CINCO VOTAN MIENTRAS PETRO CHIFLA IGUANA

Por Víctor Rodríguez Fajardo
El Man del Sombrero

La defensa de Álvaro Uribe hizo lo que corresponde a cualquier abogado: buscar el terreno procesal más favorable para su cliente.

El 7 de julio, Jaime Granados solicitó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara promoviera un conflicto de competencias para reclamar la investigación contra Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y otros hechos relacionados con la presunta conformación de estructuras paramilitares en Antioquia.

Uribe niega cualquier responsabilidad y conserva su presunción de inocencia.

Granados sostiene que algunos de los hechos investigados habrían continuado durante la Presidencia de Uribe y que, por esa razón, el expediente debe quedar en manos de la Comisión de Acusación. El abogado llevó su tesis hasta donde debía llevarla.

El 19 de agosto, los representantes Daniel Briceño, Jesús Salim Lorduy y Jonathan Pineda convirtieron la petición en proposición, acompañados por Carlos Cuenca, presidente de la Comisión.

Hasta ahí no había sorpresa: los cercanos a Uribe ayudando a Uribe.

Lo que descuadró el tablero fue que los cinco representantes del Pacto Histórico también levantaran la mano: Jorge Hernán Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro y David Alejandro Toro.

La proposición fue aprobada por unanimidad.

Hablando en plata blanca, el Pacto terminó acompañando una jugada solicitada por el abogado de Uribe para llevar el proceso desde la Fiscalía hasta la Comisión de Acusación, ese cementerio donde los expedientes entran caminando y terminan convertidos en ánimas benditas.

EL CONGELADOR

Álvaro Uribe tiene dos grandes frentes penales. El primero es el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal, en el cual fue condenado en primera instancia y posteriormente absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. El expediente llegó en casación a la Corte Suprema.

El segundo comprende la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y hechos relacionados con la presunta conformación de estructuras paramilitares en Antioquia. Ese es el expediente que Granados pretende trasladar a la Comisión.

Petro tiene su propia montaña de papel, compuesta por más de 200 expedientes, denuncias e indagaciones. Los frentes más relevantes están relacionados con la financiación de su campaña presidencial de 2022 y la presunta participación indebida en política durante su gobierno.

En diciembre de 2025, la Comisión llevó a votación el archivo de 17 expedientes contra Petro y otros 13 relacionados con diferentes aforados, pero el acta que debía dejar parte de lo aprobado en firme quedó pendiente, agregando otra comedia procesal a una institución repleta de papeles sellados y decisiones que nunca terminan de aterrizar.

La Constitución le entregó a la Comisión la responsabilidad de investigar y preparar acusaciones contra presidentes, expresidentes, magistrados de las altas cortes y fiscales generales. Durante el cuatrienio 2022–2026 tramitó centenares de actuaciones, pero en el registro público no aparece una sola acusación aprobada por la plenaria de la Cámara y remitida al Senado.

Cero.

Por algo en la parroquia la llaman Comisión de Absoluciones.

Ahí está la razón del ruido: cinco representantes del Pacto respaldaron una petición nacida en la defensa de Uribe para trasladar su expediente a una instancia que, pese a acumular centenares de actuaciones, no consiguió llevar una sola acusación hasta el Senado durante ese periodo.

Esa misma Comisión guarda los expedientes de Petro, de modo que mientras Uribe necesita definir quién lo investigará, Petro necesita saber quién y cómo decidirá sobre lo suyo. Por caminos distintos, ambos expresidentes terminan llegando al mismo congelador.

TRES FOTOS DEL PETROURIBISMO

Durante años, el Centro Democrático y el Pacto Histórico construyeron su poder presentándose como enemigos irreconciliables. Uribe encarnaba todo aquello que Petro decía combatir y Petro representaba todo lo que el uribismo prometía detener.

Ese antagonismo funciona muy bien en las plazas, aunque en los salones del Congreso ambos sectores hayan descubierto que también pueden entenderse.

La primera fotografía apareció el 20 de julio, cuando el Pacto puso sus votos para elegir presidente del Senado a Honorio Henríquez, dirigente del Centro Democrático y hombre de confianza de Uribe. Henríquez derrotó por 56 votos contra 45 a Alfredo Deluque, candidato respaldado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Petro y Uribe estrenaron juntos el nuevo Congreso derrotando al nuevo presidente.

La segunda fotografía llegó el 13 de agosto, cuando el Senado autorizó a Petro para salir del país durante el año posterior a su mandato. La proposición alternativa fue presentada por el Centro Democrático y aprobada con 73 votos contra 11. El uribismo ayudó a Petro y solamente le exigió informar las fechas y destinos de sus viajes.

La tercera fotografía apareció en la Comisión de Acusación, donde los cinco representantes del Pacto acompañaron una proposición surgida de la defensa de Uribe.

Un favor para Uribe.

Otro para Petro.

Y ahora otra mano para Uribe.

A esa sucesión de coincidencias comenzaron a llamarla petrouribismo.

En público se insultan, se responsabilizan mutuamente de las desgracias nacionales y mantienen entretenidas a sus tribunas con la pelea eterna entre izquierda y derecha. En el Congreso cuentan votos, reparten espacios y descubren que los enemigos también pueden resultar útiles.

El petrouribismo funciona como esos matrimonios de la parroquia que duermen en habitaciones separadas, pelean delante de los vecinos, pero nunca se divorcian porque todavía tienen propiedades por repartir.

Una coincidencia puede ser institucional, dos comienzan a marcar tendencia y tres ya parecen método.

LOS CINCO NO SON RUEDAS SUELTAS

Los integrantes de las comisiones del Congreso no se escogen en una tómbola. Esos puestos se negocian entre bancadas, se distribuyen mediante representación proporcional y responden a decisiones adoptadas por las direcciones políticas.

Los cinco fueron escogidos para representar al Pacto en la Comisión encargada de investigar a presidentes y expresidentes. Son fichas de partido, no visitantes ocasionales que entraron al salón equivocado.

La Ley de Bancadas establece que sus integrantes deben actuar coordinadamente y adoptar sus decisiones mediante mecanismos democráticos internos. Los cinco ocupan esas sillas para representar al Pacto, no para emprender cinco aventuras personales.

Una rueda puede soltarse.

Cinco ruedas al mismo tiempo ya parecen desvalijadero.

Después del escándalo, los representantes publicaron un comunicado en el que afirmaron que inicialmente consideraron “razonable y jurídicamente pertinente” aclarar la competencia y respaldaron que la Fiscalía continuara investigando mientras la Corte Constitucional decide.

Traducido del dialecto del Capitolio, votaron para que la Comisión reclamara el expediente y, cuando se armó la pelotera, dijeron que la Fiscalía podía conservarlo por ahora.

El comunicado habla de justicia, verdad, víctimas y reparación, pero omite quién llevó la propuesta a la bancada, quién recomendó aprobarla y si la decisión fue consultada con la dirección del partido.

En el Congreso, cuando abundan los principios y escasean los nombres, generalmente están limpiando la escena.

CORCHO DISPARA, CEPEDA RESPONDE

Carolina Corcho rechazó la votación y recordó que los hechos investigados ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, antes de ejercer la Presidencia. Su conclusión fue directa:

“No es aceptable el voto que hicieron”.

En otro mensaje, que posteriormente dejó de estar disponible, Corcho cuestionó lo que calificó como un pacto de silencio frente a crímenes de semejante gravedad.

Iván Cepeda se dio por aludido y respondió recordando su lucha contra los crímenes de Estado, su papel en el Movimiento de Víctimas, el esclarecimiento del genocidio de la Unión Patriótica, las condenas por el asesinato de su padre y los 14 años que lleva impulsando las actuaciones contra Uribe.

Luego remató contra Corcho:

“Hasta la ambición política debe tener límite”.

La controversia dejó de ser una discusión sobre competencias judiciales para convertirse en una pelea por la autoridad moral y el liderazgo dentro del Pacto. Sin embargo, Corcho había cuestionado a los cinco representantes, por lo que resulta revelador que fuera Cepeda quien terminara respondiendo como si el disparo hubiera pasado rozando otro despacho.

Formalmente, Corcho les escribió a los cinco; políticamente, el mensaje llegó mucho más arriba.

EL JEFE CHIFLA IGUANA

Cepeda reconoció públicamente a Gustavo Petro como líder natural del movimiento y Petro aceptó asumir la jefatura del Pacto. Desde esa posición ha presidido reuniones de bancada y participado en decisiones como la selección de candidatos al Consejo Nacional Electoral.

Cuando hay cargos, candidaturas y cuotas, aparece el jefe; cuando cinco representantes respaldan la estrategia jurídica de Uribe, desaparece el organigrama.

Daniel Coronell le preguntó a Petro si esa votación era resultado de un acuerdo político. Petro respondió el saludo y después quedó mudo.

Mientras su partido se incendiaba, Petro continuaba trinando sobre lo divino y lo humano y aparecía descansando plácidamente en una finca. Lo curioso es que el hombre que trina hasta debajo del agua haya descubierto las virtudes del silencio justo cuando cinco representantes de su partido ayudan procesalmente a Uribe.

En la parroquia existe un dicho viejo:

El que calla, otorga.

Petro es el jefe reconocido del partido al que pertenecen los cinco, así que si desconocía la decisión, su capacidad de mando queda en entredicho; si la conocía, debe explicarla, y si se enteró después pero todavía guarda silencio, su mutismo ya constituye una posición política.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

La Fiscalía rechazó entregar el expediente y la Corte Constitucional deberá resolver la competencia, pero la secuencia política ya está completa: la defensa de Uribe pidió el traslado, los representantes cercanos al uribismo presentaron la proposición, los cinco del Pacto la aprobaron, Corcho los cuestionó, Cepeda terminó peleando con Corcho y Petro no ha explicado quién dio la línea.

Todos hablan de ética, víctimas y justicia, pero nadie responde quién dio la orden.

Nos dicen que fue una discusión jurídica, los cinco publican un comunicado, Corcho reclama, Cepeda se defiende y Petro sigue chiflando iguana. La pregunta da la vuelta completa y regresa al comienzo sin respuesta.

Una vez más nos están echando el cuento del gallo capón.