ABELARDO LE MUESTRA LA PUERTA DE SALIDA DE COLJUEGOS AL SAMARIO JAIME VIVES: «NADIE TIENE CORONA»

El presidente exigió públicamente la salida del funcionario que su propio Gobierno nombró hace apenas seis semanas. La controversia por un título de especialista obtenido en 21 días en la Universidad del Magdalena abre interrogantes sobre la validación académica, la verificación de requisitos y las responsabilidades de quienes autorizaron su nombramiento.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

«Se nota que el doctor Vives no me conoce».

Con esa frase, publicada este domingo en su cuenta personal de X, el presidente Abelardo de la Espriella abrió la puerta de salida de Coljuegos al samario Jaime Gregorio Vives Pinedo, cuyo título de especialista en Alta Gerencia, expedido por la Universidad del Magdalena, quedó en el centro de una controversia nacional.

El mandatario no dejó espacio para interpretaciones sobre su posición:

«¡EN MI GOBIERNO NADIE TIENE CORONA!».

Y fue todavía más explícito: «Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos».

La declaración presidencial, cuya fuente primaria es la cuenta personal de De la Espriella en X, constituye una exigencia pública de retiro. Hasta el momento de esta publicación, no se ha acreditado la expedición del acto administrativo que formalice su salida.

Un título de especialista en 21 días

La controversia surgió por las denuncias de la congresista Jennifer Pedraza, quien cuestionó las circunstancias en que Vives obtuvo su especialización.

Según la información divulgada, el funcionario se inscribió en la Universidad del Magdalena el 18 de agosto de 2026 y recibió su título el 8 de septiembre, apenas 21 días después.

Pedraza señaló que pagó $15.357.532 y que le fueron reconocidos 23 de los 26 créditos académicos del programa, equivalentes al 88,46 % de la especialización.

También cuestionó que el funcionario no apareciera registrado como graduado en la información consultada del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

La Universidad del Magdalena responde

La institución defendió la legalidad del procedimiento y explicó que aplicó su Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, creado mediante el Acuerdo Superior 26 de 2018 y actualizado en 2025.

Según su comunicado, el reconocimiento de los 23 créditos fue aprobado por el Consejo de Facultad el 19 de agosto, después de una evaluación de la experiencia profesional, las certificaciones y los conocimientos acreditados por Vives.

Los tres créditos restantes correspondían a Finanzas Sostenibles y Fintech, asignatura cuyas actividades presenciales se realizaron los días 28 y 29 de agosto. La calificación aprobatoria fue registrada el 3 de septiembre.

La universidad también sostuvo que el grado por ventanilla es un procedimiento institucional permitido y que los registros internos y los reportes al SNIES obedecen a procesos y plazos diferentes.

La explicación institucional establece la existencia de un procedimiento reglamentado, pero no elimina la necesidad de verificar cómo se aplicaron sus requisitos al caso particular.

¿Quién verificó las credenciales antes del nombramiento?

Aquí aparece una segunda dimensión de la controversia.

Vives fue nombrado presidente de Coljuegos mediante el Decreto 1480 del 1 de octubre de 2026, expedido por el mismo Gobierno que hoy exige su salida.

El cargo requería acreditar formación de posgrado, según la información divulgada sobre el manual de funciones de la entidad.

Surgen entonces preguntas que trascienden al funcionario: ¿quién verificó el cumplimiento de sus requisitos académicos? ¿Qué documentos examinó la autoridad nominadora? ¿Se comprobó la validez del título y su correspondencia con las exigencias del cargo?

La responsabilidad de verificar los requisitos de un nombramiento no desaparece porque posteriormente el presidente cuestione la conducta del designado.

El mensaje político de Abelardo

El pronunciamiento presidencial también contiene una advertencia dirigida al conjunto de su administración.

«En la era del Tigre, todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Nadie tiene el cargo asegurado», escribió.

Y agregó una consideración que permite comprender el fundamento público de su decisión:

«No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético».

La afirmación plantea una distinción importante entre la legalidad de un procedimiento académico y la valoración política y ética que el presidente hace de la permanencia de un funcionario.

Sin embargo, esa valoración no sustituye las verificaciones administrativas ni constituye, por sí misma, prueba de una irregularidad.

Tres responsabilidades por esclarecer

El episodio involucra tres ámbitos que deben examinarse por separado.

Jaime Vives debe explicar las circunstancias de obtención de su título y responder a los cuestionamientos públicos.

La Universidad del Magdalena debe sustentar documentalmente la aplicación de su programa de validación, especialmente el reconocimiento excepcional de 23 créditos.

El Gobierno nacional debe esclarecer cómo verificó los requisitos del funcionario antes de nombrarlo y qué actuaciones administrativas adoptará tras la exigencia presidencial.

Hasta ahora, no se cuenta con una respuesta directa de Vives a los señalamientos ni con una decisión definitiva de autoridad competente que declare irregular su título.

Para Santa Marta, la controversia tiene una dimensión adicional: involucra a un dirigente de la ciudad y a su principal universidad pública, cuya autonomía académica debe respetarse, pero cuyas decisiones también están sujetas al escrutinio y a los controles correspondientes.

Abelardo ya fijó su posición política. Ahora corresponde establecer qué ocurrió en el trámite académico, quién verificó las credenciales y cómo se formalizará la decisión sobre Coljuegos.

Porque una exigencia presidencial puede cerrar una etapa administrativa, pero no responde por sí sola todas las preguntas que deja abiertas este caso.