Poder & Gobierno
Gobernadora declara calamidad pública por riesgos climáticos en el Magdalena
La medida fue adoptada mediante el Decreto 488 de 2026 y busca fortalecer la capacidad de respuesta del departamento frente a la variabilidad climática, la sequía, la disminución del caudal del río Magdalena y la erosión, entre otros riesgos.
La Gobernación del Magdalena declaró la calamidad pública en el departamento mediante el Decreto 488 de 2026, expedido el pasado 31 de julio, como una medida preventiva ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y otros eventos asociados a la variabilidad climática.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, explicó que la decisión busca anticiparse a posibles emergencias y fortalecer la capacidad institucional para atender las afectaciones que puedan presentarse en los municipios del departamento.
“Mi responsabilidad es estar un paso adelante para prevenir, preparar y fortalecer nuestra capacidad de respuesta, antes de que las dificultades lleguen a nuestras comunidades”, señaló la mandataria a través de su cuenta en X.
Según Guerra, la declaratoria no responde exclusivamente a una emergencia puntual, sino que contempla diferentes escenarios de riesgo que podrían afectar al territorio. Entre ellos se encuentran la sequía, la disminución del caudal del río Magdalena, la erosión costera y fluvial, así como otros fenómenos naturales que puedan generar impactos en las comunidades.
Medida preventiva
La Gobernación indicó que la declaratoria permitirá fortalecer las acciones de prevención, preparación y respuesta frente a eventuales emergencias, con especial atención en los municipios que puedan resultar más vulnerables ante las condiciones climáticas.
La mandataria departamental aseguró que las autoridades continuarán trabajando para anticiparse a los riesgos y proteger a la población.
“En el Magdalena estamos listos y seguimos trabajando por proteger a nuestra gente. La oportuna gestión del riesgo salva vidas”, afirmó Guerra.
Con esta medida, el departamento busca mantener activada su capacidad institucional para responder ante posibles escenarios derivados de la variabilidad climática y reducir el impacto de eventuales emergencias sobre las comunidades y el territorio.
