El traslado en ambulancia, un privilegio condicionado por el SOAT

En Santa Marta las ambulancias se movilizan con rapidez cuando hay dinero de por medio, especialmente, cuando el pago está garantizado por el SOAT, pero se ausentan ante emergencias clínicas que no garantizan pago.

Durante el fin de semana, en el Puesto de Salud de Gaira, en Santa Marta, se registró el fallecimiento de Viosotis Esther Parra Sandoval, una mujer de 48 años que sufrió un infarto mientras esperaba ser trasladada en ambulancia a un centro médico de mayor complejidad. La demora en el servicio de traslado fue determinante en el desenlace fatal, y su caso se suma a una preocupante serie de casos que han ocurrido en circunstancias similares, dejando en evidencia las graves fallas del sistema de atención prehospitalaria en la ciudad.

La comunidad ha manifestado su indignación ante lo que consideran una negligencia sistemática. El servicio de ambulancias parece operar bajo una lógica económica que prioriza los casos que pueden ser facturados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Esta percepción se ha arraigado entre los ciudadanos, quienes afirman que las ambulancias se movilizan con mayor rapidez cuando se trata de víctimas de accidentes de tránsito, mientras que los pacientes con enfermedades graves o emergencias clínicas quedan relegados a un segundo plano.

Un paramédico que accedió a hablar con este medio bajo condición de anonimato confirmó que el traslado de un paciente víctima de accidente de tránsito puede costar aproximadamente $450.000, monto que es cubierto por el SOAT. En el caso de empresas privadas que no pertenecen a clínicas, el cobro puede incluir un bauche adicional, dependiendo del acuerdo con la institución receptora. Esta estructura tarifaria convierte los accidentes de tránsito en los casos más rentables para las empresas de ambulancias, lo que distorsiona la lógica de atención médica urgente.

Por otro lado, los traslados que no están relacionados con accidentes de tránsito son considerados “servicios sociales” y enfrentan serias dificultades para ser remunerados. Algunas empresas intentan cobrar estos servicios a las EPS, pero el proceso es lento y muchas veces no se paga. Según el paramédico consultado, cuando se logra el pago, este se realiza por kilometraje, por un valor de $5.000 o $6.000. En casos donde existe un contrato formal con la EPS, el pago puede mejorar a $7.500. Como resultado, muchas empresas evitan prestar estos servicios, ya que no representan una ganancia significativa y, en algunos casos, implican pérdidas.

La muerte de Viosotis Esther Parra Sandoval no es un hecho aislado. En Santa Marta, se han reportado múltiples casos de pacientes que fallecen esperando atención médica oportuna. La falta de regulación efectiva, la ausencia de protocolos claros y la dependencia del sistema de seguros han convertido el servicio de ambulancias en una lotería peligrosa. La vida humana, en este contexto, parece tener menos valor que un código de facturación.

Este modelo de atención no solo es ineficiente, sino profundamente injusto. La salud pública no puede depender de la rentabilidad de los casos. Las autoridades locales y nacionales deben intervenir con urgencia para revisar el funcionamiento del sistema de ambulancias, establecer criterios clínicos para la priorización de traslados y garantizar que todos los ciudadanos reciban atención oportuna, independientemente de su condición económica o del tipo de emergencia que presenten.

La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas. ¿Quién responde por la muerte de Parra Sandoval? ¿Qué medidas se están tomando para evitar que otras personas sufran el mismo destino? La solución a esta crisis no es sencilla, pero sí urgente. Se requiere una reforma estructural del modelo de atención prehospitalaria, que incluya la regulación de tarifas, la supervisión de empresas privadas, el fortalecimiento de los contratos con EPS y la implementación de protocolos que prioricen la gravedad clínica por encima de los intereses económicos. Mientras tanto, la ciudadanía sigue expuesta a un sistema que, lejos de protegerla, la pone en riesgo.