Poder & Gobierno
DOS AMOTINAMIENTOS DESPUÉS: LA NACIÓN MIRÓ EL HACINAMIENTO DE SANTA MARTA
El viceministro de Política Criminal inspeccionó los centros de detención transitoria. El recorrido confirmó preocupaciones sobre seguridad, salubridad e infraestructura, pero todavía no aparece una solución con cupos, dinero y fechas.
Por Víctor Rodríguez Fajardo
Los centros de detención transitoria de Santa Marta fueron concebidos para estadías cortas, no para convertirse en cárceles improvisadas. Sin embargo, allí permanecen personas durante periodos prolongados, en condiciones que ponen en riesgo a detenidos, custodios y vecinos.
Después de dos amotinamientos, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa recorrió uno de estos espacios junto con el alcalde Carlos Pinedo, funcionarios distritales, Policía, representantes del Inpec y organismos de control.
La inspección revisó seguridad, infraestructura, salubridad y bienestar. También permitió escuchar las inquietudes de las personas privadas de la libertad. El reconocimiento directo es necesario, pero llega cuando el problema ya produjo alteraciones del orden y señales suficientes de agotamiento.
La detención transitoria quedó atrapada entre responsabilidades. El Distrito debe atender condiciones básicas; la Policía custodia instalaciones que no fueron diseñadas para albergar población durante meses; el Inpec enfrenta limitaciones de cupos, y la Nación aparece cuando la crisis se vuelve inocultable.
La visita debe traducirse en información pública. El Inpec dispone de tableros estadísticos sobre capacidad, población y hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, pero el problema examinado en Santa Marta está en centros transitorios bajo otra dinámica de custodia. Por eso el Distrito debe revelar su propio corte: ¿cuál es la capacidad autorizada y cuántas personas se encuentran realmente detenidas? ¿Cuántas tienen orden de traslado? ¿Cuánto tiempo promedio permanecen allí? ¿Qué condiciones existen para alimentación, atención médica, ventilación, visitas y separación de poblaciones?
También deben conocerse las conclusiones sobre los dos amotinamientos: causas, daños, eventuales responsabilidades y medidas adoptadas para evitar una repetición.
La privación de la libertad no suspende la dignidad humana ni elimina la obligación estatal de garantizar condiciones mínimas. Tampoco puede trasladarse el riesgo a policías obligados a administrar una población para la cual no cuentan con instalaciones adecuadas.
El Gobierno nacional y la Alcaldía anunciaron coordinación, pero todavía no comunicaron nuevos cupos, traslados extraordinarios, adecuaciones presupuestadas ni un cronograma de descongestión.
La ciudad ya fue diagnosticada. Ahora necesita una solución que pueda medirse en metros cuadrados recuperados, detenidos trasladados, condiciones sanitarias corregidas y ausencia de nuevos amotinamientos. Volver a recorrer los calabozos dentro de algunos meses para confirmar que siguen igual no sería seguimiento: sería resignación institucional.
