EN SEGURIDAD, ABELARDO ESTÁ CUMPLIENDO

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Yo voté por Abelardo de la Espriella. Fue un voto útil: entre Abelardo e Iván Cepeda, preferí que Abelardo llegara a la Presidencia.

No lo hice convencido de que fuera la mejor opción para Colombia ni porque compartiera enteramente su personalidad, sus maneras o su visión del poder. No soy abelardista y mantengo prevenciones frente a él y su entorno. Pero reconozco que algunas de sus posiciones coinciden con mi visión sobre cómo debe gobernarse Colombia: con autoridad, capacidad de decisión, respaldo a la Fuerza Pública y respeto por la institucionalidad.

No le entregué mi conciencia ni firmé un cheque en blanco. Por eso puedo criticarlo cuando se equivoca y reconocerlo cuando cumple.

Y en materia de seguridad, durante sus primeros 21 días de gobierno, Abelardo está cumpliendo.

Prometió acabar con la contemplación frente a los grupos armados ilegales, devolverle capacidad ofensiva a la Fuerza Pública, perseguir a quienes delinquen desde los territorios y aislar a quienes continúan impartiendo órdenes criminales desde las cárceles.

Eso ofreció y eso ha comenzado a ejecutar.

EL CONTEXTO

Colombia venía de cuatro años en los cuales la negociación se convirtió en el eje de la política de seguridad. El Gobierno Petro abrió diálogos simultáneos con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales.

En teoría, se trataba de llevar la paz a los territorios. En la práctica, varias estructuras aprovecharon los ceses, reconocimientos políticos y suspensiones de órdenes de captura para fortalecerse, reclutar y expandirse.

Mientras el Gobierno hablaba de paz, en muchas regiones continuaron las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento de menores y la disputa por los corredores del narcotráfico.

Abelardo prometió cambiar esa lógica. Y comenzó a hacerlo desde su primer día.

LOS PRIMEROS RESULTADOS

Entre el 7 y el 24 de agosto, la Fuerza Pública reportó 1.574 capturas, 10 extradiciones y la incautación de 23.642 kilogramos de estupefacientes, entre ellos 12.296 kilogramos de cocaína.

Una precisión necesaria: estas cifras provienen de fuentes oficiales y no han sido verificadas de manera independiente. La historia reciente obliga a leerlas con cautela, sin descartarlas ni aceptarlas acríticamente. Además, las 1.574 capturas no corresponden exclusivamente a integrantes de grupos armados; es un consolidado general que incluye diferentes delitos.

En las operaciones identificadas contra el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se contabilizan al menos 16 presuntos integrantes de organizaciones armadas muertos: seis durante el primer fin de semana, dos del ELN en el Catatumbo y ocho disidentes en Guaviare.

También se reportaron capturas, destrucción de campamentos y laboratorios, rescate de secuestrados e incautaciones de armas, explosivos, drogas y granadas adaptadas para drones.

Son resultados iniciales. No permiten declarar ganada una guerra de décadas, pero sí muestran un cambio de rumbo.

8 DE AGOSTO: TRASLADO DE CABECILLAS

Un día después de posesionarse, Abelardo ordenó trasladar a 117 reclusos a establecimientos de máxima seguridad. De ellos, 103 se encontraban en la cárcel de Itagüí.

Entre los trasladados había cabecillas vinculados a las mesas de la Paz Total y a los procesos de paz urbana del Gobierno Petro. La orden fue que perdieran privilegios y dejaran de dirigir actividades criminales desde prisión.

Respaldo la decisión. Una cárcel no puede funcionar como centro de operaciones, despacho de extorsiones o lugar de recreo para cabecillas. Se deben respetar los derechos de los detenidos, pero también impedir que continúen delinquiendo bajo la protección de los barrotes.

9 DE AGOSTO: META, ANTIOQUIA Y URABÁ

Durante el primer fin de semana se produjeron varias operaciones contra las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

En Mapiripán, Meta, murió alias Ruso o Alemán, señalado como cabecilla de la estructura 28 de las disidencias de alias Iván Mordisco. En la misma operación murieron otros tres integrantes de la organización.

En Anorí, Antioquia, murieron dos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo, entre ellos un presunto cabecilla. Las autoridades incautaron seis fusiles, material de guerra y elementos de inteligencia.

En Necoclí fueron capturados cuatro presuntos integrantes del componente financiero y narcotraficante de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. También se incautaron armas y material de intendencia.

El balance fue de seis presuntos integrantes de organizaciones armadas muertos, cuatro capturados y seis fusiles incautados.

La Fuerza Pública recibió una instrucción clara: recuperar la iniciativa.

10 Y 11 DE AGOSTO: BOMBARDEO CONTRA EL ELN

La ofensiva continuó en zonas rurales de Tibú y San Calixto, Norte de Santander.

La operación contra una estructura del ELN dejó dos presuntos integrantes muertos, dos búnkeres destruidos y cinco zonas campamentarias desmanteladas.

Las autoridades incautaron aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, equipos de comunicación y material de intendencia.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, la Personería y organizaciones humanitarias reportaron tres campesinos heridos, afectaciones a viviendas y desplazamientos de familias. El Ministerio de Defensa afirmó que la operación se realizó bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario.

Ese contraste debe esclarecerse. El regreso de los bombardeos obliga a extremar las precauciones frente a la presencia de civiles y menores reclutados en los campamentos. Respaldar la ofensiva no significa aceptar afectaciones a la población ni actuaciones sin control. Una Fuerza Pública fortalecida debe ser más precisa, no menos.

12 DE AGOSTO: COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

El Gobierno autorizó operaciones conjuntas con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Colombia necesita inteligencia, tecnología, vigilancia aérea e interdicción marítima para enfrentar organizaciones transnacionales con acceso a drones, comunicaciones encriptadas, armas de alto poder y redes internacionales de lavado de activos.

La cooperación debe respetar la Constitución y la soberanía colombiana. Pero rechazarla por prejuicios ideológicos significaría renunciar a capacidades necesarias para combatir el narcotráfico.

OPERACIONES HASTA EL 24 DE AGOSTO

En Puerto Gaitán, Meta, fueron capturados 11 presuntos integrantes del Frente 53 de la Segunda Marquetalia.

En Fundación, Magdalena, fueron detenidos en flagrancia dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

En La Macarena fue destruido un laboratorio utilizado para procesar pasta base de coca.

En Popayán, la Policía, el Gaula y el Goes rescataron a un comerciante secuestrado. La operación terminó con cinco capturas, la recuperación de una camioneta y la incautación de otro vehículo y tres teléfonos celulares. Cuatro procesados fueron enviados a prisión y uno recibió detención domiciliaria.

Este caso recuerda que la seguridad no se mide únicamente en capturas o incautaciones, sino también en ciudadanos que recuperan su libertad y familias que dejan de estar sometidas al crimen.

27 DE AGOSTO: SEGUNDO BOMBARDEO

En la madrugada del 27 de agosto, la Fuerza Pública bombardeó campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes dirigido por alias Calarcá, en zona rural de El Retorno, Guaviare.

El balance preliminar fue de ocho presuntos guerrilleros muertos, 11 fusiles, cinco ametralladoras y material logístico incautado. Después del ataque aéreo ingresaron comandos para consolidar el área.

Fue el segundo bombardeo reconocido por el nuevo Gobierno y la operación más letal de sus primeras tres semanas.

Pero no basta con bombardear un campamento. Si el Estado abandona nuevamente el territorio, otra estructura ocupará el espacio.

Después del soldado deben llegar la Policía, la justicia, la educación, la salud, las carreteras y las oportunidades económicas. Recuperar un territorio significa permanecer en él.

EXTRADICIONES SIN EL PARAGUAS DE LA PAZ

El presidente también firmó cinco órdenes de extradición hacia Estados Unidos.

Las decisiones cobijan a Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo; Geovany Andrés Rojas, alias Araña; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y Gabriel Yepes Mejía, alias HH.

Tres se encuentran bajo custodia y dos permanecen prófugos.

Varias extradiciones habían sido aprobadas, pero fueron suspendidas porque los cabecillas participaron en procesos de paz o fueron reconocidos como interlocutores.

Abelardo levantó ese paraguas.

Quien quiera someterse debe demostrarlo entregando las armas, liberando a los secuestrados, abandonando el narcotráfico, cesando la extorsión y colaborando con la justicia. Sentarse en una mesa no puede borrar expedientes, órdenes de captura o solicitudes de extradición.

El Gobierno, sin embargo, debe resolver una contradicción: mientras el presidente declara agotado el diálogo, algunas mesas heredadas de la Paz Total continúan formalmente abiertas. La ruptura política es evidente, pero el desmonte jurídico debe completarse.

CÁRCELES, DINERO Y NARCOTRÁFICO

El Gobierno anunció la estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, REMAS, que contempla acondicionar buques oficiales para aislar a cabecillas de alta peligrosidad.

Hay que separar hechos de anuncios: los 117 traslados sí ocurrieron; los buques-cárcel siguen siendo un proyecto.

La iniciativa puede ser útil si supera los controles constitucionales, técnicos y presupuestales. Pero el problema penitenciario no se resolverá mientras continúen la corrupción, el ingreso de celulares, la venta de privilegios y las extorsiones desde los patios.

La ofensiva tampoco puede limitarse a contar muertos y capturados. Cada hombre puede ser reemplazado si permanece intacta la economía de la organización. De ahí la importancia de incautar drogas, destruir laboratorios y perseguir los componentes financieros.

El Gobierno también prepara el regreso de la aspersión aérea contra cultivos ilícitos mediante un plan piloto con glufosinato de amonio. La modificación normativa abre la puerta, pero no significa que las fumigaciones hayan comenzado.

Apoyo que se recuperen herramientas para combatir los cultivos industriales de coca, siempre que se cumplan los requisitos científicos, sanitarios y ambientales. También debe diferenciarse al campesino atrapado por la ausencia estatal del narcotraficante protegido por estructuras armadas.

Al primero hay que ofrecerle alternativas. Al segundo hay que perseguirlo.

UN RESPALDO SIN SUMISIÓN

Sería impreciso atribuirle exclusivamente al nuevo Gobierno cada resultado conseguido desde el 7 de agosto. Muchas operaciones requieren meses de inteligencia, infiltraciones, seguimientos e investigaciones judiciales. Algunas seguramente comenzaron durante el Gobierno anterior.

Reconocer esa continuidad no le quita mérito a Abelardo. Su responsabilidad ha sido autorizar, acelerar y respaldar las operaciones, además de marcar un cambio de rumbo.

En 21 días no se transforma completamente una Fuerza Pública. Lo que sí puede cambiar es la instrucción que recibe desde la Casa de Nariño.

Y esa instrucción cambió.

Apoyo que la Fuerza Pública recupere la iniciativa; que los cabecillas pierdan sus privilegios; que quienes utilizaron las mesas de paz para aplazar órdenes de captura respondan ante la justicia, y que sean atacados los campamentos, laboratorios, arsenales y fuentes de financiación.

En este tema, Abelardo está cumpliendo lo que prometió como candidato.

Pero autoridad no significa arbitrariedad, firmeza no significa abuso y respaldar a la Fuerza Pública no significa tolerar violaciones de la ley.

El Gobierno tendrá que demostrar que sus cifras son verificables, que protege a los civiles, que respeta el Derecho Internacional Humanitario y que no permite el regreso de los falsos positivos.

La seguridad tampoco puede medirse solamente por el número de bajas. Debe reflejarse en carreteras transitables, comercios libres de extorsión, campesinos que regresan a sus fincas y niños que dejan de ser reclutados.

Apenas han transcurrido 21 días. Las organizaciones mantienen hombres, armas, dinero, corredores y capacidad para responder con terrorismo. Nadie puede declarar victoria.

Pero el comienzo merece respaldo.

No me arrepiento de mi voto. No porque hayan desaparecido mis prevenciones, sino porque en seguridad Abelardo está gobernando como prometió y coincide con una convicción que he defendido durante años: Colombia necesita un presidente que ejerza autoridad, respalde a su Fuerza Pública y no confunda la búsqueda de la paz con la rendición frente al crimen.

Seguiré reconociendo sus aciertos y señalando sus errores.

Mi voto fue por Abelardo.

Mi conciencia no.