BECHO PASÓ AL TABLERO Y SE RAJÓ

Ciénaga lleva años administrando una educación pública que no consigue salir del rezago. Los alcaldes cambian, los presupuestos crecen y los planes de mejoramiento se suceden, pero los resultados permanecen. Ahora gobierna Luis Alberto Fernández Quinto, un hombre que fue docente, prometió modernizar los colegios y hasta declaró 2025 como el año de la educación. Dos años después, Saber 11 muestra que la escuela oficial sigue prácticamente donde estaba, mientras la brecha con la educación privada se dispara. Y Ciénaga está a las puertas de recibir nuevos recursos por su actividad portuaria.

Por Víctor Rodríguez Fajardo — El Man del Sombrero

Hay una tragedia silenciosa en Ciénaga que no comenzó ayer, no pertenece exclusivamente al gobierno de Luis Alberto Fernández Quinto y tampoco puede seguir utilizándose como herencia para justificar a quienes sucesivamente han tenido en sus manos la posibilidad de corregirla. Durante años, la educación pública del municipio ha permanecido atrapada en resultados mediocres, mientras cambian alcaldes, secretarios de Educación, planes de desarrollo, presupuestos, programas, contratos y discursos.

Las cifras históricas describen mejor el problema que cualquier discurso. El sector oficial registró 216,7 puntos en Saber 11 en 2018; 217,4 en 2019; 217,5 en 2020; 213,7 en 2021; 213,8 en 2022 y 216,5 en 2023. No estamos frente a un mal año ni ante una caída accidental, sino ante un sistema que durante seis años fue incapaz de romper una franja de bajo desempeño. El diagnóstico previo al actual gobierno era igualmente preocupante: para 2022, el 82,1 % de las sedes educativas de Ciénaga estaba ubicado en las categorías C y D de Saber 11, frente a un 53,2 % nacional.

Ese comportamiento compromete políticamente a las administraciones que antecedieron a Fernández Quinto porque los resultados sobrevivieron a todas ellas. La educación se administró, se pagaron maestros, funcionaron las escuelas y hubo programas para intentar mejorar el desempeño, pero no apareció una política pública capaz de producir un salto sostenido en aprendizaje. El problema histórico de Ciénaga no parece haber sido únicamente cuánto dinero entró al sistema, sino qué prioridad tuvieron la calidad y los resultados dentro de la manera de gastarlo.

El archivo de Opinión Caribe permite comprobar que durante el gobierno de Luis Alberto Tete Samper hubo intentos concretos de intervenir el desempeño académico. En 2020, por ejemplo, la Alcaldía gestionó la gratuidad de Saber 11 para más de 1.185 estudiantes de grado once y puso en marcha la estrategia “Avanza con el Saber”, dirigida a estudiantes de todas las instituciones educativas oficiales y enfocada precisamente en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales e Inglés. No consiguió romper estructuralmente el rezago, como posteriormente demostrarían los resultados, pero constituye un antecedente que debe formar parte de la evaluación histórica: Ciénaga lleva años probando programas sin conseguir convertirlos en una política sostenida de calidad.

Con esa pesada herencia llegó Becho el primero de enero de 2024. Desde ese día, sin embargo, la herencia dejó de ser explicación suficiente y comenzó su propio examen. Su condición de docente hace particularmente llamativa esta historia. No es una etiqueta inventada para titular: el propio archivo de Opinión Caribe registraba desde 2020 que Fernández Quinto había sido docente catedrático del INFOTEP y ejercido docencia en programas de Administración de Empresas y Administración Pública de la CUN. Incluso participó en el comité evaluador del Foro Educativo Municipal de Ciénaga.

Becho tampoco llegó a la Alcaldía desconociendo la importancia política de la educación. Durante la campaña de 2023 participó en el foro de candidatos organizado por INFOTEP, donde la educación estuvo expresamente entre los ejes sometidos a consideración de quienes aspiraban a gobernar Ciénaga. Opinión Caribe estuvo allí y registró su participación.

Ya como alcalde, su administración conocía perfectamente el diagnóstico y durante 2024 reunió rectores para discutir cobertura, infraestructura, calidad y las metas del Plan de Desarrollo. Posteriormente anunció cambios de rectores, destacó los estudiantes con altos puntajes y proclamó que 2025 sería “el año de la educación” en Ciénaga, acompañado de inversiones en infraestructura y proyectos para fortalecer los procesos académicos. La vara con la cual medirlo, por tanto, no la está inventando Opinión Caribe: la puso su propio gobierno.

EL AÑO DE LA EDUCACIÓN TERMINÓ EN 213,5

La serie 2023-2025 del sector oficial resulta incómoda. Becho recibió en 2023 una educación pública que promediaba 216,5 puntos. En su primer año, 2024, subió marginalmente a 217,4. En 2025, precisamente el que su administración había anunciado como “el año de la educación”, cayó a 213,5. La secuencia completa es 216,5–217,4–213,5: después de dos años de gobierno, el indicador aparece tres puntos por debajo de donde lo encontró.

No conviene convertir esos tres puntos en un supuesto desplome porque el problema que revelan los datos es más profundo. Ciénaga continúa instalada prácticamente en la misma zona donde estaba en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Siete años de resultados permiten hablar de un estancamiento estructural de la educación pública, y el gobierno del profesor Becho, hasta 2025, tampoco produjo la ruptura que había anunciado.

El contraste regional ayuda a dimensionarlo. Cuando el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte comparó exclusivamente el sector oficial de las Entidades Territoriales Certificadas del Caribe en 2024, Ciénaga obtuvo 45,03 en Matemáticas y 44,59 en Ciencias Naturales y terminó en el puesto 20 entre 23 ETC. Solamente Bolívar, Magdalena y Uribia quedaron después. Montería obtuvo 55,54 en Matemáticas; Valledupar 52,89; Barranquilla 52,49; Ciénaga, apenas 45,03.

Eso ya no es percepción política ni una encuesta sobre la imagen del alcalde. Son resultados académicos que muestran que la educación oficial de Ciénaga permanece rezagada incluso cuando se compara con una región Caribe que también carga profundas desigualdades educativas.

DOS CIÉNAGAS EN EL MISMO MUNICIPIO

Hay una cifra todavía más preocupante porque introduce el componente social de la desigualdad. Si se mezclan colegios públicos y privados, el promedio general de Ciénaga pasó de 225,2 en 2023 a 227,5 en 2025. A primera vista podría presentarse como una mejora, pero separar los dos sistemas descubre quién está empujando el promedio hacia arriba.

En 2023, los establecimientos oficiales registraban 216,5 puntos y los privados 236,4, una diferencia de 19,9 puntos. En 2024 la distancia fue de 16,6 puntos. Para 2025, mientras el sector oficial cayó a 213,5, el privado llegó a 252. La brecha se abrió hasta 38,5 puntos.

Esta es probablemente la cifra socialmente más grave de la investigación. Mientras la educación privada avanzó 15,6 puntos entre 2023 y 2025, la pública retrocedió tres. El promedio municipal puede entonces mejorar mientras la escuela de Pedro Pueblo empeora. Dos jóvenes nacidos en Ciénaga, sometidos finalmente a la misma prueba, están creciendo dentro de sistemas cuyos resultados se separan cada vez más dependiendo, entre otros factores, de si sus familias pueden pagar educación privada.

EL PROBLEMA TAMPOCO ES QUE LO PÚBLICO NO PUEDA FUNCIONAR

Dentro de la propia educación oficial de Ciénaga aparecen casos que desmontan una explicación cómoda. La Técnica de Comercio Virginia Gómez pasó de 258,6 puntos en 2023 a 267,1 en 2024 y 269,7 en 2025. San Pedro de la Sierra pasó de 245,2 a 266,5 entre 2023 y 2025, mientras Darío Torregroza Pérez avanzó de 213,9 a 226,6. En contraste, Isaac J. Pereira terminó 2025 en 216,9 y El Carmen en 207,6.

No estamos, entonces, ante la imposibilidad de que un colegio público cienaguero produzca buenos resultados. El propio sistema ofrece ejemplos de instituciones que progresan mientras otras permanecen rezagadas. Eso convierte la dispersión en un problema de política pública: ¿qué hacen bien Virginia Gómez, San Pedro de la Sierra o Darío Torregroza?, ¿qué papel cumplen sus rectores y docentes?, ¿qué condiciones académicas y territoriales explican su avance?, ¿qué ha aprendido la Secretaría de Educación de esas experiencias y qué estrategia existe para trasladarlas a los establecimientos con peores desempeños?

Este interrogante tiene incluso antecedentes. Opinión Caribe registró en 2020 experiencias pedagógicas de instituciones oficiales como San Juan del Córdoba, Isabel de la Trinidad, El Carmen, Kennedy y Virginia Gómez dentro del Foro Educativo Municipal. Es decir, Ciénaga lleva años identificando experiencias educativas dentro de sus propios colegios. El problema es que esa capacidad de reconocer buenas prácticas no ha conseguido convertirse en una política que eleve de manera homogénea el conjunto del sistema.

LA PLATA Y LAS PRIORIDADES

Ciénaga maneja recursos educativos importantes. En 2024, la administración del servicio público educativo tenía programados alrededor de $90.646 millones, además de aproximadamente $11.286 millones para alimentación escolar, $834 millones para conectividad, $663 millones para actividades de calidad y $379 millones para transporte escolar.

No tendría sentido sumar esas cantidades y afirmar que el alcalde dispone libremente de todo ese dinero para mejorar Saber 11. Buena parte de la bolsa educativa proviene del Sistema General de Participaciones y está comprometida en nómina docente, funcionamiento y prestación del servicio. Para medir voluntad política hay que mirar con mayor atención las partidas donde la administración posee capacidad efectiva de priorización y aquellas dirigidas específicamente a calidad.

Para 2026 aparece una apuesta presupuestal importante: $12.000 millones para infraestructura escolar, $2.000 millones para formación docente, $2.000 millones para bilingüismo y $1.000 millones para Preicfes. Son $17.000 millones programados en cuatro líneas relevantes, pero un Plan Anual de Adquisiciones demuestra programación y no ejecución. Por eso la administración debe explicar cuánto de ese dinero está contratado, pagado, ejecutado y convertido efectivamente en servicios para maestros y estudiantes.

Ahí aparece el Festival Nacional del Caimán, no como enemigo de la educación ni como gasto que deba desaparecer, sino como una referencia concreta de voluntad política. El Caimán es patrimonio, identidad, turismo, economía y memoria colectiva de Ciénaga. Debe preservarse. Pero durante los tres festivales celebrados bajo el gobierno Fernández Quinto hemos identificado al menos $9.645 millones en contratos municipales asociados directamente con realización y seguridad: aproximadamente $2.727 millones en 2024, $3.117 millones en 2025 y $3.801 millones en 2026.

La comparación relevante no es entre esos $9.645 millones y todo el presupuesto educativo, porque sería engañosa. El punto de referencia está en la capacidad del gobierno para convertir una prioridad en recursos y ejecución. Frente a los tres Caimanes ya realizados, para todo 2026 aparecen programados $2.000 millones para formación docente, $2.000 millones para bilingüismo y $1.000 millones para Preicfes. Esos tres programas directamente relacionados con mejoramiento académico suman $5.000 millones. Los tres Caimanes equivalen a 1,93 veces esa cifra y solamente el festival de 2026 representa aproximadamente el 76 % de esas tres apuestas pedagógicas juntas.

Nadie está proponiendo cambiar tamboras por tableros. Estamos preguntando por voluntad política. El Caimán demuestra que cuando una administración considera indispensable una actividad encuentra recursos, adelanta contratación y consigue que ocurra cada año. La educación pública merece, como mínimo, la misma determinación administrativa.

DEL PUERTO A LA ESCUELA

La discusión adquiere mayor importancia porque Ciénaga está entrando en una etapa económica distinta. El municipio ya recibe recursos derivados de su condición portuaria y su planeación presupuestal registra partidas provenientes de contraprestaciones de concesiones. A ello se suma la nueva concesión de Río Córdoba, concebida como terminal multipropósito, con una inversión proyectada superior a 82 millones de dólares y un horizonte contractual de treinta años.

La pregunta debe formularse antes de que esos nuevos ingresos terminen dispersos entre decenas de necesidades: ¿qué parte de la riqueza que generan los puertos quedará convertida en conocimiento para los cienagueros? Un municipio puede movilizar millones de toneladas, recaudar contraprestaciones, atraer inversiones y seguir siendo pobre si su gente no desarrolla el capital humano necesario para apropiarse de esa riqueza.

Ciénaga tiene ahora una oportunidad para romper una historia que ningún alcalde reciente ha conseguido modificar. Parte de los nuevos recursos extraordinarios puede convertirse en una política de calidad de largo plazo que no dependa de contratos aislados: medición permanente de aprendizajes desde los primeros grados, fortalecimiento intensivo de Matemáticas y Lectura Crítica, formación docente vinculada a resultados, acompañamiento a rectores, bilingüismo evaluable, conectividad efectiva, intervención diferenciada de los colegios rezagados y transferencia de las prácticas de las instituciones oficiales que ya demostraron que sí pueden mejorar.

LA DENUNCIA ES EL ESTANCAMIENTO

La denuncia periodística no consiste en responsabilizar a Becho por siete años de malas pruebas. Consiste en señalar que Ciénaga ha normalizado durante demasiado tiempo una educación pública mediocre, mientras las administraciones sucesivas ejecutan presupuestos, anuncian programas y ensayan estrategias sin conseguir alterar estructuralmente el resultado. Y consiste también en advertir que el actual alcalde ya no está en condiciones de esconderse detrás de esa historia.

Becho conocía el diagnóstico, fue docente, discutió educación durante la campaña, prometió modernizar los colegios, reunió a los rectores, anunció estrategias para compartir buenas prácticas y declaró 2025 como el año de la educación. Dos años después, el sector oficial pasó de 216,5 a 213,5 puntos, la brecha con el privado llegó a 38,5 y Ciénaga continúa apareciendo entre las ETC rezagadas del Caribe.

Por eso los dos años restantes no pueden consumirse administrando el mismo problema. La Secretaría de Educación debe explicar públicamente qué ocurrió con los resultados de 2025, cuánto se ha ejecutado de formación docente, bilingüismo, Preicfes e infraestructura, qué colegios serán intervenidos prioritariamente, qué prácticas de las instituciones exitosas serán replicadas y cuáles son las metas cuantificables que el alcalde se compromete a entregar en Saber 11 antes de terminar su mandato.

El Festival del Caimán seguirá siendo una referencia útil, no porque Ciénaga deba dejar de bailar, sino porque demuestra que las prioridades políticas pueden conseguir recursos y convertirse en hechos. Ahora que también se abre una nueva perspectiva de ingresos portuarios, ya no basta con anunciar que la educación es importante. Hay que demostrarlo en el presupuesto, en la ejecución y finalmente en el aprendizaje.

Luis Alberto Fernández Quinto recibió una educación pública rajada y no fue él quien puso aquella primera mala nota. Pero el profesor ya lleva más de medio mandato sentado del otro lado del escritorio. Los resultados de 2024 y 2025 pertenecen también a su tiempo de gobierno y hasta ahora no muestran la transformación anunciada.

Ciénaga lleva demasiados años esperando que alguien cambie la historia. Tiene colegios públicos que demostraron que se puede, tiene recursos, tiene nuevas rentas en perspectiva y tiene un alcalde que conoce las aulas porque alguna vez estuvo frente a ellas. Esta vez no faltan diagnóstico ni oportunidades.

Becho pasó al tablero. Y hasta ahora, se rajó.