El que nunca cayó

Por: Víctor Rodriguez Fajardo, El Man del Sombrero

En el Magdalena, la violencia siempre apuntó hacia el mismo lado. Siempre perdonó la misma esquina.

En la historia del poder en el Magdalena, la estadística no es un juego de azar; es un juez silencioso, pero implacable. Cuando se examina la línea de tiempo que va desde la crisis de la Universidad del Magdalena de finales de los noventa hasta los titulares de hoy, la violencia, la amenaza y el asedio dibujan una secuencia que ninguna narrativa oficialista ha logrado explicar sin tropezar con la lógica.

Una secuencia no es una sentencia. La estadística no reemplaza la prueba. Pero cuando la casualidad lleva treinta años haciendo horas extras, el periodismo tiene el deber de preguntar.

Hagamos el recuento de quienes no se sometieron.

Antes de los cadáveres ya había renuncias rodeadas de miedo. Según lo expuesto por Iván Cepeda ante el Congreso, Zully David Hoyos dejó la rectoría de la Universidad del Magdalena en 1996 después de un intento de homicidio. Tras su salida, Carlos Caicedo fue designado rector encargado.

En abril de 1997 llegó Alfredo Correa de Andreis, un académico respaldado por amplios sectores universitarios. Su paso duró cerca de dos meses. Los registros y testimonios de aquella época sitúan su salida en un ambiente de presiones y medidas drásticas que chocaban con su vocación de concertación. Después de su renuncia, Caicedo regresó a la rectoría.

Siete años más tarde, ya lejos de la dirección de la Universidad, Alfredo Correa fue víctima de un montaje judicial del DAS y luego asesinado como resultado de una alianza criminal entre agentes de ese organismo y estructuras paramilitares. Por esos hechos hubo condenas y el Estado colombiano pidió perdón públicamente.

Su homicidio no puede vincularse, sin pruebas, con su breve rectoría ni con una persona determinada dentro de la Universidad. Hacerlo sería irresponsable. Borrar su nombre de esta historia también.

Después vino la sangre.

Margarita Guerra rompe su silencio y denuncia amenazas, presiones y ataques durante su gobierno

En 2000 fue asesinado Hugo Elías Maduro. En 2001, Julio Alberto Otero. En 2002, Roque Alfonso Morelli. La participación paramilitar en esos crímenes no es una invención de columna ni un chisme de esquina: hubo confesiones y condenas.

Cada homicidio tiene su propio expediente, sus responsables y su recorrido judicial. Fundirlos todos en una sola mano, sin pruebas, sería faltar a la verdad. Presentarlos como anécdotas desconectadas de una misma época también.

Y la amenaza no terminó con los entierros.

En agosto de 2008, Juan Carlos Dib Diazgranados renunció a la rectoría porque no soportó más las amenazas contra su vida y la de sus familiares. Otra vez el miedo resolviendo lo que la institucionalidad era incapaz de proteger. Unos murieron, otros se fueron y muchos aprendieron que, en ciertas esquinas del Magdalena, hablar duro puede salir demasiado caro.

En medio de ese campo minado hubo un nombre que permaneció: Carlos Caicedo.

Decir que nunca cayó no significa que nunca haya sido perseguido, detenido, investigado o atacado. Significa algo más preciso: sobrevivió física y políticamente, dirigió la Universidad hasta 2006 y convirtió aquella experiencia en la base de un proyecto que después conquistó la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y varios periodos de poder territorial.

Pero aquí hay una frontera jurídica que debe quedar escrita con tinta gruesa.

En 2023 quedó en firme la preclusión de la investigación contra Caicedo por los homicidios de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli, así como por concierto para delinquir. La decisión concluyó que no existían indicios que lo vincularan con esos crímenes y cerró el caso.

Esa determinación debe respetarse. Nada en esta columna afirma que Carlos Caicedo haya ordenado aquellos asesinatos ni que sea responsable penalmente de ellos.

Una preclusión cierra una imputación penal. No deroga el derecho a examinar políticamente una época.

La pregunta, entonces, no es si la supervivencia convierte a alguien en victimario. No lo hace. La pregunta es por qué tantos actores de un mismo escenario institucional terminaron asesinados, amenazados, desplazados o fuera del camino, mientras uno de sus protagonistas logró permanecer, crecer y convertir su resistencia en poder.

Hoy, sin embargo, el piso judicial sí se le movió.

Un juzgado de Bogotá condenó a Carlos Caicedo en primera instancia a casi diez años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, dentro del proceso relacionado con los puestos de salud de Santa Marta.

La defensa apeló. La sentencia no está ejecutoriada y, mientras no lo esté, Caicedo conserva la presunción de inocencia. Condenado en primera instancia, sí; condenado definitivamente, no. La precisión jurídica es obligatoria. La memoria política también.

Y es justamente en ese momento cuando Margarita Guerra rompe el silencio.

La gobernadora que llegó al Palacio Tayrona con el aval de Fuerza Ciudadana y el respaldo político de Caicedo denunció públicamente haber soportado amenazas, presiones, descalificaciones, insultos y humillaciones. También expresó preocupación por la seguridad de su familia y lanzó una frase que, en el Magdalena, sonó como un portazo:

«El Magdalena no tiene dueño».

No dio nombres. El periodismo no puede ponerlos en su boca ni convertir el contexto en una prueba. Su declaración no demuestra que Caicedo, Fuerza Ciudadana o una persona determinada estén detrás de las amenazas.

Afirmarlo sin evidencia sería irresponsable.

Pero fingir que el pronunciamiento cayó del cielo, sin historia ni entorno político, sería cobardía.

El lugar correcto está entre esos dos extremos: no acusar sin pruebas, pero tampoco callar por conveniencia.

¿Quién amenazó a la gobernadora? ¿Cómo la presionaron? ¿Qué decisiones provocaron los ataques? ¿Por qué tuvo que mencionar la seguridad de su familia? ¿Qué intereses se afectaron cuando decidió corregir, depurar y afirmar que las oficinas y los hospitales no podían continuar convertidos en negocios particulares?

Las respuestas no deben salir de una columna. Deben salir de la Fiscalía, de los organismos de seguridad y de la propia gobernadora.

Tal vez cada episodio tenga causas y responsables distintos. Varios expedientes judiciales así lo demuestran. Pero el poder no se estudia únicamente preguntando quién apretó cada gatillo. También se examina observando quién terminó silenciado, quién tuvo que irse, quién cayó y quién consiguió permanecer de pie cuando todo a su alrededor se desplomaba.

Zully salió después de un intento de homicidio, según la denuncia llevada al Congreso. Alfredo permaneció apenas dos meses y años más tarde fue destruido por una maquinaria criminal entre agentes estatales y paramilitares. Hugo, Julio y Roque fueron asesinados. Juan Carlos Dib renunció por amenazas. Margarita Guerra dice hoy que ha sido amenazada, presionada, insultada y humillada.

Carlos Caicedo, mientras tanto, sobrevivió a la Universidad, a las investigaciones, a las rupturas políticas y a las batallas electorales. Ahora enfrenta una condena de primera instancia que todavía puede ser revocada.

Nada de eso prueba que sea responsable de lo ocurrido a los demás.

Todo eso explica por qué la pregunta sigue viva:

¿Por qué, entre tantos que cayeron, él terminó siendo el que nunca cayó?