Claudia Aarón solicita a Caicedo no sancionar ordenanzas tramitadas por la mayoría de la Asamblea

Por medio de un oficio remitido ayer jueves 18 de noviembre, la presidente de la Asamblea, Claudia Aarón, solicitó al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, no sancionar los cinco proyectos de ordenanza que fueron debatidos y aprobados por los siete diputados de la mayoría, por considerar que el trámite se realizó de manera irregular.

En la misiva, Aarón exhorta al mandatario a abstenerse de dar sanción a los proyectos No. 033 “Por medio de la cual se adiciona el decreto de liquidación del presupuesto general de ingresos y gastos del departamento del Magdalena para la vigencia fiscal 2021”; el 034, “por medio de la cual se autoriza al gobernador del Magdalena para comprometer vigencias futuras ordinarias destinadas a financiar la implementación del Programa de Alimentación Escolar”; el 035, con el cual se autoriza cupo de endeudamiento para financiar programas de inversión pública; el 036, para la creación de la Tasa Pro Deporte y el 037, con el que se autorizan vigencias futuras para financiar proyectos de infraestructura de saneamiento básico y agua potable.

Dichas ordenanzas se aprobaron en una sesión llevada a cabo el miércoles pasado, en la que no participó la Mesa Directiva de la Asamblea, conformada por Aarón y Elizabeth Molina, en calidad de vicepresidente. En el debate participaron únicamente los diputados Álex Velázquez, Martha Luz López, Carlos Julio Diazgranados, Rafael Noya, Amed Zawady, William Lara y Julio Alzamora, así como el secretario general, José Fernández de Castro.

En la misiva, la presidente define como un “golpe de estado” a sus funciones lo ocurrido en la sesión del 28 de octubre, cuando, por una proposición que considera extemporánea, hecha por la diputada López, se procedió con el debate, con John Almarales en el cargo de presidente y se siguió con la entrega en Comisiones de los proyectos de ordenanza cuando ya ella la había levantado la sesión y abandonado el recinto, junto con otros tres asambleístas (Elizabeth Molina, Jair Mejía y César Pacheco).

“Los diputados señalados en la referencia, se arrogaron unas facultades que no esta dada y (…) actuaron de manera semejante a una vía de hecho, llevándose por la borda el ordenamiento jurídico que determina las funciones y facultades de la mesa Directiva de la Asamblea Departamental, en especial de Presidencia de dicha Corporación”, se lee en el documento.

De igual manera, fundamenta sus alegaciones en el hecho de que el miércoles 17 de noviembre, los mencionados diputados y el secretario general llevaron a cabo otra sesión (celebrada en la Sala de Juntas de la Asamblea pues, como manifestación, Aarón, Mejía, Molina, Almarales y Pacheco estuvieron encadenados en la entrada del recinto) incluso cuando la presidente les manifestó con un día de anticipación que no sería convocada sesión plenaria. En este encuentro, votaron positivos los cinco proyectos en segundo debate, siendo Julio Alzamora quien lo presidió luego de poner en consideración el orden del día propuesto por el diputado Velázquez.

Alzamora convocó sesión para el día siguiente (miércoles 17 de noviembre) y la información fue allegada a Aarón por medio de un correo electrónico enviado por el secretario general. Como respuesta, la presidente reiteró que las sesiones sólo podían ser convocadas por su persona, acorde con el artículo 23 del Reglamento Interno de la corporación, sugiriéndole que se abstuviera de participar debido a que “estaría incurriendo en acciones ilegales que podrían ser objeto de sanciones disciplinarias y penales”.

A pesar del intercambio de misivas, el jueves 18 nuevamente los diputados y el secretario general hicieron presencia en el recinto buscando adelantar una nueva sesión, lo que desencadenó en un altercado protagonizado por Aarón y Fernández De Castro. Sin embargo, los asambleístas de la mayoría prosiguieron el debate, al cual denominó como “clandestino”, en horas de la tarde, aprobando los proyectos, acorde con sus declaraciones, “de manera ilegal e irreglamentaria”.

“Está consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política Nacional que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual acudo ante Usted para solicitarle o exhortarlo a ABSTENERSE de SANCIONAR los Proyectos de Ordenanzas aquí mencionados, toda vez que sus trámites, debates y aprobaciones en Comisiones y en Plenaria se dieron con flagrante violación del DEBIDO PROCESO y de otros Derechos Constitucionales y de procedimientos”, reitera Aarón en la carta enviada al mandatario departamental.

Lo anterior, buscando prevenir “más daños y vulneraciones” a sus derechos como presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea y la “transgresión mayor a los intereses” del departamento.