Distrito evalúa demolición de la IED Taganga por deficiencias estructurales

Una inversión de más de $10 mil millones destinada a construir una institución educativa en Taganga hoy se traduce en una estructura en ruinas. El Concejo Distrital debatió el futuro de la obra y dejó en evidencia vacíos contractuales, posibles responsabilidades fiscales y un inminente detrimento patrimonial.

El debate de control político realizado este miércoles en el Concejo Distrital de Santa Marta dejó más interrogantes que certezas sobre el futuro de la infraestructura de la Institución Educativa Distrital Taganga, una obra que representó una millonaria inversión pública y que hoy permanece en ruinas sin haber cumplido su propósito social.

La historia de esta obra se remonta a 2018, cuando el Distrito, bajo el liderazgo de Rafael Martínez, firmó un contrato con la Unión Temporal Taganga por más de $9.414 millones. Sin embargo, en abril de 2023, el acuerdo fue terminado de manera unilateral por incumplimiento del contratista. Para ese momento, solo se había ejecutado el 72 % de la construcción, dejando la estructura en un estado crítico.

En noviembre de 2023, la Alcaldía, bajo la administración de Virna Johnson, abrió una nueva licitación para culminar los trabajos restantes. No obstante, al evaluar el estado real del edificio en enero de 2024, se determinó que las deficiencias constructivas eran tan severas que continuar con la obra no garantizaba su funcionalidad ni la seguridad estructural.

El gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, explicó que tras una revisión exhaustiva se concluyó que no es posible intervenir el colegio sin antes realizar un estudio de patología estructural que determine si es viable su recuperación o si, por el contrario, se requiere su demolición total. Esta evaluación técnica, aún en curso, apunta a que la estructura podría estar en riesgo de colapso, lo que obligaría a tomar decisiones drásticas en defensa de la seguridad de la comunidad educativa.

Este escenario confirma que los más de $10 mil millones invertidos no solo no generaron el impacto esperado, sino que representan un evidente detrimento patrimonial para la ciudad. Ante la inminente posibilidad de una demolición, la gran pregunta que se hacen los samarios es: ¿cuánto costará demoler el colegio y qué pasará después?

Uno de los puntos más sensibles es precisamente ese costo. La secretaria de Educación, Sandra Muñoz, informó que aún no existe una cifra definida, pues debe sustentarse en estudios técnicos y logísticos especializados. La demolición —que podría costar varios millones de pesos— requerirá una planificación rigurosa que garantice la seguridad de la comunidad y minimice el impacto ambiental.

En medio de este panorama, Gutiérrez recordó que el contrato cuenta con una póliza de estabilidad y calidad de la obra, emitida por Equidad Seguros, con un valor asegurado de $1.081 millones y vigencia hasta noviembre de 2026. Sin embargo, la póliza no fue actualizada al momento de la liquidación unilateral del contrato, lo que complica —aunque no impide— su cobro. La Alcaldía ya solicitó activar esta garantía, aunque su valor es insuficiente frente al costo estimado de una eventual demolición o reconstrucción total.

Esto significa que, incluso si el Distrito logra recuperar el monto asegurado, deberá asumir con recursos propios la mayor parte de la inversión necesaria para resolver el problema. Además, la falta de actualización de la póliza podría derivar en investigaciones disciplinarias y fiscales contra los funcionarios responsables de esa omisión.

Finalmente, la Mesa Directiva del Concejo anunció la creación de una comisión accidental para hacer seguimiento a la obra y verificar su estado. También solicitó remitir copias del acta y de los soportes relacionados con esta sesión a los entes de control —Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General— para que se adelanten las investigaciones pertinentes y se determinen responsabilidades.

El caso de la IED Taganga refleja con claridad la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas en la contratación pública. La ciudadanía exige hechos concretos, transparencia y justicia: que los responsables rindan cuentas y que los errores costosos no sigan repitiéndose en Santa Marta.