LA REFORMA SIGUE, PERO YA LE QUITARON LOS DIENTES

Lo que viene para Colombia en materia laboral durante los tiempos del tigre

Abelardo de la Espriella no necesita derogar la reforma laboral de Gustavo Petro para cambiar su orientación. Puede conservar los derechos escritos mientras modifica los reglamentos, debilita la vigilancia y abre camino a la contratación por horas. La Resolución 2708 no fue una limpieza burocrática aislada: fue la primera señal del modelo que viene.

Por Víctor Rodríguez Fajardo
El Man del Sombrero

Abelardo de la Espriella necesitó menos de dos semanas para mostrar hacia dónde pretende conducir la política laboral colombiana. No presentó una nueva reforma ni pidió al Congreso eliminar los recargos nocturnos, dominicales o festivos. Le bastó una resolución.

El 20 de agosto, el Ministerio del Trabajo derogó once circulares expedidas durante la administración de Gustavo Petro. La Resolución 2708 fue presentada como un ejercicio de depuración normativa, seguridad jurídica y respeto por las competencias del Congreso.

El argumento tiene sustento: una circular orienta la aplicación de la ley, pero no puede crear obligaciones inexistentes. El Gobierno sostiene que Petro utilizó ese mecanismo para imponer procedimientos y cargas que excedían las facultades del Ministerio.

Pero el periodismo no puede detenerse en la explicación jurídica.

¿Por qué una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno consistió en retirar simultáneamente instrumentos relacionados con estabilidad laboral reforzada, horas extras, trabajo doméstico, vigilancia privada, plataformas digitales, garantías sindicales, negociación colectiva y debido proceso antes del despido?

La selección revela una prioridad. La velocidad revela una intención. Y la celebración de los gremios empresariales muestra hacia qué lado comienza a inclinarse la balanza.

El tigre no atacó la reforma laboral de frente. Primero le quitó los dientes al Ministerio encargado de hacerla cumplir.

Dos modelos enfrentados

Petro partía de una idea clásica del derecho laboral: entre empleador y trabajador existe una desigualdad estructural y el Estado debe intervenir para equilibrarla. Por eso fortaleció la inspección, elevó recargos, limitó algunas formas de contratación y amplió las garantías sindicales.

Abelardo comienza desde el extremo contrario. Para su Gobierno, la regulación excesiva, los mayores costos y la intervención administrativa pueden obstaculizar la contratación. En la nueva doctrina, el empleador pasa a ocupar el lugar del generador de empleo que necesita confianza, flexibilidad y menores cargas.

El terreno está preparado: Colombia llega a este cambio con una informalidad laboral del 54,5 %, según el DANE para el trimestre abril-junio de 2026. Esa realidad será el principal argumento para presentar la flexibilización y el trabajo por horas como mecanismos de formalización.

La orientación fue anunciada desde la campaña. Abelardo y su fórmula vicepresidencial plantearon flexibilizar la vinculación, revisar los parafiscales, reducir cargas empresariales e implementar el trabajo por horas.

Al designar a Natalia López, De la Espriella anunció que lideraría una “transformación profunda” en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo.

La frase no fue casual. Colocó en el mismo plano la protección laboral y la viabilidad empresarial. La primera decisión de la ministra mostró cómo empieza a resolverse esa tensión.

Natalia López no es una simple ejecutora

La Resolución 2708 lleva la responsabilidad política de Natalia López. No puede ser presentada como una funcionaria que apenas organizó unos archivos heredados.

Su primera gran decisión no consistió en fortalecer la inspección ni en expedir nuevas garantías, sino en retirar once lineamientos que el Gobierno consideraba extralimitados.

La ministra asegura que ningún derecho fue reducido. Las centrales obreras advierten que eliminar las rutas de actuación deja vacíos en la protección efectiva de los trabajadores.

López tendrá que demostrar si prepara instrumentos jurídicamente más sólidos para reemplazar las circulares o si la depuración termina convertida en una desregulación silenciosa.

Si los lineamientos no son sustituidos, ya no podrá hablarse únicamente de corrección normativa. El vacío también sería una política.

El trabajo por horas será la primera batalla

La evidencia más directa apareció durante el empalme. Charles Chapman, integrante del equipo laboral del presidente electo, confirmó que dentro de la Ley 2466 quedaron “ventanas” para reglamentar la cotización por horas.

“Ya está listo el tema y lo está revisando el equipo de empalme”, aseguró antes de la posesión.

La paradoja es evidente: Abelardo puede utilizar artículos aprobados dentro de la reforma de Petro para conducir el mercado laboral hacia un modelo contrario al que defendía el expresidente.

La propuesta será presentada como una oportunidad para jóvenes, mujeres cuidadoras, trabajadores rurales, pequeños negocios y personas que sobreviven en la informalidad. El argumento será sencillo: es preferible cotizar por algunas horas que permanecer completamente por fuera de la seguridad social.

El problema surgirá si el trabajo por horas no se limita a formalizar actividades ocasionales, sino que comienza a sustituir empleos completos.

Un restaurante podría contratar solo durante las horas de mayor demanda. Un almacén reforzaría su personal los fines de semana. Una empresa repartiría entre varias personas las funciones que antes cumplía un trabajador permanente.

Las estadísticas podrían registrar más contratos y cotizantes. Pero habría que preguntar cuántas personas logran reunir ingresos suficientes, continuidad laboral y semanas completas para pensionarse.

La disputa no será entre formalidad e informalidad. Será entre una formalidad con estabilidad y otra administrada por horas.

Derechos vigentes, protección debilitada

La jornada máxima de 42 horas sigue vigente. También el recargo nocturno desde las siete de la noche, el dominical y festivo del 90 %, la estabilidad reforzada y las garantías sindicales.

Pero un derecho no vive solamente porque aparezca escrito. Necesita procedimientos, inspectores, registros y autoridades capaces de hacerlo cumplir.

Esa vigilancia descansa sobre cerca de 1.300 inspectores distribuidos en 36 direcciones territoriales para atender un mercado de más de 24 millones de ocupados. Si la capacidad ya es limitada, retirar las rutas uniformes de actuación puede hacerla todavía más frágil.

Cuando se elimina el protocolo para autorizar un despido o la instrucción para controlar las horas extras, el derecho no desaparece, pero su exigibilidad se vuelve más incierta.

El trabajador deberá probar más. El empleador tendrá mayor margen para interpretar. El inspector perderá una ruta uniforme. Y numerosos conflictos terminarán ante jueces que pueden tardar años en resolverlos.

Abelardo todavía no ha borrado las conquistas de la reforma. Comenzó a modificar el aparato estatal que las convertía en realidad.

Los sindicatos también deben mirar la señal

Otro frente será la negociación colectiva por sectores económicos establecida por Petro mediante el Decreto 234 de 2026.

Ese modelo permite negociar condiciones para sectores completos y establece pliegos unificados, convenciones sectoriales y cuotas por beneficio para trabajadores no afiliados.

Para Petro, era una forma de llevar la negociación colectiva a quienes nunca han pertenecido a un sindicato. Para sectores empresariales y jurídicos, impuso obligaciones generales sin suficiente respaldo legal.

Aunque Abelardo no ha derogado el decreto, varias de las circulares eliminadas trataban sobre libertad sindical, convenciones colectivas y comisiones negociadoras. Las señales apuntan hacia una revisión.

La próxima estación puede ser limitar la negociación sectorial, reducir sus efectos obligatorios o esperar que el Consejo de Estado resuelva las demandas existentes.

El salario mínimo mostrará hasta dónde llega el tigre

A finales de 2026 llegará la prueba más clara: el salario mínimo de 2027.

Petro convirtió sus aumentos reales en una bandera política. Abelardo recibirá la presión de los gremios que atribuyen a la reforma, la reducción de jornada y el aumento salarial mayores costos, ajustes de nómina y menor contratación formal.

Tendrá que escoger entre mantener incrementos reales significativos o regresar a una fórmula cercana a inflación y productividad.

No será una discusión técnica. La cifra revelará quién absorberá el costo del nuevo modelo: el empresario mediante mayores salarios o el trabajador mediante la moderación de sus ingresos.

El desmonte será gradual

Una ofensiva inmediata contra los recargos o la jornada de 42 horas tendría un costo político enorme y necesitaría mayorías en el Congreso. Por eso el itinerario más probable es otro.

Primero, revisar circulares y resoluciones. Después, reglamentar las zonas grises de la ley. Luego, reorientar la inspección y modificar decretos. Finalmente, si consigue respaldo político, presentar una reforma bajo el lenguaje de la modernización y la creación de empleo.

No hablarán de quitar derechos. Hablarán de eliminar rigideces.

No anunciarán precarización. Prometerán oportunidades.

No dirán que buscan trabajadores más baratos. Dirán que quieren empresas capaces de contratar.

La obligación periodística será verificar si las nuevas modalidades incorporan a personas excluidas o reemplazan empleos estables; si la menor intervención elimina abusos burocráticos o deja al trabajador solo; y si la seguridad jurídica protege a las dos partes o sirve para debilitar la inspección.

Petro entendía que el trabajo necesitaba mayor protección frente al capital. Abelardo considera que el capital necesita mayor libertad para producir trabajo.

El tigre no necesita derribar toda la casa de Petro. Puede conservar la fachada, cambiar las puertas, retirar las cerraduras y dejar que el mercado decida quién logra permanecer adentro.

Y ese proceso, aunque todavía lo llamen depuración jurídica, ya comenzó.