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Tras cinco años, condenan a 47 años a Junir Gómez por el feminicidio de Edid García
El reciente caso de Edid García García, de 40 años, vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite en Colombia: la justicia llega, pero muchas veces tarde.
Por: Alexandra Martínez.
El 14 de agosto de 2021, en el barrio Monterrey del municipio de Fundación (Magdalena), Edid fue atacada por su pareja sentimental, Junir Gómez Cuello, en medio de una discusión. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Colombia, el agresor tomó un cuchillo y le propinó una herida mortal a la altura de la clavícula. Aunque fue auxiliada por sus familiares y trasladada a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales.
Ese mismo día, el presunto responsable intentó huir, pero fue retenido por la comunidad, que lo golpeó antes de entregarlo a las autoridades. La captura fue materializada en flagrancia.
Sin embargo, pese a la contundencia del caso, tuvieron que pasar casi cinco años para que se emitiera una condena. Solo hasta abril de 2026, y tras el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento lo sentenció a 47 años y 11 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado.
Este caso, que hoy se presenta como una condena ejemplar, también expone una falla estructural: la demora en la respuesta judicial frente a crímenes de violencia basada en género.
Las cifras nacionales evidencian una realidad inquietante. En Colombia se registran cientos de feminicidios cada año, pero una proporción significativa de estos casos permanece en etapas preliminares, sin avances sustanciales. Informes de organismos de control advierten que numerosos procesos no superan la fase de investigación, prolongando la espera de justicia para las familias de las víctimas.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la persistencia de estos hechos y la necesidad de respuestas más eficaces por parte del Estado. No obstante, el problema no se limita al número de casos, sino a la capacidad institucional para resolverlos con celeridad.
En el Magdalena, la situación no es ajena a este panorama. Aunque no existen cifras públicas detalladas sobre cuántos feminicidios terminan en condena, los tiempos de los procesos y la falta de resultados oportunos reflejan un sistema que aún tiene deudas pendientes.
La intervención de la Policía Nacional de Colombia permite capturas en muchos casos, pero la justicia real depende de un proceso que puede tardar años en completarse. Es allí donde se acumulan expedientes y crece la percepción de impunidad.
El caso de Edid García es contundente: hubo captura el mismo día, pruebas, y aun así la condena llegó casi cinco años después. Un tiempo que para la justicia puede ser procesal, pero para las víctimas y sus familias representa una espera prolongada y desgastante.
Colombia enfrenta un reto que va más allá de castigar: garantizar que la justicia sea oportuna. Porque cuando las sentencias se demoran, no solo se retrasa el castigo, también se debilita la confianza en las instituciones.
Hoy, la discusión no es solo cuántos feminicidas son condenados, sino cuántos casos siguen esperando una decisión. Y en esa cifra silenciosa, está el verdadero desafío del país.
