Geopolítica Parroquial
GARANTÍAS: EL PAGARÉ DEL 20 DE JULIO
El Pacto puso los votos para elegir a Honorio Henríquez. Ahora la Comisión de Acusaciones revelará si el compromiso era respetar el debido proceso o abrirle un paraguas político a Gustavo Petro.
Por Víctor Rodríguez Fajardo — El Man del Sombrero
En el Congreso las palabras solemnes suelen entrar perfumadas de Constitución y salir oliendo a negocio.
El 20 de julio, la más repetida fue garantías.
La dijeron tantas veces que parecía un rosario.
Pero en política, cuando una palabra se repite como plegaria, casi siempre es porque alguien está cobrando por adelantado.
El Pacto Histórico necesitaba escuchar que Gustavo Petro no saldría de la Casa de Nariño directo al paredón político. El Centro Democrático entendió la contraseña. Durante la postulación de Honorio Henríquez —senador samario del Centro Democrático y hoy presidente del Senado—, el partido habló de garantías una y otra vez. El candidato también prometió garantías.
Garantías para todos, por supuesto.
Porque en el Capitolio nadie confiesa frente al micrófono que el negocio tiene nombre, apellido y cédula.
Después vino la votación. Varios senadores del Pacto hicieron visible su respaldo y algunos cruzaron hasta la bancada del Centro Democrático para celebrar. Iván Cepeda también mostró su voto.
No hubo amor ideológico, reconciliación nacional ni aparición de la Virgen del Carmen.
Hubo política.
El Pacto cumplió el respaldo anunciado. Honorio Henríquez fue elegido presidente del Senado con 56 votos y el candidato impulsado por Abelardo de la Espriella quedó tendido en el primer asalto. Álvaro Uribe le ganó ese pulso al presidente electo sin necesidad de levantar la voz.
Ni el Pacto se volvió uribista ni el Centro Democrático amaneció progresista.
Simplemente abrieron una cuenta.
Y en la tienda política colombiana nadie fía sin Credi-Marlboro.
La cuenta se cobra en la Cámara
La presidencia del Senado no puede archivar investigaciones contra Petro. Esa ventanilla queda en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, donde comienzan los procesos contra presidentes y expresidentes por hechos relacionados con el ejercicio del cargo.
También es el lugar donde más de una denuncia aprende el viejo arte colombiano de envejecer sin hacer ruido.
La Comisión tiene 17 integrantes.
Cinco son del Pacto Histórico.
Tres pertenecen al Centro Democrático.
Cinco más tres: ocho.
Falta uno.
Nueve votos no son una llave automática para decidir todos los asuntos de la Comisión. Pero sí constituyen la mayoría absoluta y permiten construir un bloque con capacidad estable para orientar el tablero, acompañar decisiones y evitar que cada expediente dependa del humor, la ausencia o el oportuno dolor de estómago de algún representante.
¿Significa eso que Gustavo Petro ya tiene nueve votos guardados en el bolsillo?
No.
Afirmarlo sería convertir una sospecha política en una noticia falsa.
Pero negarse a contar hasta nueve sería practicar ese periodismo angelical y crédulo que todavía cree que los congresistas intercambian respaldos por puro amor a la democracia.
La atención recaerá especialmente sobre Kelyn Johana González Duarte, representante liberal por el Magdalena y miembro de la Comisión. Durante los últimos años acompañó distintas iniciativas del Gobierno Petro y fue ubicada públicamente entre el grupo de congresistas liberales al que algunos medios y actores políticos bautizaron Las Sin Piedad.
Eso no demuestra cómo votará.
Tampoco la convierte en propiedad política de Petro.
Pero sí obliga a mirar sus decisiones con lupa. Representa a un departamento que tiene derecho a saber si su congresista vota según las pruebas, según las directrices del Partido Liberal o según los compromisos cocinados en los corredores del Capitolio.
Kelyn no es todavía el noveno voto.
Es el voto que deberá explicar.
Una garantía no es un entierro
Gustavo Petro tiene derecho a garantías. Como las tiene cualquier ciudadano investigado.
Garantía significa defensa, pruebas, imparcialidad, tiempos razonables y respeto por el procedimiento.
Garantía no significa escoger el resultado antes de abrir el expediente.
No significa repartir investigaciones entre amigos, fabricar recusaciones, ordenar diligencias eternas o dejar los procesos madurando en un archivador hasta que prescriba la memoria del país.
La diferencia entre una garantía y un blindaje no está en los discursos. Está en los hechos: quién recibe cada denuncia, quién investiga, qué pruebas se practican, cuánto demoran las decisiones y cómo vota cada representante cuando llega la hora de acusar, precluir o mandar el expediente a dormir.
El Pacto ya cumplió el respaldo que había anunciado para la elección del Senado.
Ahora falta saber qué entendió el Centro Democrático cuando prometió garantías.
¿Debido proceso? Perfecto.
¿Ausencia de persecución política? Necesario.
¿Protección negociada para impedir que las investigaciones avancen? Eso ya no sería una garantía.
Sería impunidad con corbata, acta y aire acondicionado.
El 20 de julio el Pacto puso los votos y el Centro Democrático firmó el pagaré.
En la Comisión de Acusaciones sabremos si la deuda se paga con debido proceso o con impunidad a cuotas.
