La nueva chequera china de una Air-e quebrada

Por: Arnol Sarmiento

En menos de una semana, dos movimientos financieros pusieron miles de millones de pesos alrededor de la crisis eléctrica del Caribe. El Gobierno Nacional anunció $1,5 billones para darle liquidez al sector, mientras Air-e Intervenida cerró con la compañía china CMC un acuerdo que le permitirá financiar hasta $1 billón en nuevas obras.

Son recursos distintos, con destinos diferentes, que llegan mientras la empresa arrastra obligaciones superiores a $3,3 billones y en el Magdalena persisten los reclamos por tarifas, fallas y una infraestructura que todavía no responde a las necesidades de los usuarios.

La cercanía entre ambos anuncios puede generar una lectura equivocada: que Air-e tiene a su disposición $2,5 billones para salir de la crisis. No es así. Una operación intenta contener los problemas financieros del presente. La otra busca financiar las redes del futuro. Y entre las dos aparece la contradicción que resume buena parte de la crisis: Air-e necesita recursos para responder por las obligaciones que ya tiene y, al mismo tiempo, necesita asumir nueva deuda para poder invertir en la infraestructura que todavía le falta.

$1,5 billones para darle oxígeno al sistema

El primer movimiento vino del Gobierno Nacional.

El denominado plan Energía YA contempla $1,5 billones para atender la falta de liquidez del sector eléctrico, en un escenario de presión sobre las empresas generadoras y de mayores necesidades de generación térmica. Dentro del esquema se anunció un primer giro de $300.000 millones.

La medida tiene un propósito inmediato: evitar que los problemas de caja dentro de la cadena eléctrica terminen afectando la capacidad de las empresas encargadas de generar la energía que posteriormente compran y comercializan compañías como Air-e. No se trata, por tanto, de dinero destinado a construir subestaciones, cambiar transformadores o ampliar redes. Es liquidez.

La situación de Air-e ocupa un lugar central dentro de esa preocupación. La empresa intervenida acumula obligaciones que ya superan los $3,3 billones con el mercado eléctrico, de los cuales al menos $2,1 billones corresponderían a compromisos con las empresas generadoras térmicas. A eso se suma que en meses recientes habría dejado de pagar cerca de $380.000 millones adicionales al sistema, según información del sector, mientras distintos agentes han advertido que la deuda podría continuar aumentando durante lo que resta de 2026.

Ahí está el primer límite del paquete gubernamental: los recursos pueden darle oxígeno a la cadena, pero no borran el hueco financiero acumulado por Air-e ni resuelven las causas estructurales que continúan generándolo.

El otro billón viene de China, pero tiene intereses

Dos días después del anuncio del Gobierno apareció la segunda cifra.

Air-e Intervenida informó que, tras cerca de un año de negociaciones, suscribió un contrato con China National Machinery Exports and Imports Corporation, CMC, con una duración de 60 meses y una capacidad de financiación de hasta $1 billón. El destino de esos recursos está delimitado: renovar subestaciones de potencia, ampliar redes de distribución y transmisión, incrementar la capacidad del sistema y ejecutar proyectos considerados prioritarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Ese dinero no está diseñado para pagar las obligaciones atrasadas con las generadoras. Está pensado para construir.

Pero tampoco es dinero gratis. La financiación tendrá una tasa de interés del 5,2 % efectivo anual y contempla un año de gracia contado a partir de la entrada en funcionamiento de cada infraestructura financiada. En términos prácticos, Air-e podrá desarrollar una obra, terminarla, ponerla al servicio de los usuarios y comenzar a pagar un año después de que entre en operación.

El mecanismo le concede tiempo para ejecutar primero y pagar después. Eso puede ser una ventaja para una empresa que necesita acelerar inversiones. Pero también abre una pregunta que no puede ignorarse: ¿con qué capacidad financiera pagará Air-e esas nuevas obligaciones cuando actualmente tiene dificultades para responder por una deuda superior a $3,3 billones?

Un billón máximo, no un billón desembolsado

Otro punto que deberá vigilarse es el verdadero tamaño de la operación.

El anuncio habla de financiación hasta por $1 billón, pero eso no significa que toda esa cantidad haya sido desembolsada ni que necesariamente vaya a utilizarse en su totalidad. El contrato establece un marco para financiar proyectos durante los próximos 60 meses, de modo que el impacto real dependerá de cuánto dinero termine efectivamente utilizándose, cuáles proyectos sean seleccionados y cuándo entren en operación.

Presentar el acuerdo simplemente como la «llegada de $1 billón» sobredimensiona lo que realmente ocurrió. Lo que existe es una puerta de financiación por hasta ese monto, con intereses, plazo y obligaciones futuras.

Magdalena todavía no sabe cuánto recibirá

Para el Magdalena, el anuncio genera una expectativa evidente pero todavía sin respuesta concreta.

El hecho de que la financiación cubra tres departamentos no implica una división equitativa de recursos. Aún no se sabe cuánto será destinado al Magdalena, qué subestaciones serán renovadas, qué circuitos serán ampliados ni cuáles zonas con interrupciones recurrentes quedarán incluidas en los proyectos prioritarios.

Ahí deberá concentrarse buena parte del seguimiento público al acuerdo. Porque para el usuario, la cifra de $1 billón tiene poco significado si no termina traducida en infraestructura funcionando. Un contrato no reduce las interrupciones. Una línea de crédito no mejora el voltaje. Las obras sí pueden hacerlo.

Las voces del Magdalena: gremios, instituciones y Congreso

La crisis eléctrica no solo se mide en billones. En el Magdalena, tiene rostros, nombres y reclamos concretos.

Cotelco Magdalena ha sido uno de los sectores más activos en plantear que las políticas nacionales de ahorro y consumo no pueden aplicarse de manera uniforme en el Caribe. Su argumento es directo: las metas de reducción diseñadas para ciudades del interior del país ignoran que las temperaturas del litoral exigen refrigeración y climatización permanentes. Un hotel con alta ocupación en temporada —diciembre, enero, Semana Santa— inevitablemente dispara sus indicadores de consumo. Cobrarle multas por eso, sostiene el gremio, es castigar una necesidad operativa, no un exceso.

El reclamo de Cotelco no es solo tarifario. Es una exigencia de reconocimiento: que Santa Marta no tiene el clima de Bogotá, y que el modelo regulatorio debería reflejarlo. El gremio ha pedido mesas de diálogo con la CREG para construir un esquema diferencial que no ponga en riesgo la viabilidad de los establecimientos turísticos.

El Comité Intergremial del Magdalena, que agrupa a comerciantes, constructores y empresarios, comparte esa postura pero va más lejos. Para el sector productivo, los anuncios de inversión —incluido el acuerdo con CMC— son necesarios pero insuficientes si no se traducen de forma tangible en confiabilidad del servicio y fin de los apagones. Su posición es que los «paños de agua tibia» ya no sirven y que la región necesita un nuevo modelo energético diseñado específicamente para las condiciones del Caribe, no adaptaciones de esquemas pensados para otras realidades.

Desde las instituciones, el tono también ha sido de reclamo. La Gobernación del Magdalena ha rechazado públicamente lo que califica como atropellos, mal servicio y altos costos, y ha reconocido que los usuarios viven un verdadero calvario. Al mismo tiempo, ha defendido que los problemas financieros de Air-e —los problemas de caja, los subsidios enredados, el bajo recaudo— no pueden trasladarse sobre las familias y los comercios que sí pagan sus facturas a tiempo.

La crisis ha escalado hasta el punto de que la Comisión Quinta del Senado citó para el 2 de septiembre un debate de control político centrado específicamente en el servicio eléctrico de Santa Marta, con presencia esperada del Ministerio de Minas y Energía, la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos y Air-e.

Pagar el pasado, deuda del futuro

Vistos en conjunto, los dos anuncios permiten entender mejor la dimensión de la crisis.

El Gobierno intenta movilizar recursos para que la falta de liquidez no comprometa la cadena eléctrica. Air-e busca financiación internacional para construir la infraestructura que necesita. Ambas decisiones pueden ser necesarias, pero también dejan al descubierto el tamaño del problema: la empresa necesita dinero para honrar lo que ya debe y nueva deuda para construir lo que todavía le falta.

Los $1,5 billones del Gobierno no eliminan los más de $3,3 billones en obligaciones acumuladas. La financiación con CMC tampoco puede usarse para tapar ese hueco, porque está ligada exclusivamente a proyectos de infraestructura. Y cada peso que Air-e tome bajo ese acuerdo será una obligación futura con intereses.

La intervención tendrá entonces que demostrar que puede resolver las dos ecuaciones al mismo tiempo: estabilizar financieramente la operación y ejecutar las inversiones necesarias para mejorar el servicio.

La prueba estará después de los anuncios

El Caribe tiene hoy dos instrumentos sobre la mesa: recursos públicos para contener la falta de liquidez y financiación china para construir infraestructura. Ninguno de los dos, por sí solo, cierra la crisis.

Y eso no es nuevo.

La región lleva años viendo pasar soluciones parciales sobre una red que no termina de sanar. Cada vez que el problema escala, aparecen anuncios, cifras y acuerdos. Cada vez que los anuncios se disuelven, el Caribe vuelve a encontrarse frente al mismo cable pelado: una infraestructura frágil, una cadena de pagos rota y usuarios que siguen absorbiendo las consecuencias de un modelo que no logra estabilizarse.

La pregunta para el Magdalena ya no es si existen recursos disponibles. Los anuncios muestran que se están buscando. La pregunta es qué ocurrirá con ellos: si la deuda dejará de crecer, cuánto del billón ofrecido por CMC llegará efectivamente al departamento, qué proyectos serán aprobados y de dónde saldrá el dinero para pagar las nuevas obligaciones en los próximos años.

Esas respuestas definirán si lo anunciado esta semana representa el comienzo de una salida real o simplemente una nueva estructura financiera alrededor de una crisis que continúa abierta.

Porque los usuarios del Magdalena tienen una demanda mucho más sencilla de explicar: quieren un servicio estable, quieren entender por qué pagan lo que pagan y quieren comprobar que los billones anunciados terminan convertidos en obras, y no únicamente en nuevas obligaciones financieras.

Mientras Air-e anuncia financiación internacional para modernizar sus redes, el Congreso se prepara para preguntarle por la calidad del servicio que esas mismas redes prestan hoy. La intervención tendrá que demostrar que esta vez el desenlace es distinto. Que los recursos no se quedan en los balances. Que las obras llegan. Y que el Caribe, por fin, deja de volver siempre al mismo punto de partida.