JEP emite la primera sentencia restaurativa contra exintegrantes de las Farc-EP

En un hecho histórico para la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia restaurativa en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, dirigida a siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP. La decisión marca un hito al reconocer su responsabilidad en la política sistemática de secuestros que extendieron por todo el país, con un total de al menos 21.396 hechos victimizantes asociados a estos crímenes.

Los comparecientes, que nunca antes habían respondido ante la justicia ordinaria ni admitido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, aportaron verdad, aceptaron los crímenes imputados y demostraron compromiso con la no repetición. Los responsables son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

La sentencia los declara máximos responsables de crímenes de guerra —como la toma de rehenes y homicidios— y de lesa humanidad, incluyendo privaciones graves de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado, cometidos en el marco de la política de secuestro. La investigación reveló que estas conductas obedecieron a patrones diseñados para financiar, controlar territorios y ejercer presión política.

Como parte de su proceso de reparación, la JEP les impuso una sanción propia de ocho años, que deberán cumplir mediante proyectos restaurativos. Estas acciones incluyen búsqueda de personas desaparecidas, memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario. Además, los comparecientes están sometidos a un régimen de supervisión con monitoreo electrónico, restricciones de movilidad y seguimiento permanente, sin que reciban salario por las actividades que realicen en el marco de la sanción.

Ver sentencia de la JEP aquí

La sentencia se emitió en el marco del Caso 01 que aborda los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio. Esto implica que los comparecientes deben seguir proporcionando información veraz, completa y detallada cada vez que la JEP los requiera, incluso en las demás macroinvestigaciones en las que están vinculados.

“Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento. Es la voz que le dice a la sociedad colombiana y al mundo que lo ocurrido fue injustificable e inhumano. No es solo el cierre de un capítulo judicial, sino que abre una nueva página para la memoria, la justicia y la paz de nuestra nación. Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas a la luz de las comunidades, con el compromiso de no repetir. Eso nos fortalece como sociedad”, dijo el magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de esta decisión judicial.

Los proyectos de reparación y memoria

Los comparecientes trabajarán en proyectos específicos que buscan reparar a las víctimas y fortalecer la memoria histórica, entre ellas:

– Búsqueda y entrega digna de personas desaparecidas
– Acción contra minas antipersonal para recuperar territorios afectados.
– Actividades ambientales, de reforestación y protección del ecosistema.
– Acciones simbólicas como relatos, monumentos y eventos de memoria.

La JEP, junto con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, monitoreará el cumplimiento de las sanciones mediante visitas presenciales y tecnología de monitoreo en tiempo real, garantizando condiciones dignas para los comparecientes y la protección de las víctimas. En los próximos días, los comparecientes y las víctimas serán notificadas sobre la decisión. Tras este proceso, los comparecientes entran en un proceso de alistamiento para el cumplimiento de la sanción. Y finalmente llegará la puesta en marcha de los proyectos con los que la JEP esperan dejar un legado para las víctimas y las comunidades, incluso después de que los comparecientes paguen su sanción.

Este fallo representa un avance significativo en la justicia transicional en Colombia, al consolidar un proceso de reconocimiento y reparación integral, que busca aliviar el sufrimiento de las víctimas, fortalecer la memoria y promover la reconciliación.