FOTOMULTAS: EL NEGOCIO QUE ATROPELLÓ A PEDRO PUEBLO

Más de 7,5 millones de comparendos están bajo investigación en Colombia. Pero Ciénaga muestra el rostro más grave del modelo: cámaras presuntamente irregulares, un concesionario que habría recibido el 50 % del recaudo, un posible detrimento de $21.972 millones, copias enviadas a la Fiscalía y cuatro administraciones conviviendo con el negocio.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Las fotomultas nacieron para reducir accidentes, controlar conductas peligrosas y proteger vidas.

Ese era el espíritu.

Pero la criatura creció, cambió de naturaleza y terminó convertida en negocio. En demasiadas ciudades, las cámaras dejaron de instalarse donde podían evitar muertes y comenzaron a aparecer donde garantizaban comparendos. El conductor quedó atrapado en un sistema que fotografía primero, cobra después y lo obliga a demostrar, casi siempre tarde y por su cuenta, que la sanción pudo ser irregular.

El pasado 23 de agosto, el Gobierno nacional anunció una revisión integral de las fotomultas: autorizaciones, señalización, límites de velocidad, siniestralidad, sustento técnico y condiciones de los corredores.

La revisión es necesaria, pero el diagnóstico ya existe.

En mayo de 2026, la Superintendencia de Transporte abrió investigación contra 37 organismos de tránsito. Encontró sistemas que comenzaron a operar sin concepto de desempeño, otros que utilizaron documentos expedidos a terceros y organismos que obtuvieron la certificación técnica después de empezar a imponer comparendos.

La actuación puso bajo la lupa más de 7,5 millones de fotocomparendos. De ellos, 5.832.906 no habían sido pagados y, según la Superintendencia, deberán perder validez y ser revocados de oficio. Otros 1.582.398 ya fueron cancelados, representando un recaudo superior a $1,05 billones que podría tener que ser devuelto.

Detrás de cada cifra existe un trabajador que pagó para evitar intereses, embargos o bloqueos en sus trámites; un motociclista que depende de su vehículo; un transportador obligado a escoger entre defenderse o seguir trabajando.

Ese es Pedro Pueblo.

Diez días después, la Superintendencia abrió otras doce investigaciones por cámaras que habrían operado sin autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o con permisos vencidos.

El Estado ya identificó organismos, periodos cuestionados, requisitos presuntamente incumplidos, comparendos expedidos y dinero recaudado.

No falta volver a revisar.

Falta resolver.

Del país al Magdalena

El Magdalena no aparece como espectador. Cuatro de sus organismos quedaron incluidos en la investigación nacional: la Secretaría de Movilidad de Santa Marta, la Oficina de Tránsito y Transporte Departamental, el Instituto de Tránsito de Fundación y el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga.

Pero Ciénaga exige detenerse.

Allí no estamos únicamente ante cámaras bajo revisión. Estamos frente a una concesión cuestionada por la Contraloría, hallazgos con posible incidencia fiscal, disciplinaria y penal, comparendos presuntamente impuestos sin autorización vigente, un particular favorecido con una participación extraordinaria en el recaudo y un instituto de tránsito intervenido.

Ciénaga es la geopolítica parroquial de las fotomultas: el lugar donde el gran negocio nacional deja de ser estadística y muestra sus dientes.

Primero cobraron

Intraciénaga figura entre los 37 organismos investigados. El periodo delimitado comprende los fotocomparendosimpuestos entre el 8 de agosto de 2019 y el 26 de mayo de 2021.

La actuación cuestiona el cumplimiento oportuno del concepto de desempeño que debía acreditar la confiabilidad de la tecnología utilizada para sancionar.

Dicho sencillamente: existen dudas oficiales sobre si las cámaras contaban con el respaldo técnico exigido cuando comenzaron a fotografiar, multar y cobrar.

No es un papel irrelevante. Si la tecnología no tenía oportunamente el concepto requerido, los ciudadanos fueron sancionados mediante equipos cuya operación no había cumplido integralmente las condiciones legales.

El problema tampoco quedó enterrado en 2021. La Superintendencia encontró que un dispositivo identificado como FLICKDRUM habría generado 1.152 órdenes de comparendo entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, pese a no contar con autorización vigente.

Son dos periodos y una misma alarma: cámaras cuestionadas entre 2019 y 2021 y nuevas órdenes de comparendo presuntamente expedidas sin autorización durante 2024.

¿Cuántas veces debe aparecer la irregularidad antes de apagar la cámara?

La concesión del 50 %

La Contraloría del Magdalena examinó el contrato mediante el cual se estructuró el sistema de fotodetección de Ciénaga. Su actuación especial estableció 13 hallazgos administrativos, varios con posible incidencia fiscal, disciplinaria y penal, y calculó un presunto detrimento patrimonial de $21.972.724.823.

Uno de los puntos centrales está en la remuneración reconocida a Ciénaga Movilidad Segura S.A.S.

Según la Contraloría, el contrato le habría permitido recibir el 50 % del recaudo generado por las fotomultas, aunque la Ley 1843 de 2017 estableció un límite del 10 % para la contraprestación entregada a particulares.

La participación cuestionada sería cinco veces superior al tope legal.

La inversión inicial reportada por el concesionario habría sido cercana a $2.299 millones. Sin embargo, durante la ejecución recibió más de $20.908 millones.

Una inversión se multiplicó mientras miles de conductores pagaban comparendos y el patrimonio público habría sufrido un daño superior a $21.972 millones.

La seguridad vial terminó convertida en renta.

El recorrido de la plata

Los recaudos ingresaban a un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria. Desde allí se giraban los recursos al concesionario y a Intraciénaga. Los estados contables del instituto reflejaban principalmente lo que finalmente le era transferido, pero no todo el movimiento económico generado por las cámaras.

Para conocer cuánto producía realmente el negocio, los auditores tuvieron que reconstruir el recorrido del dinero.

El informe estableció ingresos brutos superiores a $42.596 millones hasta noviembre de 2025. También señaló que mediante modificaciones contractuales se habrían entregado al concesionario facultades relacionadas con el cobro de obligaciones. El particular no solo instalaba equipos o procesaba fotografías: habría penetrado funciones propias de la autoridad de tránsito.

La Contraloría detectó, además, una posible omisión en la liquidación y pago de la estampilla Pro-Hospital, con un detrimento estimado en más de $285 millones, junto con debilidades en la supervisión, falta de soportes y vacíos en los controles institucionales.

Las conclusiones fueron trasladadas a los organismos competentes. Se compulsaron copias a la Fiscalía y la Procuraduría para establecer posibles responsabilidades penales y disciplinarias.

Las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades y la presunción de inocencia permanece intacta. Pero los hallazgos existen, las copias fueron compulsadas y los $21.972 millones de presunto detrimento no pueden esconderse detrás de otro comunicado.

El contrato tuvo padrinos y responsables políticos

La concesión no se administró sola. Tuvo directores, supervisores, miembros de junta y responsables políticos. Atravesó cuatro administraciones correspondientes a tres alcaldes, porque uno ocupó el cargo dos veces.

No todos tienen la misma responsabilidad. Tampoco puede afirmarse que cada alcalde firmó directamente los documentos: Intraciénaga es una entidad descentralizada, con dirección y junta propias.

Pero ninguna administración puede declararse completamente ajena a una concesión que comprometió funciones públicas, produjo más de $42.000 millones y permaneció doce años funcionando.

Luis Tete: aquí nació la criatura

Luis Alberto Tete Samper gobernó entre 2012 y 2015. Durante su primera administración se adelantó la Licitación Pública 1001 de 2014 y se adjudicó a Ciénaga Movilidad Segura S.A.S. la modernización tecnológica de Intraciénagay la implementación del sistema de fotodetección.

También en 2014 se suscribió el Otrosí número 1, señalado por la Contraloría como pieza central del modelo financiero cuestionado. Esa modificación permitió que el recaudo ingresara al patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria y desde allí se distribuyera entre el instituto y el concesionario.

Eso no significa que el entonces alcalde haya cometido un delito. Pero el contrato y la arquitectura posteriormente cuestionada nacieron durante su administración.

Edgardo Pérez: la ley cambió, el negocio no

Edgardo “Nene” Pérez Díaz gobernó entre 2016 y 2019. Recibió la concesión funcionando y la mantuvo durante su administración.

En 2017 entró en vigencia la Ley 1843, que limitó al 10 % la contraprestación reconocida a los particulares. Según la Contraloría, en Ciénaga el concesionario continuó recibiendo el 50 %.

La pregunta para Pérez no es por qué creó el contrato. No lo creó. La pregunta es qué hizo su administración cuando apareció una ley que fijaba un límite cinco veces inferior al porcentaje recibido por el particular.

¿Intraciénaga revisó el contrato? ¿La junta ordenó ajustarlo? ¿Los supervisores advirtieron la incompatibilidad? ¿El alcalde conoció la situación?

Y si nadie actuó, ¿por qué?

Tete regresó y encontró su propia criatura

Tete volvió a la Alcaldía entre 2020 y 2023. Ya conocía la concesión porque había nacido durante su primer gobierno. Cuando regresó, la Ley 1843 llevaba tres años vigente y el modelo del 50 % seguía produciendo dinero.

Durante su segundo mandato continuaron el recaudo, los pagos al concesionario y el patrimonio autónomo.

Tete tuvo cuatro años adicionales para revisar el negocio, ajustarlo a la ley, renegociarlo o intentar terminarlo.

No era una concesión encontrada en un cajón.

Era su propia criatura, ya adulta y cobrando.

Luis Fernández: el negocio estalló

Luis Fernández Quinto asumió en 2024. No creó la concesión, pero durante su gobierno estallaron sus consecuencias.

La Contraloría revisó la ejecución hasta noviembre de 2025 y detectó los 13 hallazgos, el presunto detrimento, el modelo financiero cuestionado y los pagos al concesionario. Durante esta administración, además, el dispositivo FLICKDRUM habría expedido 1.152 comparendos sin autorización vigente.

En junio de 2026, mediante la Resolución 7978, la Superintendencia intervino operativamente a Intraciénagadurante un año.

Fernández debe explicar cuándo conoció las irregularidades, qué decisiones adoptó y por qué Intraciénaga continuó promoviendo pagos, descuentos y cobros mientras avanzaban las investigaciones.

¿Por qué se incentivaba a Pedro Pueblo a pagar obligaciones cuya legalidad estaba siendo cuestionada?

Gobernar también consiste en responder por lo heredado.

¿Quiénes están detrás del concesionario?

Ciénaga Movilidad Segura S.A.S. es una sociedad registrada en Barranquilla y beneficiaria de una concesión que, según la auditoría, recibió más de $20.908 millones durante su ejecución.

Hasta ahora, los documentos consultados permiten identificar relaciones comerciales y litigiosas alrededor de la empresa, pero no establecer con certeza su composición accionaria actual ni sus beneficiarios finales.

Por esa razón, Opinión Caribe se abstiene de publicar nombres como presuntos socios sin contar con el certificado histórico de existencia y representación legal, el documento de constitución, el registro de accionistas y sus posteriores modificaciones.

La pregunta permanece abierta y será materia de una siguiente entrega:

¿Quiénes son los verdaderos dueños de la sociedad que recibió más de $20.908 millones provenientes de las multas pagadas por los conductores?

Que abran el contrato y las cuentas

Intraciénaga debe publicar el contrato original, todos sus otrosíes, las actas de su junta directiva y los informes de supervisión correspondientes a cada administración.

También debe revelar cuántos comparendos fueron impuestos durante los periodos cuestionados, cuáles cámaras los produjeron, cuánto pagaron los ciudadanos, cuánto recibió el concesionario, quién autorizó los giros, qué directores certificaron el cumplimiento, cuántas obligaciones siguen en cobro coactivo y quiénes son los beneficiarios finales del negocio.

Pedro Pueblo no puede ser obligado a contratar abogado y recorrer oficinas para descubrir una irregularidad que el Estado ya conoce.

Los comparendos bajo investigación deben suspenderse. Si se confirma su ilegalidad, deberán eliminarse de las bases de datos, levantarse los embargos y devolverse el dinero.

La restitución tampoco puede convertirse en otra carga para Ciénaga. Las autoridades deberán establecer qué recursos corresponden al concesionario, cuáles al organismo de tránsito y quién debe responder por devolverlos.

También debe medirse la supuesta seguridad vial: cuántos accidentes ocurrían antes de instalar las cámaras, cuántos después, cuántas vidas se salvaron y cuánto se invirtió en señalización, pedagogía y prevención.

Porque una cámara que produce millones, pero no reduce muertos ni heridos, no es una política pública.

Es una caja registradora.

Ciénaga ya mostró hasta dónde puede llegar el negocio.

La concesión nació durante la primera alcaldía de Luis Tete, sobrevivió al gobierno de Edgardo Pérez, continuó durante el segundo mandato de Tete y estalló bajo Luis Fernández.

Un particular habría recibido el 50 % del recaudo. La Contraloría calculó un presunto detrimento de $21.972 millones. Las copias llegaron a la Fiscalía y la Procuraduría. Intraciénaga terminó intervenido.

Las cámaras tenían postes, software y contratos.

También tuvieron alcaldes, directores, supervisores, concesionarios y beneficiarios.

Ya sabemos cuánto pagó Pedro Pueblo.

Ahora falta establecer quién firmó cada modificación, quién permitió que el negocio continuara y quién recibió cada peso.