Cuatro mil barriles diarios y nadie vio nada

El presidente Abelardo de la Espriella reveló que del poliducto Pozos Colorados–Galán estarían hurtando 123.700 barriles de combustible cada mes. Pero las perforaciones ilegales, la ruta hacia el Catatumbo y la posible participación de organizaciones armadas eran conocidas. Si el Estado sabe cuánto desaparece, por dónde sale y hacia dónde viaja, debe explicar desde cuándo lo sabe, qué hizo para impedirlo y quiénes dejaron crecer el negocio.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

El presidente Abelardo de la Espriella impartió una orden que, por su gravedad, no puede terminar en otro operativo con soldados alrededor de una manguera clandestina, varios pimpineros esposados y unos cuantos vehículos exhibidos ante las cámaras.

Según la información recibida por el mandatario, del poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con la estación Galán, en Barrancabermeja, estarían siendo hurtados cerca de 123.700 barriles mensuales de gasolina, diésel y nafta.

El saqueo se concentraría en Magdalena y Cesar. Parte del combustible sería transportado mediante las denominadas “caravanas de la muerte”, integradas hasta por 600 vehículos, muchos de ellos con destino al Catatumbo.

La magnitud obliga a traducir los barriles: son aproximadamente 4.123 diarios, 5,2 millones de galones o cerca de 19,7 millones de litros cada mes.

De mantenerse ese ritmo, la pérdida rondaría 1,5 millones de barriles anuales y superaría los 500.000 millones de pesos. Pero el daño no terminaría en el patrimonio de Ecopetrol. El Presidente advirtió que parte del combustible podría alimentar los complejos de procesamiento de cocaína y, por esa vía, financiar organizaciones armadas.

Estaríamos ante un circuito criminal completo: el combustible sale de un activo estratégico de la Nación, cruza varios departamentos y podría terminar convertido en insumo de la misma economía del narcotráfico que el Estado combate.

La orden presidencial apunta en la dirección correcta: identificar a quienes financian, extraen, almacenan, transportan, escoltan, compran y comercializan el producto; judicializar a los responsables y aplicar la extinción de dominio sobre los bienes utilizados.

Pero después de escuchar las cifras surge una pregunta inevitable: ¿cómo pudo crecer tanto?

Una cifra tan precisa debe tener historia

El poliducto Pozos Colorados–Galán tiene aproximadamente 503 kilómetros. Una fuente regulatoria reportó históricamente una capacidad operacional de 93.600 barriles diarios, dato que no necesariamente corresponde al volumen efectivamente transportado en 2026.

Los 4.123 barriles presuntamente hurtados cada día equivaldrían aproximadamente al 4,4 % de esa capacidad nominal. No puede afirmarse todavía que representen ese mismo porcentaje del flujo actual, porque Ecopetrol no ha divulgado cuánto producto está transportando hoy por la línea.

Aun con esa salvedad, el volumen denunciado no parece marginal. Una extracción de semejante tamaño debería dejar señales en la presión de la tubería, los balances volumétricos, los inventarios, las entregas, las cuentas financieras y los sistemas internos de monitoreo.

Aquí está el punto más explosivo del pronunciamiento: si Ecopetrol conoce la cantidad presuntamente perdida con precisión de cientos de barriles, necesariamente debe existir una metodología de medición y una trazabilidad temporal.

La cifra de 123.700 barriles no pudo aparecer por inspiración. Debe provenir de registros técnicos, diferencias entre volúmenes despachados y recibidos, investigaciones internas o informes de inteligencia. Esos documentos tienen fechas, autores y destinatarios.

Ecopetrol y Cenit deben informar cómo hicieron el cálculo, desde cuándo se presenta la pérdida, cuál ha sido su evolución y qué autoridades recibieron los reportes. Si la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares o los organismos de inteligencia fueron alertados, deberán explicar qué hicieron con esa información.

El pronunciamiento presidencial utiliza todavía expresiones condicionales: los barriles “estarían” siendo hurtados; los delincuentes “estarían” utilizando caravanas y el combustible “puede estar” conectado con el narcotráfico. Por eso las cifras deben atribuirse al Presidente mientras el Gobierno presenta los soportes que permitan comprobarlas independientemente.

La contundencia del mensaje no sustituye la evidencia.

La ruta no nació ayer

En septiembre de 2020, Ecopetrol ya identificaba el Pozos Colorados–Galán como uno de los sistemas más afectados por conexiones ilegales. La empresa ubicó perforaciones en Ciénaga y Aracataca, en Magdalena, y en Aguachica y Río de Oro, en Cesar.

La geografía del saqueo estaba trazada.

Las autoridades también han desarrollado operaciones contra organizaciones que extraían combustible del mismo poliducto. Una de ellas identificó una estructura liderada por alias Tuta, señalada de beneficiar al ELN. El producto era transportado en bidones y vehículos no convencionales hacia El Tarra, Teorama, Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, donde se almacenaba para su comercialización ilegal.

La conexión entre el poliducto, Cesar, el Catatumbo y una organización armada no apareció por primera vez en el mensaje presidencial. Ya figuraba en investigaciones divulgadas por las autoridades.

¿Qué ocurrió después?

¿La estructura fue realmente desmantelada o solamente perdió algunos integrantes? ¿Quién heredó las rutas? ¿Cuántas válvulas fueron retiradas y cuántas reaparecieron? ¿Los compradores fueron identificados? ¿Las investigaciones llegaron hasta los financiadores y destinatarios finales?

La respuesta permitirá establecer si estamos ante una nueva organización o frente a una economía criminal que sobrevivió a los operativos anteriores.

El misterio de los 600 vehículos

La afirmación más espectacular y menos explicada del pronunciamiento es la existencia de caravanas de hasta 600 vehículos.

¿Qué representa exactamente esa cifra? ¿Se trata de una sola movilización, del universo de automotores identificados o de un acumulado mensual? ¿Son carrotanques, camiones acondicionados, camionetas o vehículos pequeños cargados con bidones? ¿Qué autoridad produjo el dato y mediante qué seguimiento?

La diferencia es sustancial. Una caravana simultánea de 600 automotores sería una operación gigantesca y difícilmente podría cruzar varios departamentos sin dejar registros. Si se trata de vehículos contabilizados durante semanas o meses, el Gobierno debe decirlo para no convertir una cifra sin contexto en una imagen engañosa.

En cualquiera de los escenarios quedan rastros en carreteras, cámaras, peajes, estaciones de servicio, puestos de control, parqueaderos, bodegas y comunicaciones.

También se necesita una organización capaz de reclutar conductores, controlar predios próximos al poliducto, almacenar millones de litros, conocer los ciclos de bombeo, financiar el transporte y garantizar la recepción del producto.

De comprobarse esa escala, será obligatorio investigar si la red sobrevivió únicamente mediante evasión o si se benefició de corrupción, filtraciones, omisión de controles o protección institucional. No corresponde señalar responsables sin pruebas, pero tampoco resulta creíble presentar semejante estructura como una reunión espontánea de delincuentes aislados.

El crédito y la responsabilidad de A.D.L.E.

El presidente De la Espriella merece crédito por poner el problema en la agenda nacional, ordenar una operación integral y exigir que la investigación no se detenga en quienes perforan la tubería.

También ha adquirido una responsabilidad desde este momento.

Su Gobierno deberá transparentar la información, publicar resultados verificables y evitar que la ofensiva termine medida únicamente en capturas, vehículos inmovilizados y galones recuperados. El país necesita conocer los puntos críticos, las estructuras involucradas, los bienes afectados con extinción de dominio, los procesos judiciales y la cantidad de combustible que realmente llegó al narcotráfico.

La responsabilidad histórica de los gobiernos anteriores, de las antiguas administraciones de Ecopetrol y de quienes recibieron las alertas debe investigarse. Pero el pasado explica cómo creció el problema; ya no puede servir como excusa para los resultados del presente.

El verdadero éxito no será encontrar otra manguera enterrada. Será llegar hasta los dueños del negocio, sus financiadores, compradores, aliados y protectores.

Porque si un delincuente perfora un tubo, estamos ante un hurto. Si una organización moviliza millones de litros, atraviesa departamentos y abastece la economía de la cocaína, estamos ante una empresa criminal. Y si esa empresa creció durante años frente a los controles del Estado, ya no basta con preguntar quién robó el combustible.

Hay que preguntar quiénes sabían, quiénes callaron y quiénes dejaron pasar la caravana.