Territorio & Poder
EL CARIBE VOLVIÓ AL MISMO CABLE PELADO
Duque presentó a Air-e y Afinia como la solución definitiva para Electricaribe. Petro intervino a Air-e, administró la crisis durante casi dos años y tampoco corrigió el modelo. El problema está en una cadena que protege mejor los ingresos de arriba y concentra en el operador final las pérdidas, la cartera, los subsidios atrasados y el conflicto social. Puebloviejo permite verlo sin tanta teoría.
Por Víctor Rodríguez Fajardo – El Man del Sombrero
En septiembre de 2020, el gobierno de Iván Duque anunció la llegada de Air-e y Afinia como el comienzo de una “nueva historia” para el servicio eléctrico del Caribe.
No la presentó como una salida provisional. El ministro de Minas habló de una “solución estructural y definitiva”. El mercado de Electricaribe fue dividido en dos, la Nación asumió cuantiosos pasivos históricos, se comprometieron inversiones por $5,8 billones durante los primeros cinco años y la Superintendencia de Servicios Públicos prometió vigilancia estricta sobre los nuevos operadores.
Menos de cuatro años después, Air-e fue intervenida. En enero de 2025, la toma de posesión pasó a tener fines liquidatorios, con una etapa de administración temporal para impedir la interrupción del servicio. El diagnóstico encontró $1,9 billones en obligaciones, cuatro periodos consecutivos con EBITDA negativo, una caja de apenas $30.053 millones y solo 24 % de ejecución del plan de inversiones en redes.
Afinia no está intervenida porque cuenta con la espalda financiera de EPM. Pero tampoco puede presentarse como un negocio sano. Reporta pérdidas de energía del 29,31 %, deja de recaudar cerca de $91.000 millones mensuales, tiene 170.000 familias en zonas de subnormalidad donde el recaudo apenas alcanza el 5 % y, a diciembre de 2025, el Gobierno nacional le debía $507.000 millones por subsidios.
Entonces la pregunta ya no puede limitarse a quién administró mal una empresa.
¿Por qué el eslabón que termina quebrándose es precisamente el que lleva la energía hasta la vivienda, factura y debe cobrarle al usuario?
¿Y por qué Colombia tiene cobertura eléctrica en casi todo el territorio, pero es en el Caribe donde los operadores parecen condenados a quebrarse, ser intervenidos o necesitar permanentemente el respaldo del Estado?
EL NEGOCIO DE ARRIBA Y LA QUIEBRA DE ABAJO
El sistema eléctrico comprende cuatro actividades principales.
Los generadores producen la energía. Los transmisores la transportan por las grandes redes nacionales. Los distribuidores la llevan hasta los municipios, barrios, corregimientos, comercios y viviendas. Los comercializadores la compran en el mercado mayorista y se la venden al usuario final.
Air-e y Afinia reúnen las dos últimas actividades: distribución y comercialización.
Mantienen redes locales, instalan transformadores, atienden daños, miden consumos, facturan, tramitan reclamaciones, combaten conexiones ilegales y deben recuperar el dinero.
Ahí está el desequilibrio.
El generador produce y vende. El transmisor recibe una remuneración por el uso de su infraestructura. El comercializador compra la energía antes de saber cuánto logrará facturar y, sobre todo, cuánto podrá recaudar.
Si a un circuito ingresan cien unidades y cerca de treinta se pierden entre deficiencias técnicas, fraude, manipulación de medidores, conexiones ilegales y consumos no registrados, el operador solo podrá facturar una parte. Si además una fracción de esas facturas no se paga, el dinero disponible será todavía menor.
Pero la energía ya fue generada.
Ya fue transportada.
Ya fue comprada.
Las obligaciones con los agentes ubicados arriba de la cadena no desaparecen porque el usuario final no pague.
La regulación incorpora en la tarifa los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, restricciones y una proporción de pérdidas reconocidas. Sin embargo, una fórmula regulatoria no convierte en efectivo la energía hurtada ni la factura que nunca se recauda.
El operador debe reducir las pérdidas mediante inversión, medición, normalización de redes, tecnología, personal y seguridad. Pero cuanto mayores son las pérdidas, menor es la caja disponible para realizar esas inversiones.
La empresa queda atrapada:
Necesita invertir para reducir las pérdidas, pero las pérdidas le consumen el dinero que necesita para invertir.
El caso de Air-e retrata el problema. Según el superintendente saliente, la empresa debía recaudar cerca de $560.000 millones mensuales, pero recibía alrededor de $320.000 millones. Solo los contratos de compra de energía representaban pagos cercanos a $340.000 millones mensuales, sin contar toda la energía adquirida en bolsa.
Es decir, el recaudo no alcanzaba siquiera para pagar completamente la materia prima.
Después faltaban la nómina, los contratistas, los transformadores, el mantenimiento, las inversiones, la atención de daños y el resto de la operación.
Todos participan del negocio eléctrico.
Solo uno debe convertir la energía entregada en dinero efectivamente recaudado.
Y es allí donde se concentran la cartera, las pérdidas, el fraude, los subsidios demorados, la exposición a la bolsa y la conflictividad territorial.
EL CARIBE RECIBIÓ EMPRESAS NUEVAS, PERO CONSERVÓ LA ENFERMEDAD
La Nación limpió buena parte de los pasivos financieros de Electricaribe antes de entregar los mercados. Los nuevos operadores no recibieron las antiguas obligaciones pensionales y prestacionales que el Estado había separado del negocio.
Pero recibieron redes deterioradas, pérdidas extraordinarias, barrios sin normalización, conexiones ilegales, usuarios sin medición individual, entidades oficiales morosas, pobreza, desconfianza acumulada y territorios donde suspender el servicio puede convertirse en un problema de orden público.
Se retiró parte de la deuda contable.
Quedó intacta la deuda física, social e institucional.
Air-e y Afinia conocían esas condiciones. Por eso deben responder por la suficiencia del capital que ofrecieron, la administración, las compras de energía, las inversiones ejecutadas, el recaudo y los planes de reducción de pérdidas.
La enfermedad estructural no las absuelve.
Lo que impide es que el Estado las utilice como únicos culpables.
Afinia demuestra que el problema tampoco se resuelve únicamente cambiando capital privado por capital público. EPM capitalizó la compañía con $2,73 billones entre 2020 y 2024 y reporta inversiones acumuladas por $3,2 billones durante sus primeros cinco años. La duración y la frecuencia de las interrupciones mejoraron, pero las pérdidas permanecieron en 29,31 % y la sostenibilidad financiera no apareció.
La espalda de EPM evita que Afinia caiga como Air-e.
No corrige el mercado que le destruye caja.
PUEBLOVIEJO: LA PRUEBA ESTÁ EN LA VÍA Y EN EL RECAUDO
Puebloviejo permite aterrizar la discusión.
En diciembre de 2020, apenas dos meses después de comenzar operaciones, Air-e anunció un proyecto de normalización eléctrica por más de $11.000 millones para beneficiar a unas 3.000 familias del municipio. El plan incluía postes, transformadores, redes y medición. Fue presentado como el primer gran piloto de normalización de la nueva empresa.
Tres años después, el gerente de Air-e entregó una cifra demoledora: Ciénaga y Puebloviejo facturaban en conjunto cerca de $26.000 millones mensuales, pero apenas recaudaban alrededor de $1.000 millones.
Menos del 4 %.
En la misma declaración, la empresa sostuvo que la remodelación del circuito de Puebloviejo había reducido el alcance de algunas interrupciones, que antes afectaban a miles de familias y luego se concentraban en grupos más pequeños. Hubo inversión y alguna mejora técnica, pero la caja continuó prácticamente vacía.
En mayo de 2026, Air-e intervenida todavía señalaba a Puebloviejo, Ciénaga, Sitionuevo y Zona Bananera entre los municipios con barrios eléctricamente subnormales y advertía sobre el impacto de la alta cartera morosa en la sostenibilidad del servicio.
La secuencia es reveladora:
Se invierte para normalizar.
Mejora una parte de la red.
El recaudo continúa hundido.
La infraestructura vuelve a deteriorarse.
El servicio falla.
La comunidad protesta.
Y la Troncal del Caribe termina convertida en interruptor.
El 19 de agosto de 2026, habitantes de Puebloviejo bloquearon la vía Barranquilla–Santa Marta después de completar cuatro días sin energía. El cierre afectó la movilidad regional y llevó al Gobierno nacional a ordenar la recuperación del tránsito y anunciar la instalación de un nuevo transformador.
La falla era local.
La consecuencia fue regional.
Ese es el poder territorial que enfrenta el operador.
Una suspensión, una avería o el daño de un transformador puede paralizar la carretera que comunica a Santa Marta con Barranquilla y que soporta turismo, pasajeros, comercio exterior y transporte de carga.
La empresa puede tener jurídicamente la facultad de suspender a un usuario moroso. Pero si la reacción consiste en cerrar la vía, aparecen el alcalde, la Gobernación, la Policía, la Defensoría y el Gobierno nacional. La prioridad deja de ser recuperar la cartera y pasa a ser recuperar la movilidad.
El operador termina obligado a prestar, reparar o reconectar mientras el problema del pago queda aplazado.
Ahora Air-e y la Superservicios deben abrir la caja negra de Puebloviejo por circuito:
- cuánta energía ingresa;
- cuánto se factura;
- cuánto se recauda;
- cuánto se pierde;
- cuántos usuarios tienen medición individual;
- cuántas suspensiones se ejecutan por mora;
- cuántas reconexiones se realizan;
- y cuántas ocurren después de protestas, bloqueos o compromisos con autoridades.
La cifra conjunta de Ciénaga y Puebloviejo ya demuestra una situación extrema de recaudo. La desagregación por circuitos permitirá identificar quién consume, quién paga, dónde se pierde la energía y cuánto cuesta cada negociación territorial.
Sin esos datos, resulta muy fácil culpar a todo un municipio.
Y muy difícil establecer quién está mamando gallo.
DOS GOBIERNOS, DOS RESPONSABILIDADES
Desde que Air-e y Afinia comenzaron a operar, el primero de octubre de 2020, hasta la posesión de Abelardo de la Espriella, solo gobernaron Iván Duque y Gustavo Petro.
Abelardo acaba de llegar. No pertenece al capítulo de las causas. Su responsabilidad comienza con la salida que construya o deje de construir.
Duque, en cambio, tiene la paternidad del modelo.
Su Gobierno aseguró que había diseñado y liderado la solución empresarial desde noviembre de 2018. Segmentó el mercado, modificó reglas, asumió pasivos, seleccionó a los operadores, fijó compromisos de inversión y presentó el resultado como definitivo.
Tuvo aproximadamente 22 meses para observarlo.
Antes de terminar su mandato, las alarmas ya estaban encendidas.
En junio de 2022, la propia Superservicios afirmó que el programa de gestión de Afinia “se rajaba” en el control de pérdidas. La empresa no había presentado propuestas claras, acumulaba atrasos en normalización de cartera y, de $155.000 millones que debía invertir durante 2021 para reducir pérdidas, había ejecutado cerca de $26.000 millones. También había instalado solamente 297 de los 7.278 medidores prepago previstos.
El Gobierno vio el problema.
Lo midió.
Creó comités.
Emitió advertencias.
Pero no corrigió la arquitectura que había construido.
Duque responde por la evaluación de viabilidad de los mercados, la capacidad financiera exigida a los nuevos operadores, las proyecciones de reducción de pérdidas, la asignación del riesgo y la ausencia de una solución territorial del mismo tamaño que la solución empresarial.
No fue falta de información.
Fue confundir seguimiento con solución.
Petro heredó un modelo que ya presentaba grietas, pero también recibió el poder constitucional y administrativo para corregirlo.
Tuvo cerca de 25 meses antes de la intervención de Air-e. Después tuvo casi otros 23 meses administrando la compañía mediante agentes especiales nombrados por la Superservicios.
Cuando el Estado tomó posesión, Air-e acumulaba obligaciones por cerca de $1,9 billones. En agosto de 2026, el superintendente saliente afirmó que la deuda rondaba los $2,4 billones, que el faltante mensual se acercaba a $200.000 millones y que durante la intervención se habían destinado $500.000 millones del Fondo Empresarial. El Gobierno Petro terminó, además, sin dejar contratada la consultoría que debía definir la solución empresarial definitiva.
El crecimiento de la deuda durante la intervención no puede adjudicarse automáticamente a una mala administración estatal. La empresa ya tenía un déficit estructural y un recaudo incapaz de cubrir sus compras de energía.
Pero tampoco puede presentarse al Gobierno como un tercero inocente.
Petro responde por no haber contenido el deterioro durante sus primeros 25 meses, por las condiciones de la intervención, por la administración posterior, por los subsidios atrasados y por terminar su mandato sin una reforma capaz de impedir que el hueco siguiera creciendo.
Duque tiene la partida de nacimiento del modelo.
Petro tiene la historia clínica, la intervención y una cirugía que no cerró la herida.
La vaca no tuvo la culpa.
EL ESTADO NUNCA ESTUVO AFUERA
El artículo 365 de la Constitución establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que este debe asegurar su prestación eficiente.
La prestación puede ser directa, indirecta, comunitaria o privada. Pero incluso cuando opera un particular, el Estado conserva la regulación, el control y la vigilancia. El artículo 370 asigna al presidente las políticas generales de administración y eficiencia y dispone que ejerza inspección, vigilancia y control por medio de la Superservicios.
La fórmula constitucional es sencilla:
El Estado puede entregar la operación, pero no puede entregar su responsabilidad de garantía.
Por eso la Superservicios no aparece desde afuera para salvar una empresa extraña.
Es el instrumento mediante el cual el presidente ejerce control sobre los prestadores.
El Estado estuvo presente cuando diseñó el esquema, seleccionó los operadores, reguló las tarifas, vigiló las inversiones, pagó o demoró subsidios y tomó posesión de Air-e.
No puede entregar la relación conflictiva con el usuario para que Pedro Pueblo culpe exclusivamente a la empresa y después regresar ante las cámaras como rescatista.
El sistema privatiza el reclamo.
Cuando revienta, socializa el hueco.
El usuario pelea con Air-e o Afinia por la factura, el apagón y la suspensión. Cuando la empresa cae, la Nación utiliza recursos públicos para impedir que el servicio se detenga.
La culpa visible queda abajo.
La cuenta termina nuevamente arriba del recibo o dentro del presupuesto nacional.
ISAGÉN: EL ESTADO VENDIÓ UNA HERRAMIENTA Y CONSERVÓ EL PROBLEMA
La discusión sobre Isagén debe entrar con precisión.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, la Nación puso en venta hasta el 19,22 % de las acciones de la generadora. El Estado redujo su participación, aunque mantuvo el control.
En enero de 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, vendió a Brookfield el 57,61 % que le permitía controlar la compañía por $6,49 billones.
Uribe abrió y profundizó la privatización accionaria.
Santos entregó el control.
La venta de Isagén no produjo directamente la crisis de Air-e. Tampoco significa que el kilovatio sería automáticamente más barato si todo el negocio fuera estatal.
El precio final depende de las reglas de contratación, la bolsa, la transmisión, la distribución, la comercialización, las restricciones y las pérdidas. Una generadora pública administrada exclusivamente para maximizar utilidades puede comportarse frente al mercado igual que una privada.
Pero conservar una generadora estratégica habría dejado en manos del Estado dividendos, capacidad de contratación de largo plazo y una herramienta para moderar riesgos de abastecimiento y precio.
Colombia redujo su presencia en uno de los negocios mejor remunerados de la cadena, mientras conservó intacta la obligación de garantizar la parte socialmente más conflictiva.
La generación produce rentas.
La última milla acumula pérdidas, fraude, pobreza y protestas.
El Estado vendió parte de la primera.
Pedro Pueblo siguió financiando la segunda.
EPM demuestra que la propiedad pública, por sí sola, tampoco basta. Afinia sigue operando porque tiene una empresa pública poderosa detrás, pero sus pérdidas y su cartera continúan.
La pregunta no es solamente si la empresa debe ser pública o privada.
La pregunta es quién recibe las rentas, quién soporta las pérdidas, bajo qué reglas se forma el precio y quién paga el consumo social que no puede cobrarse.
LA CUARTA OPORTUNIDAD
Primero estuvieron las electrificadoras departamentales de carácter oficial.
Después vino Electricaribe.
Luego llegaron Air-e y Afinia.
La próxima salida será la cuarta arquitectura empresarial.
No puede consistir en cambiar la razón social, imprimir otro logotipo y entregar el mismo mercado bajo las mismas reglas.
Necesita cuatro reformas estructurales.
- SEPARAR LA RED DEL RIESGO COMERCIAL
La distribución y la comercialización deben tener cortafuegos financieros y contables.
La red necesita recursos permanentes para mantenimiento, expansión, transformadores, subestaciones y atención de daños. Ese dinero no puede desaparecer cada vez que aumenta la cartera.
La infraestructura debe remunerarse según disponibilidad, calidad e inversión ejecutada. El riesgo de facturación y recaudo debe administrarse separadamente.
Si el negocio comercial entra en crisis, la red no puede quedar condenada a deteriorarse con él.
- SACAR LA POLÍTICA SOCIAL DEL BALANCE DEL OPERADOR
Los subsidios deben pagarse anticipadamente o mediante un mecanismo mensual verificable.
El Estado puede subsidiar el consumo de una familia vulnerable. Lo que no puede hacer es ordenar el descuento en la factura, demorar el reintegro y convertir al operador en banco involuntario de la política social.
En los circuitos críticos debe existir un bloque básico de consumo financiado expresamente por el presupuesto. El consumo adicional tendría que ser medido y pagado, mediante facturación ordinaria o sistemas de prepago.
Hay que subsidiar personas.
No esconder políticas sociales dentro de una cartera incobrable.
- GOBERNAR EL TERRITORIO CIRCUITO POR CIRCUITO
Puebloviejo no puede manejarse con los mismos supuestos de un barrio formal de Medellín o Bogotá.
Cada circuito debe clasificarse según pérdidas, pobreza, recaudo, medición, informalidad, calidad de la red, fraude, riesgo de orden público y posibilidad real de suspensión.
La Nación, los alcaldes y las gobernaciones deben responder por la normalización urbana, la seguridad de las cuadrillas, las deudas oficiales y los compromisos adquiridos durante protestas.
También debe existir macromedición en la entrada de cada circuito, medición por transformador e individualización progresiva del consumo.
Sin medición no hay responsabilidad.
Sin autoridad territorial, la suspensión seguirá siendo una facultad escrita en el papel y derrotada en la carretera.
- REDISTRIBUIR EL RIESGO Y ACTUAR ANTES DEL BILLÓN
Los operadores de mercados vulnerables necesitan contratos de largo plazo y coberturas que reduzcan la exposición a la bolsa.
Los accionistas deben cumplir exigencias estrictas de capital y liquidez. Cuando las pérdidas, la cartera, el EBITDA, las inversiones o las obligaciones con el mercado crucen determinados límites, deben activarse automáticamente garantías adicionales, capitalización, administración fiduciaria o sustitución del operador.
No más comités durante años mientras crece el hueco.
Generadores, transmisores, operadores, Estado y autoridades territoriales deben soportar una parte proporcional del riesgo sistémico.
El operador responde por su administración y eficiencia.
El usuario responde por el consumo deliberadamente no pagado.
Las autoridades territoriales responden por la gobernabilidad y las deudas oficiales.
El Estado responde por la regulación, los subsidios y la política social.
La cadena no puede continuar descargando casi todo sobre quien llega a la puerta de la vivienda con una factura que muchas veces no logra cobrar.
LA CUENTA VUELVE A PEDRO PUEBLO
El nuevo Gobierno anunció $1,5 billones para aliviar la crisis de liquidez del sector eléctrico, con un primer giro de $300.000 millones dirigido a la deuda corriente con los generadores térmicos. La cartera del mercado eléctrico alcanzaba $4,06 billones con corte al 21 de agosto de 2026.
La plata puede evitar que la cadena se rompa de inmediato.
No corrige la estructura que produjo la deuda.
Air-e y Afinia no recibieron los antiguos pasivos pensionales de Electricaribe, pero sí recibieron el mismo territorio enfermo.
Duque diseñó el modelo, lo presentó como definitivo y vio aparecer las primeras alarmas.
Petro recibió esas alarmas, tuvo más de dos años antes de la intervención, administró Air-e durante casi otros dos y terminó sin detener el crecimiento del hueco ni dejar una salida definitiva.
Abelardo acaba de llegar. Su responsabilidad será decidir si los $1,5 billones compran unos meses de tranquilidad o sirven para comenzar una reforma verdadera.
El origen del mal está en una cadena donde los ingresos de arriba están mejor protegidos, mientras el operador final debe comprar, invertir, medir, facturar, cobrar, financiar subsidios, perseguir el fraude y enfrentar el conflicto social.
Cuando no resiste, el Estado lo interviene.
Cuando la deuda amenaza a los generadores, Pedro Pueblo vuelve a pagar.
Electricaribe salió por la puerta de la liquidación.
Air-e entró por la intervención.
Afinia permanece porque EPM todavía tiene espalda para sostenerla.
Y el Caribe continúa frente al mismo cable pelado.
La vaca no tuvo la culpa.
La vaca paga la factura.
