Nación
JEP impone sanciones a 12 exmilitares por crímenes sistemáticos en el conflicto armado
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció hoy la imposición de sanciones propias a 12 comparecientes de la fuerza pública, en reconocimiento a su responsabilidad en la comisión de graves crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado en Colombia. Los sancionados, todos integrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ de Valledupar, fueron responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como bajas en combate en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005.
Estas sanciones, que no implican privación de la libertad, buscan garantizar la verdad, la reparación a las víctimas y prevenir la repetición de estos crímenes, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. La sentencia establece un máximo de ocho años de sanción propia para cada compareciente, descontando los períodos ya cumplidos en la justicia ordinaria, y promueve su participación en proyectos restaurativos diseñados con la participación de las víctimas y las comunidades afectadas.
El proceso judicial fue resultado de una exhaustiva investigación que documentó patrones macrocriminales, evidenciando cómo estos crímenes formaron parte de una estrategia institucional para fabricar bajas en combate, encubrir crímenes internacionales y responder a presiones militares. La investigación reveló que las víctimas, en su mayoría campesinos, indígenas y afrodescendientes, fueron víctimas de engaños, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, muchas de ellas en contextos de vulnerabilidad y persecución sistemática, afectando también a pueblos indígenas como los Kankuamo y Wiwa.
La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, afirmó que “esta sentencia fortalece la legitimidad democrática y reafirma que la paz se construye desde la verdad, la reparación y el compromiso colectivo con la no repetición”.
Los comparecientes accederán a estas sanciones a cambio de su reconocimiento de responsabilidad, aportes a la verdad y participación en proyectos restaurativos. Entre los proyectos seleccionados se encuentran un Plan Integral de Memorialización en la Costa Caribe, centros culturales y de memoria en los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como iniciativas para fortalecer la memoria histórica, la reparación simbólica y la recuperación territorial.
Las actividades restaurativas incluyen la construcción de mausoleos, centros culturales, obras productivas y casas multipropósito, siempre con la participación activa de las víctimas y las comunidades. Estas acciones buscan promover la dignificación y la reparación social, además de contribuir a la construcción de paz territorial.
El cumplimiento de estas sanciones será monitoreado por un mecanismo conjunto que incluye la Secretaría Ejecutiva de la JEP, la Sección de Reconocimiento de Verdad y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, garantizando que los comparecientes cumplan con las actividades y obligaciones establecidas.
