Denuncian aumento de reclutamiento de menores por grupos armados en Santa Marta

La defensora de Derechos Humanos, Norma Vera Salazar, ha lanzado una alarmante advertencia sobre un incremento en los casos de reclutamiento forzado de menores y jóvenes en los barrios periféricos de Santa Marta, así como en municipios como Ciénaga, Zona Bananera y Pueblo Viejo. Según sus declaraciones, al menos 13 denuncias recientes evidencian una grave vulneración a los derechos de los niños y adolescentes en la región, perpetrada por grupos armados como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Vera Salazar explicó que estos grupos están llevando a cabo campañas de reclutamiento, principalmente en zonas de alta vulnerabilidad social, ofreciendo sumas de dinero que oscilan entre $1.200.000 y $1.500.000, a jóvenes en situación de pobreza, desescolarizados y con problemas económicos familiares. “Los jóvenes son llevados a los lugares donde tienen los campamentos de estas organizaciones criminales, allí son entre entrenados por un mes y luego les permiten comunicarse con su familia”, detalló.

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— Opinión Caribe (@opinioncaribe) May 30, 2025

Uno de los testimonios más preocupantes relata cómo un adolescente de 13 años fue seducido por las promesas de trabajo y dinero. La familia logró rescatarlo antes de que fuera llevado por los reclutadores, quienes estaban dispuestos a llevárselo a la fuerza. Esta situación refleja un patrón de conducta que se repite en diferentes comunidades, con jóvenes que ven en estas ofertas una salida a sus dificultades económicas, aunque a costa de arriesgar sus vidas y de infringir derechos internacionales.

Norma Vera Salazar también denunció que estos reclutamientos no solo constituyen violaciones al derecho internacional humanitario, sino que también son considerados delitos de trata de personas y crímenes de lesa humanidad. “Esta alerta la hemos emitido sistemáticamente porque esta no es una conducta nueva. Sin embargo, en los últimos meses, debido al conflicto de mediana intensidad que se libra entre estas dos organizaciones criminales por el control de las rentas criminales y por la gobernanza criminal en el territorio, han aumentado los casos del reclutamiento”, agregó.

La defensora hizo un llamado urgente a las autoridades y a la Defensoría del Pueblo para que refuercen las acciones de protección y prevención. “Es necesario implementar un plan integral de seguridad y convivencia que incluya acciones concretas para reducir las oportunidades de reclutamiento, promover la reincorporación de jóvenes en el sistema educativo y ofrecer alternativas laborales dignas”, afirmó.

Por último, advirtió que mientras las organizaciones armadas continúen negociando en el marco de la llamada paz total, sin respetar el derecho internacional humanitario, las vulneraciones a los derechos de los jóvenes seguirán en aumento, con consecuencias devastadoras para toda la región.