ABELARDO LE HABLA AL BOLSILLO DE PEDRO PUEBLO

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Una de las principales razones del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella fue su estrategia comunicacional. Entendió mejor que sus adversarios que en política no basta con tener una propuesta: hay que saber contarla, convertirla en causa y lograr que el ciudadano común sienta que lo anunciado tiene relación con su vida diaria.

Esa fórmula le funcionó como candidato y, por lo visto esta semana, le sigue funcionando como presidente.

Abelardo escogió tres asuntos aparentemente técnicos —las fiducias estatales, las fotomultas y los trámites de tránsito— y los convirtió en capítulos de una misma batalla: la guerra contra la burocracia, la intermediación y los negocios construidos alrededor del Estado.

Difícilmente Pedro Pueblo se levanta pensando en Fiduagraria, Fiducoldex, el RUNT o el SIMIT. Pero sí entiende cuando le dicen que la plata pública puede terminar embolatada entre intermediarios, que una cámara de fotodetección puede convertirse en una trampa o que renovar una licencia cuesta más tiempo y dinero del razonable.

Ahí está el acierto comunicacional de Abelardo: traduce el idioma enredado del Estado al lenguaje directo del bolsillo.

LA PLATA NO PUEDE PERDERSE EN EL CAMINO

El primer frente fue el manejo de los recursos enviados por la Nación a gobernaciones y alcaldías. Abelardo lanzó una advertencia sencilla y contundente: no aceptará que se pierda un solo peso.

Detrás de la frase existe una discusión compleja sobre autonomía territorial, ejecución presupuestal, encargos fiduciarios, contratación y mecanismos de control. El presidente la redujo a una idea elemental: la plata destinada a una obra, un hospital, una escuela o un programa social debe llegar a su destino.

El Gobierno anunció vigilancia especial sobre los giros nacionales para impedir que los recursos terminen escondidos, demorados o desviados mediante fiducias, contratos opacos y cadenas de intermediación. Dentro de su plan de austeridad también aparecen Fiduagraria y Fiducoldex, cuyas estructuras podrían ser intervenidas, fusionadas o liquidadas.

Pero no se trata de dos oficinas marginales que puedan cerrarse bajando el interruptor. Fiduagraria informó en 2026 que había superado el billón de pesos en activos administrados y al cierre de 2025 contaba con 311 trabajadores: 252 de planta y 59 temporales.

En Fiducoldex, solamente dos patrimonios autónomos muestran el tamaño de lo que está en juego. Fontur reportaba activos cercanos a 1,2 billones de pesos a junio de 2025 e iNNpulsa Colombia cerró ese año con alrededor de 635.000 millones. Entre ambos sumaban aproximadamente 1,83 billones, sin contar los demás fondos administrados.

Esa plata no constituye el costo de funcionamiento de las fiduciarias ni está disponible para tapar el déficit fiscal. Son recursos administrados y, en muchos casos, comprometidos con programas, contratos y beneficiarios específicos.

La voz del otro lado también merece escucharse. Fiduagraria se presenta como una entidad que “contribuye al desarrollo sostenible del país, del sector rural y agropecuario”, mientras Fiducoldex defiende su pertenencia al Grupo Bicentenario bajo el argumento de “fortalecer a las entidades públicas” y apoyar la reactivación económica.

La revisión deberá hacerse, entonces, con bisturí y no con machete. Las fiducias no son corruptas por definición ni toda intermediación es inútil. El Gobierno tendrá que revelar cuánto cuestan realmente su nómina y operación, cuánto cobran en comisiones y qué funciones podrían trasladarse.

El volumen de activos administrados demuestra su importancia, pero no prueba que sean eficientes. Acusarlas de burocráticas tampoco demuestra que eliminarlas produzca ahorro.

La austeridad seria consiste en eliminar lo innecesario sin destruir lo que funciona.

LAS FOTOMULTAS ENTRARON EN LA MIRA

El segundo frente conecta todavía más fácilmente con Pedro Pueblo: las fotomultas.

Abelardo ordenó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar la legalidad, autorización y calibración de las cámaras instaladas en el país. También anunció que aquellas utilizadas como negocio, trampa recaudatoria o caja menor de particulares y administraciones territoriales deberán ser desmontadas.

El ciudadano dejó de ver muchas cámaras como herramientas para prevenir accidentes y comenzó a percibirlas como cazadores silenciosos de comparendos. Y no se trata solamente de una percepción.

En mayo de 2026, la Superintendencia de Transporte abrió investigaciones contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en sus sistemas de fotodetección. Más de 7,5 millones de comparendos quedaron bajo la lupa.

De ellos, 1.582.398 ya habían sido pagados y representaban recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Otros 5.832.906 perderían validez y tendrían que ser revocados de oficio, con un beneficio potencial para más de 1,4 millones de ciudadanos.

Cuando hay billones de pesos y millones de sanciones comprometidas, hablar de negocio recaudatorio deja de parecer una exageración.

Pero tampoco puede concluirse que toda cámara sea un atraco.

Una revisión de 28 estudios recopilada por Cochrane encontró reducciones en los choques después de instalar cámaras de velocidad. Cerca de los puntos vigilados, la disminución general de siniestros osciló entre 8 % y 49 %, aunque la mayoría de los estudios la situó entre 14 % y 25 %.

La ministra Noguera lo resumió con precisión: “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos”.

Ese es el punto: la discusión seria no es cámaras sí o cámaras no. Es cámaras legales, correctamente señalizadas, técnicamente justificadas y ubicadas donde exista un riesgo demostrado.

Quien excede la velocidad, se pasa un semáforo en rojo o pone en peligro la vida de otros debe responder. Pero una cosa es controlar para salvar vidas y otra escoger sitios estratégicos para multiplicar sanciones y alimentar contratos.

Cuando la seguridad vial se convierte en fachada del recaudo, pierde legitimidad. Desmontar indiscriminadamente sistemas que reducen accidentes también podría costar vidas.

¿MULTAS A MITAD DE PRECIO?

El Gobierno plantea reducir en un 50 % el valor de los comparendos y en un 25 % el costo de los cursos pedagógicos.

La propuesta aliviaría a familias para las cuales una sanción representa buena parte de sus ingresos. Las multas deben ser proporcionales y no pueden convertirse en condenas económicas impagables.

Pero una sanción también busca disuadir. Reducir su valor sin fortalecer la vigilancia, la identificación del infractor y la certeza del cobro podría debilitar el incentivo para respetar las normas. Una multa más barata, pero altamente probable, quizá sea más eficaz que una impagable que nunca se cobra. Lo que no puede suponerse es que rebajarla a la mitad carece de consecuencias.

El Gobierno deberá explicar con qué estudios fijó ese porcentaje y cómo evitará afectar la seguridad vial. Además, el alivio todavía no es una realidad: dependerá del nuevo Código de Tránsito, de su trámite en el Congreso y de la reglamentación posterior.

Abelardo ganó el primer tramo de la batalla al ponerse del lado del ciudadano. Ahora deberá demostrar que aliviar el bolsillo no significará abaratar la infracción.

EL PASE NO PUEDE SER UNA CONDENA A LOS TRÁMITES

El tercer frente es el laberinto de las licencias de conducción, el RUNT, el SIMIT y los costos asociados.

El presidente anunció un proyecto para extender la vigencia de las licencias a ocho o diez años. También ordenó revisar cobros, tarifas y posibles duplicidades en las plataformas que concentran la información de tránsito, además de la norma que redujo el plazo para realizar la primera revisión técnico-mecánica de los vehículos nuevos.

Para el Estado, cada requisito puede tener una justificación. Para Pedro Pueblo, la suma de certificados, exámenes, plataformas, intermediarios y renovaciones termina convertida en una peregrinación costosa.

El problema no es solamente cada tarifa, sino el ecosistema construido alrededor de las obligaciones. Cuando un ciudadano debe pagarles sucesivamente a distintas entidades para obtener un documento que el propio Estado exige, resulta razonable preguntar cuáles cobros son indispensables, cuáles están duplicados y cuáles sobreviven porque alguien convirtió el trámite en negocio.

Los operadores pueden alegar que sus tarifas financian infraestructura tecnológica, interoperabilidad y controles de seguridad. Si es así, deberán mostrar cuánto cuesta operar las plataformas, cuánto se invierte en mejoras y cuánto queda como margen.

La modernización no puede consistir en digitalizar el viacrucis. Un mal trámite no se vuelve bueno porque ahora se haga por internet.

PEDRO PUEBLO ENTRÓ EN EL DISCURSO

Las tres ofensivas revelan el mismo método: Abelardo identifica una molestia cotidiana, señala al intermediario que se beneficia y anuncia una orden fácilmente comprensible.

Mientras otros dirigentes convierten una idea sencilla en un discurso indescifrable, él transforma un problema técnico en conversación de tienda, taxi y esquina. Esa capacidad fue determinante durante la campaña y continúa siendo uno de sus principales activos.

Cerrar una entidad puede parecer una noticia distante; evitar que se pierda la plata de un hospital ya no lo es. Revisar una plataforma suena abstracto; acabar con un cobro duplicado toca el bolsillo. Reformar el Código de Tránsito parece una discusión jurídica; reducir una multa a la mitad lo entiende cualquiera.

Por eso su estrategia sigue funcionando.

Comunicar con claridad también forma parte de gobernar. El riesgo comienza cuando la frase sustituye la ejecución o cuando una medida dependiente del Congreso se presenta como una decisión cumplida.

Hasta ahora existen advertencias, auditorías y proyectos. Falta que las revisiones produzcan decisiones, que las reformas sobrevivan al Congreso, que los monopolios no sean reemplazados por otros, que la seguridad vial no resulte sacrificada y que el alivio prometido llegue realmente al bolsillo ciudadano.

Abelardo sabe comunicar y continúa poniendo a chiflar la iguana. La pregunta es si su guerra contra la burocracia logrará desmontar las torres del corone levantadas alrededor del Estado o terminará convertida en otro cuento del gallo capón para Pedro Pueblo.

Porque hablarle al bolsillo resulta políticamente rentable. Lo difícil es conseguir que la plata aparezca.