, sino que la encontramos convertida en una amenaza directa contra la seguridad pública, la institucionalidad democrática y la convivencia ciudadana. Los casos de violencia que a diario vivimos ocurrido, no constituyen episodios excepcionales, sino que perecieran eslabones de una cadena de acciones delincuenciales con características variopintas que se extiende con inquietante frecuencia por todo el territorio patrio.

Los números hablan por sí solos y deberían encender todas las alertas y todas las alarmas. No se trata únicamente de un incremento estadístico, sino de la consolidación de fenómenos que evidencian la capacidad operativa de organizaciones criminales, la circulación de armas, la profesionalización del sicariato y, lo más preocupante, la creciente sensación de que estos grupos actúan con una audacia incompatible con la presencia efectiva del Estado, que pareciera a propósito.

Se habla de indicios que esta ola criminal responde, al menos en parte, a la disputa por espacios de poder, ya que cuando un liderazgo criminal desaparece de escena, las estructuras ilegales no desaparecen con él; sino que por el contrario se fragmentan y abren pugnas violentas por el control de rutas, territorios, contactos, mercados y no podemos convertirnos bajo ningún punto de vista en el escenario donde esas disputas se resuelvan a sangre y fuego  de la manera más atroz.

Tarea de la nueva administración será reducir la problemática en todas sus áreas y niveles, para que la expansión del crimen organizado no siga avanzando ni encontrando terrenos fértiles en las debilidades institucionales permisivas acumuladas durante años como sistemas de inteligencia insuficientes, investigaciones que avanzan con lentitud, escasa coordinación entre organismos de seguridad y justicia, y una preocupante percepción de impunidad. Cada día y cada vez más los actos delincuenciales de toda laya queda sin esclarecer, fortaleciendo el mensaje que delinquir paga y hasta puede no tener consecuencias, lo que se convierte en un letal combustible de la criminalidad.

Enfrentamos como país por nuestra condición principal de frontera estratégica una presión criminal particularmente intensa. Precisamente por ello requerimos una respuesta extraordinaria. No bastan operativos esporádicos ni declaraciones de ocasión. Es indispensable una estrategia integral que fortalezca la inteligencia estratégica, profundice la cooperación internacional, ataque las estructuras financieras de los criminales y garantice investigaciones rápidas, independientes y eficaces.

Necesitamos como país recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y demostrar que ninguna organización criminal está por encima de la ley. La ciudadanía no puede acostumbrarse a leer cada semana sobre muchas y más acciones delictivas como si fueran parte inevitable del diario vivir. La normalización de la criminalidad constituye una derrota colectiva y un triunfo para quienes pretenden imponer el miedo como mecanismo de control.

Colombia aún está a tiempo de impedir esta clase de actuaciones, de ponerle coto, de aplicar la mano firme del estado, la fuerza de la democracia, No más dejar que los criminales consoliden como lo vienen haciendo, un poder paralelo. El tiempo apremia.  Cada nuevo acto al margen de la ley, ejecución, bloqueo, investigación inconclusa y respuesta insuficiente acercan al país a un escenario donde la violencia deja de ser una excepción para convertirse en una forma habitual de resolver disputas. Esa es una frontera que una democracia no puede permitirse cruzar jamás ni nunca; de ahí que aspiramos y esperamos los colombianos que real y verdaderamente cesen incertidumbres, miedos, temores, angustias y sea enrutada la patria por los caminos mejores que nos llevan a las instancias propias de la verdadera patria milagro que debemos ser.