DESALINIZADORAS: DICEN QUE SE DESTRABARON, PERO FALTA MOSTRAR LA LLAVE

Essmar y la Secretaría de Infraestructura aseguran que la gestión del alcalde Carlos Pinedo ante el ministro de Vivienda permitió reactivar el proyecto. Continúan pendientes el soporte escrito, la ruta contractual, el modelo definitivo y el cronograma.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Santa Marta volvió a escuchar una expresión que conoce demasiado bien: ahora sí. Ahora sí avanzaría la solución del agua; ahora sí se habría destrabado el proyecto de desalinización; ahora sí comenzaría la contratación. La diferencia es que esta vez existen recursos anunciados, estudios adelantados y funcionarios que conocen el proyecto desde adentro. Lo que falta es convertir el optimismo en documentos verificables.

El gerente de Essmar, David Millán Orozco, y el secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, participaron en las gestiones encabezadas por el alcalde Carlos Pinedo ante el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán.

Gutiérrez aseguró que el proyecto fue destrabado y que avanzaría rápidamente hacia una nueva etapa de adjudicación. También anticipó una transferencia de recursos para la primera fase, cuyos detalles serían anunciados posteriormente por el alcalde.

Millán no llega nuevo a esta conversación. Antes de asumir la gerencia de Essmar fue asesor del Ministerio de Vivienda y acompañó la estructuración y viabilización de las plantas desalinizadoras. Ese conocimiento puede facilitar la continuidad institucional, pero también aumenta su responsabilidad: conoce los antecedentes, los obstáculos y las promesas.

El Ministerio de Vivienda informó anteriormente que la Nación asignó $786.000 millones para la compra, instalación y operación del sistema. La propuesta divulgada en noviembre de 2025 contemplaba una planta de 600 litros por segundo en Pozos Colorados y otra de 23 litros por segundo para Taganga. Sin embargo, un comunicado anterior de la Superintendencia de Servicios Públicos hablaba de 500 litros por segundo para Santa Marta y 150 para Taganga. Posteriormente apareció una tercera alternativa: concentrar la producción en una sola infraestructura que atendería ambas zonas. La sucesión de capacidades y localizaciones no es un detalle menor; modifica costos, cobertura, redes de conducción y manejo ambiental.

El proyecto también recibió observaciones. La Procuraduría solicitó la suspensión preventiva del procedimiento mientras se examinaban componentes técnicos, jurídicos, financieros y contractuales. Essmar aclaró que no existía una licitación ni una adjudicación, sino una solicitud de ofertas no vinculantes adelantada durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y concluida el 7 de agosto.

Por eso “destrabar” necesita traducción administrativa. ¿Qué obstáculo fue removido? ¿Existe acta o decisión escrita del Ministerio? ¿La Procuraduría levantó o modificó su solicitud preventiva? ¿Siguen disponibles los $786.000 millones y bajo qué vigencia presupuestal? ¿Contratará Essmar, el Fondo Empresarial o el Distrito? ¿Será una planta o serán dos? ¿Producirá 500, 600, 623 o 650 litros por segundo? ¿Dónde estará ubicada, cómo se dispondrá la salmuera, qué consumo energético tendrá y cuánto costará operar cada metro cúbico producido?

Santa Marta no necesita otra promesa líquida. Necesita pliegos, cronograma, financiación asegurada y una obra que produzca agua. La gestión ante el ministro es importante; mostrar la llave que abrió el supuesto candado es indispensable.