Unidad Investigativa
Pivijay, Magdalena: la tierra de nadie donde la autoridad parece no llegar
Familiares transportando en motocicletas los cuerpos de sus seres queridos, cadáveres que permanecen durante horas en vías rurales y denuncias reiteradas por la tardanza de las autoridades. Opinión Caribe documenta desde 2025 una situación que se repite en Pivijay y que plantea serios interrogantes sobre la capacidad institucional para atender los homicidios en un territorio donde también ha sido reportada la presencia de estructuras armadas ilegales.
Por: Arnol Sarmiento
En Pivijay hay imágenes que difícilmente se olvidan: familiares llegando hasta el lugar donde fue asesinado uno de los suyos, recogiendo el cuerpo y trasladándolo en una motocicleta porque las autoridades encargadas de realizar la inspección técnica no hacen presencia. Ya no se trata de un hecho aislado.
Opinión Caribe ha documentado, desde 2025, varios episodios similares, acompañados de denuncias de defensores de derechos humanos y de las propias comunidades sobre las demoras para atender escenas de homicidio en zonas rurales del municipio.
Padre tuvo que recoger el cuerpo de su hijo asesinado en Pivijay
Familias recogiendo a sus muertos
El 6 de julio de 2025 quedó registrada una de las imágenes más perturbadoras de esta situación: un padre tuvo que transportar en motocicleta el cadáver de su hijo asesinado en zona rural de Pivijay ante la ausencia de las autoridades competentes. La escena generó rechazo en el departamento.
Ayer fueron asesinadas otras dos personas en Pivijay (Piñuelas) con ellos, el número es de 21 -sin contar los que no tienen levantamiento técnico, como este nuevo caso-.
Se volvió parte del paisaje magdalenense que familiares se vean obligados a recoger sus muertos. pic.twitter.com/lJZh1GwhCB— Lerber Dimas Vásquez (@Lerberlisandro) August 20, 2025
Un mes después, el 7 de agosto, ocurrió nuevamente. En la vía que conecta al corregimiento de Canoa con el casco urbano de Pivijay, un hombre asesinado fue trasladado en motocicleta por un familiar mientras las autoridades no hacían presencia.
Un ciudadano grabó el momento y expresó:
“Vea cómo tiene uno que sacar a los seres queridos de uno en Canoa. Esta es prueba viviente de lo que se está viviendo en Colombia. Le dimos parte a la Policía y no procedieron por miedo, por temor a que los vayan a matar también. Y son dos los muertos aquí, apenas llevamos uno. Así los tenemos que sacar, en moto.”
Al día siguiente, Opinión Caribe publicó la nota “Pivijay, Magdalena: un municipio silenciado por una gobernanza no institucional”, en la que documentó estos hechos.
Se está volviendo una constante que en el dto del Magdalena le toque a familiares recoger los muertos sin levantamiento técnico.
Las autoridades no van ¿hay territorios vedados para la @PoliciaColombia o la @FiscaliaCol?Pivijay hoy tiene 21 homicidios más tres sin reporte (24) pic.twitter.com/5BrBtHSQva
— Lerber Dimas Vásquez (@Lerberlisandro) August 8, 2025
Ese mismo 8 de agosto, Lerber Dimas, director de la Plataforma de Derechos Humanos del Magdalena, PDHAL, cuestionó públicamente:
“Se está volviendo una constante que en el departamento del Magdalena les toque a familiares recoger los muertos sin levantamiento técnico. Las autoridades no van. ¿Hay territorios vetados para la Policía o la Fiscalía?”
El 20 de agosto de 2025 otro video mostró un cadáver siendo transportado en motocicleta después de un homicidio ocurrido en zona rural de Pivijay. Para entonces, los episodios comenzaban a revelar una misma dificultad: víctimas distintas, fechas diferentes y familias enfrentadas a prolongadas esperas antes de la intervención institucional.
El cambio de año no trajo cambios
El 24 de junio de 2026, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la entrada al corregimiento de Paraíso, jurisdicción de Pivijay.
Según denunciaron sus familiares, ante la tardanza de las autoridades competentes fueron ellos quienes llegaron al lugar, recogieron el cadáver y lo trasladaron hasta Medicina Legal en Fundación para que se realizaran los procedimientos correspondientes.
El episodio mostró que las denuncias conocidas durante 2025 no habían quedado atrás con el cambio de año.
Otros dos casos posteriores tuvieron características diferentes: en ellos las familias no terminaron transportando los cadáveres. Sin embargo, volvieron a poner sobre la mesa el mismo interrogante: cuánto tiempo puede permanecer una víctima de homicidio en una vía rural antes de que llegue la autoridad encargada de procesar la escena.
Más de 15 horas en La Y
El 7 de agosto de 2026, la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL denunció una situación en el sector conocido como La Y, entre Canoas y San Basilio, aproximadamente a 1,5 kilómetros de la cabecera municipal de Pivijay.
Allí permanecía el cuerpo sin vida de un hombre que habría sido asesinado. Según la organización, llevaba más de 15 horas en el sitio sin que Policía o Fiscalía hubieran realizado el procedimiento correspondiente.
¡INDIGNANTE! Cadáver lleva más de 15 horas en una vía de Pivijay, Magdalena
La PDHAL señaló:
“Desde el día de ayer se encuentra este cadáver en la Y, entre Canoas y San Basilio. A 1.5 kilómetros de la cabecera municipal de Pivijay. Lleva más de 15 horas y ni Policía ni Fiscalía hacen presencia para hacer levantamiento e identificación. Esto es inhumano.”
Una referencia reciente
Este fin de semana, otro hombre asesinado permaneció durante más de diez horas en la vía Pivijay–Las Canoas mientras se esperaba la llegada de las autoridades competentes para efectuar la inspección técnica del cadáver.
En este caso, a diferencia de aquellos en los que los familiares terminaron retirando los cuerpos, las autoridades sí llegaron y realizaron el procedimiento.
La diferencia es importante. Sin embargo, la prolongada espera volvió a encender las mismas preguntas que llevan más de un año acompañando estos hechos.
Una alerta que agrava los interrogantes
El contexto adquiere mayor dimensión frente a una alerta emitida el 6 de julio de 2025 por el Observatorio Departamental de Convivencia y Seguridad del Magdalena, en la que se advertía sobre riesgos asociados con la presencia y actuación de grupos armados ilegales en Pivijay y otros municipios.
Según la información recopilada por el Observatorio, circulaban panfletos presuntamente atribuidos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, mediante los cuales se imponían restricciones a la población.
Entre los señalamientos registrados aparecía uno especialmente grave: los panfletos contendrían disposiciones que prohibían el levantamiento de cuerpos de víctimas de homicidio incluso por parte de la Fuerza Pública y obligarían a familiares a solicitar autorización al grupo armado para recuperarlos.
Meses después, el Observatorio volvió a señalar que durante agosto de 2025 persistían en sectores rurales de Pivijay denuncias sobre restricciones para la presencia de autoridades judiciales y policiales, además de casos en los que familiares habían tenido que retirar cadáveres.
Estos señalamientos deben ser investigados y esclarecidos por las instituciones competentes. Por sí solos no permiten concluir que las demoras documentadas obedecieran a órdenes de estructuras criminales.
Sí plantean, sin embargo, una pregunta que el Estado debe responder: ¿las tardanzas obedecen exclusivamente a dificultades operativas y logísticas o existen zonas donde las condiciones de seguridad están afectando la capacidad de Policía Judicial y Fiscalía para cumplir oportunamente sus funciones?
La versión de la Policía
La Policía del Magdalena ha rechazado que existan zonas vedadas para la institución.
En agosto de 2025, el entonces comandante departamental, coronel Javier Alberto Duarte Reyes, explicó que algunas de las situaciones denunciadas estaban relacionadas con protocolos y con la distribución de competencias entre la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía.
También sostuvo que, durante la espera, algunas familias ingresaban a las escenas y retiraban los cadáveres antes de la llegada de las autoridades, situación que podía afectar la cadena de custodia.
La explicación institucional introduce un elemento relevante, pero no elimina la pregunta central: ¿por qué la espera llegó a ser lo suficientemente prolongada para que las familias decidieran intervenir directamente?
Las autoridades también reconocieron la operación del Clan del Golfo en sectores de Pivijay y otros municipios de la zona.
Y después de aquellas explicaciones, las escenas volvieron a aparecer: nuevamente en junio de 2026, en agosto y durante el caso registrado este fin de semana.
38 homicidios en año y medio
Los episodios se producen dentro de un escenario sostenido de violencia.
Según cifras de la Plataforma de Derechos Humanos del Magdalena, elaboradas con base en información de Medicina Legal, Pivijay registró 30 homicidios durante 2025.
Durante el primer semestre de 2026 fueron contabilizados otros ocho, para un total de 38 homicidios entre enero de 2025 y junio de 2026.
La dimensión de esa violencia se hace más clara al observar únicamente el comportamiento de 2025. Según las proyecciones estadísticas oficiales citadas en esta investigación, Pivijay tiene aproximadamente 40.669 habitantes. Con 30 homicidios registrados durante ese año, el municipio alcanzó una tasa aproximada de 74 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La cifra permite dimensionar la intensidad de la violencia homicida en un municipio relativamente pequeño y, además, muestra que el fenómeno no terminó con el cierre de 2025: durante los primeros seis meses de 2026 ya se habían contabilizado ocho nuevos homicidios.
Clan del Golfo y Los Primos: presencia documentada
El panorama de violencia tampoco puede analizarse por fuera de las dinámicas criminales presentes en el municipio.
La Policía Nacional ha documentado operaciones contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en Pivijay. En marzo de 2025, siete diligencias de allanamiento dejaron ocho capturas de personas señaladas de pertenecer a estructuras de esa organización.
A ello se suma Los Primos, estructura a la que el Observatorio Departamental ha atribuido una fuerte presencia en Pivijay dentro de una dinámica de expansión y disputa territorial.
Las autoridades han relacionado de manera general a estas organizaciones con actividades como homicidios selectivos, extorsión y tráfico de estupefacientes.
Su presencia, sin embargo, no permite atribuir automáticamente cada homicidio ocurrido en el municipio a alguna de estas estructuras. Establecer autores, móviles y responsabilidades corresponde a la Fiscalía y a las investigaciones judiciales de cada caso.
Lo que sí resulta relevante para esta investigación es el contexto en el que las autoridades deben atender los homicidios ocurridos en las zonas rurales de Pivijay. Las denuncias sobre restricciones territoriales, las condiciones de seguridad advertidas por organismos departamentales y la reiteración de casos en los que la respuesta institucional ha tardado varias horas obligan a mirar más allá de cada episodio por separado.
Después de más de un año de hechos documentados, la pregunta ya no es únicamente por qué una diligencia se demoró. También es necesario establecer si existen dificultades operativas, falta de capacidad institucional o condiciones de seguridad que estén impidiendo que Policía Judicial y Fiscalía lleguen oportunamente a determinados sectores del municipio.
¿Quién responde en Pivijay?
La Fiscalía General de la Nación debe precisar cuál es la capacidad operativa disponible para realizar inspecciones técnicas en la zona rural de Pivijay y cuáles son los tiempos de respuesta.
La Policía del Magdalena debe establecer si existen condiciones de seguridad que dificultan el ingreso a determinados sectores y qué protocolos se activan para garantizar el acceso de Policía Judicial.
La Alcaldía de Pivijay, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo deben informar qué acciones han adelantado frente a unas denuncias que no comenzaron este fin de semana, sino que vienen siendo registradas desde 2025.
Y las autoridades departamentales y nacionales deben responder qué medidas adoptaron después de que el ODEC alertara sobre la presunta intención de estructuras armadas de interferir incluso en el levantamiento de personas asesinadas.
Hay preguntas concretas que continúan abiertas:
¿Por qué se han presentado retrasos reiterados en las diligencias de inspección y levantamiento de cadáveres en zonas rurales de Pivijay?
¿Existen sectores a los que Policía Judicial o Fiscalía tengan dificultades para ingresar por razones de seguridad?
¿Cuánto tarda, en promedio, la autoridad judicial en atender un homicidio en estos corregimientos?
¿Hay suficientes unidades de criminalística disponibles para esta parte del Magdalena?
¿Qué protocolo se activa cuando las condiciones de seguridad impiden el ingreso inmediato de investigadores?
¿Qué medidas se adoptaron después de las denuncias de 2025 y por qué situaciones similares continúan registrándose en 2026?
Estos hechos en Pivijay y su área rural no pueden convertirse en paisaje. La discusión no termina en establecer quién está matando. También obliga a responder por qué, después de un homicidio, todavía existen lugares donde una familia puede terminar haciendo lo que, por ley, le corresponde al Estado.
