Mafia o guerrilla: la trampa del voto

Cuando las campañas convierten al adversario en monstruo, el país deja de discutir programas y empieza a votar por miedo.

 Por Víctor Rodríguez Fajardo

“Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones”, le dijo Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. La respuesta de Cepeda no fue menos incendiaria: “El señor de la Espriella representa el fascismo mafioso. No permitiremos entregar a Colombia a las prácticas criminales del fascismo mafioso criollo”.

Ese intercambio dejó instalada, con brutal claridad, una pregunta que buena parte del electorado se hace en voz baja: ¿de verdad la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio quiere imponerse como una elección entre “el amigo de la mafia” y “el amigo de la guerrilla”?

Esa es la pregunta del millón. Y también la trampa del millón.

Porque si el país acepta esa fórmula como marco de decisión, la democracia queda reducida a un plebiscito de miedos. Ya no se vota por un programa, ni por una visión de Estado, ni por una idea de justicia, ni por una ruta económica. Se vota contra un fantasma. Unos votarán para que no llegue “la guerrilla”; otros, para que no llegue “la mafia”. Y en ese intercambio de espantos, Colombia terminará escogiendo no al mejor gobierno posible, sino al miedo que le parezca menos intolerable.

La política colombiana conoce bien esa pedagogía del terror. Ha pasado décadas convirtiendo al adversario en enemigo moral, al opositor en amenaza existencial y al debate público en una guerra de etiquetas. Por eso esta segunda vuelta no solo enfrenta a dos candidatos. Enfrenta dos maneras de manipular la memoria nacional.

A De la Espriella sus críticos le cobran su trayectoria como abogado en causas polémicas, entre ellas defensas de figuras señaladas o condenadas por narcotráfico, paramilitarismo, corrupción y otras zonas oscuras del poder económico y criminal. Conviene decirlo con precisión: ejercer la defensa penal es un derecho constitucional y no convierte automáticamente al abogado en su cliente. Pero también es legítimo que el ciudadano pregunte qué tipo de Estado imagina un candidato cuya vida pública ha estado tan cerca de ciertos poderes de facto. La pregunta seria no es si defendió a delincuentes —eso puede hacerlo cualquier abogado dentro de la ley—, sino si su proyecto político ofrece garantías reales contra la captura mafiosa del Estado, contra la impunidad del crimen de cuello blanco, contra el paramilitarismo reciclado y contra las economías ilegales que compran territorios, alcaldías, jueces y conciencias.

A Cepeda, por su parte, sus adversarios le cobran su trayectoria pública como facilitador de procesos de paz, su defensa de los derechos humanos y su papel en escenarios de interlocución con las antiguas FARC. Aquí también se impone la precisión. Apostar por la negociación no equivale, por sí mismo, a ser cómplice de la violencia. Pero el elector tiene derecho a preguntar si un gobierno suyo tendría la firmeza suficiente para enfrentar a las disidencias, al ELN, al Clan del Golfo y a las estructuras criminales que entendieron que hablar de paz también puede ser una forma de ganar tiempo, territorio y rentas ilegales. La pregunta seria no es si Cepeda “es guerrillero”, sino si su modelo de paz puede restaurar autoridad sin ingenuidad, justicia sin revancha y negociación sin capitulación.

Ese es el punto que la propaganda quiere borrar: detrás de los insultos hay preguntas legítimas. Lo irresponsable es reemplazarlas por caricaturas.

No estamos, o no deberíamos estar, ante una elección entre dos alias morales. Estamos ante dos proyectos de país profundamente distintos.

De un lado, una derecha de orden, castigo, propiedad privada, desmonte del petrismo y promesa de autoridad inmediata. Su atractivo es evidente para un país cansado de la extorsión, los retenes ilegales, los secuestros, los grupos armados y la sensación de desgobierno en regiones enteras. Pero su riesgo también es evidente: que la mano dura derive en abuso, que la lucha contra el crimen termine justificando atajos institucionales, que el discurso del orden se vuelva licencia para perseguir al contradictor y que viejas estructuras regionales encuentren una nueva puerta de entrada al poder nacional.

Del otro lado, una izquierda de derechos, reformas sociales, paz, equidad, transición ambiental y ampliación del Estado social. Su atractivo también es claro para un país desigual, excluyente, territorialmente abandonado y acostumbrado a que la seguridad se invoque muchas veces sin justicia. Pero su riesgo no es menor: que el reformismo se vuelva administración ideológica, que la paz se confunda con permisividad, que el Estado prometa más de lo que puede financiar, que la economía pierda confianza y que los grupos armados lean la voluntad de diálogo como debilidad.

Por eso la pregunta ciudadana no debería ser: ¿cuál de los dos me asusta menos? La pregunta debería ser: ¿cuál de los dos tiene mejores controles frente a sus propios demonios?

A De la Espriella habría que preguntarle cómo garantiza que su cruzada contra el crimen no termine en autoritarismo, arbitrariedad o revancha política. Cómo evitará que la seguridad sea usada como espectáculo. Cómo enfrentará las economías ilegales sin entregarle el Estado a los poderes económicos que históricamente han convivido con ellas. Cómo va a gobernar para quienes no lo voten. Cómo entiende la independencia judicial, la prensa crítica, la protesta social y los límites constitucionales del poder.

A Cepeda habría que preguntarle cómo garantiza que su apuesta por la paz no termine en concesiones sin resultados. Cómo recuperará territorios donde el Estado no manda. Cómo distinguirá entre negociación política y sometimiento criminal. Cómo protegerá la inversión, el empleo y la estabilidad fiscal. Cómo evitará que su gobierno sea una prolongación acrítica del petrismo. Cómo va a gobernar para quienes temen, con razón o sin ella, que su proyecto debilite la autoridad estatal.

Esas preguntas son más útiles que los insultos. Y son, precisamente, las que los insultos buscan impedir.

La reducción “mafia contra guerrilla” es poderosa porque toca fibras reales de nuestra historia. Colombia ha sufrido a ambas. Ha sufrido al narcotráfico, al paramilitarismo, a la guerrilla, a la corrupción, al secuestro, al desplazamiento, al asesinato político, al Estado ausente y al Estado cómplice. Pero convertir esa memoria en arma electoral es una forma de degradarla. La memoria debería servir para exigir garantías, no para cancelar el razonamiento.

El debate presidencial que viene tendrá sentido solo si rompe esa lógica de trincheras. Si se limita a repetir “bandido”, “fascista”, “narcoterrorista”, “mafioso”, “castrochavista” o “paramilitar”, no será un debate: será una audiencia de barras bravas con micrófonos. En cambio, si obliga a los candidatos a explicar cómo van a gobernar, con quiénes, con qué límites, con qué presupuesto, con qué relación con las cortes, con qué política de seguridad y con qué respeto por la oposición, entonces todavía puede prestarle un servicio al país.

Pero no seamos ingenuos. La pauta digital ya hizo buena parte del trabajo sucio. Los algoritmos no premian el matiz, premian la rabia. No circula más el argumento más sólido, sino el agravio más viral. En redes, la democracia no delibera: reacciona. Y una campaña que descubre que el miedo moviliza más que las propuestas no tiene incentivos para bajar el tono.

Aun así, el elector no está condenado a obedecer esa coreografía. Puede negarse a votar como hincha. Puede negarse a compartir propaganda disfrazada de indignación. Puede exigir programas. Puede mirar equipos. Puede preguntar por Congreso, cortes, Fuerza Pública, financiación, regiones, impuestos, salud, educación, paz, empleo y seguridad. Puede, sobre todo, recordar que una elección presidencial no es un ajuste de cuentas emocional, sino una decisión sobre el poder.

Colombia no debería escoger entre “el amigo de la mafia” y “el amigo de la guerrilla”. Esa es la frase que quieren vendernos para clausurar la inteligencia. Lo que Colombia debe escoger es entre dos formas de entender el Estado, la autoridad, la justicia y la convivencia.

Si ninguno de los dos logra explicar cómo gobernará sin quedar prisionero de sus propios extremos, entonces la verdadera pregunta no será quién ganó la segunda vuelta. La pregunta será cuánto perdió la democracia en el camino.