La universidad que abre puertas pero no construye caminos

 Por: Harold Castañeda Robles

En mi condición de docente investigador, inicio con este texto una serie de reflexiones críticas sobre el Informe mundial sobre tendencias de la educación superior: hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad en un panorama de movilidad internacional, https://www.unesco.org/es/articles/informe-mundial-sobre-tendencias-de-la-educacion-superior-hacia-una-educacion-inclusiva-equitativa-y publicado en 2026 por la UNESCO a través de su Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO IESALC. Es el primer informe global de esta naturaleza producido por el organismo, y su valor no radica únicamente en la magnitud de los datos que reúne —146 países analizados, más de 40 indicadores de política— sino en la honestidad incómoda con que retrata un sistema que creció más rápido que su capacidad de sostenerse. Esta serie de artículos buscará dialogar críticamente con ese retrato, leerlo a la luz de la realidad colombiana y formular preguntas que, por su carácter institucional, el informe no siempre se atreve a responder.

La primera pregunta es esta: ¿qué significa realmente que en Colombia la cobertura bruta en educación superior haya pasado de aproximadamente 37 % en 2010 a 55,38 % en 2023 y a 57,53 % en 2024, el máximo histórico del sistema? La respuesta obvia es: progreso. La respuesta honesta es: depende de qué hagamos con ese dato. Porque mientras los discursos oficiales celebran que el país sumó más de un millón de estudiantes nuevos al sistema en una década y media, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana documenta que cinco de cada diez estudiantes que ingresan a la educación superior colombiana no logran graduarse después de quince semestres. Es decir, después de siete años y medio —entre dos y tres años por encima de la duración prevista de la mayoría de los programas— la mitad de quienes empezaron una carrera no la termina. Abrimos las puertas. No construimos los caminos.

El informe de la UNESCO confirma que esta no es una anomalía colombiana, sino un patrón global: la matrícula mundial pasó de 100 millones de estudiantes en el año 2000 a casi 269 millones en 2024, pero la tasa bruta de graduación apenas avanzó del 22 % al 27 % entre 2013 y 2023. La masificación, que fue una respuesta política legítima a demandas sociales de movilidad y oportunidad, no estuvo acompañada de las transformaciones pedagógicas, financieras e institucionales que esa expansión exigía. Y aquí es donde Colombia exhibe sus particularidades incómodas. Según el SPADIES, el sistema oficial de seguimiento de la deserción del Ministerio de Educación Nacional, la deserción acumulada por cohorte en 2023 fue del 23,15 % en programas universitarios, del 32,01 % en el nivel tecnológico y del 33,52 % en el técnico profesional. La tendencia es decreciente —en 2008 la deserción acumulada en décimo semestre se ubicaba entre el 45 % y el 50 %— pero la magnitud sigue siendo de tal escala que cualquier lectura triunfalista resulta sospechosa.

Lo más grave, sin embargo, no está en las cifras agregadas sino en lo que revelan cuando se desagregan. El 67 % de quienes desertan de las universidades públicas pertenecen a los estratos 1 y 2, según una ponencia legislativa de 2025 basada en datos de quince universidades estatales. Los estudiantes de estratos bajos tienen un 50 % más de probabilidades de desertar que los de estratos medios y altos, según un estudio reciente de la Universidad Católica Luis Amigó. La tasa de asistencia a educación superior es del 35,8 % en zonas urbanas frente al 11,7 % en zonas rurales, según SITEAL-UNESCO. Y en los municipios PDET —los priorizados por el Acuerdo de Paz— el 71 % de los jóvenes entre 17 y 21 años no asistía a ningún establecimiento educativo en 2021. La masificación, presentada como herramienta de justicia social, está reproduciendo en su interior las mismas desigualdades que decía corregir. Como advertía Boaventura de Sousa Santos, lo que tenemos es una democratización del acceso sin democratización del éxito: el sistema abre sus puertas a jóvenes históricamente excluidos, pero las condiciones internas no les permiten llegar al final del camino.

Hay un factor estructural que el informe de la UNESCO menciona indirectamente y que en Colombia adquiere proporciones críticas: el financiamiento. El documento internacional reporta que el gasto público promedio en educación superior fue del 0,8 % del PIB en 2022, y advierte sobre el creciente traslado de los costos educativos desde el Estado hacia los hogares. Colombia es, junto a Turquía, el país de la OCDE con mayor proporción de gasto privado en educación terciaria —alrededor del 20 %—, frente al promedio OCDE donde el Estado financia el 70 %. Es decir, la expansión del acceso en Colombia se financió en buena medida con los recursos de las propias familias, a través de matrículas, deuda con el ICETEX y costos de sostenimiento. Cuando esas familias —mayoritariamente de estratos bajos— no pueden sostener el esfuerzo, sus hijos abandonan. La deserción no es solo un fracaso académico: es la materialización financiera de una arquitectura de política pública que transfiere el riesgo del proyecto educativo a quienes menos capacidad tienen de asumirlo. Mientras tanto, según alertó la Contraloría General en mayo de 2025, las universidades públicas más importantes del país acumulan un pasivo pensional de 8,3 billones de pesos, y la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 —indispensable para corregir tres décadas de subfinanciamiento estructural— sigue atrapada en debates legislativos.

El costo de este desajuste no es abstracto. La deserción educativa le cuesta al país al menos 2,8 billones de pesos anuales, según cálculos del Laboratorio de Economía de la Educación. Cada año adicional de escolaridad genera un aumento promedio del 10,1 % en los ingresos individuales a lo largo de la vida, y los graduados universitarios tienen una prima salarial entre el 40 % y el 100 % frente a quienes solo culminan la educación media. Un estudiante que abandona la universidad en tercer semestre no pierde únicamente lo invertido en esos meses: pierde la prima salarial de toda su vida laboral. Y como el 67 % de los desertores proviene de los estratos más bajos, ese costo se concentra precisamente en las familias que más necesitaban el ascensor social. La masificación sin culminación no es una ineficiencia menor del sistema: es un mecanismo silencioso de reproducción de la desigualdad.

Lo más llamativo es que el problema está identificado, los datos están disponibles y, sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida se propone incorporar 500.000 nuevos estudiantes al sistema durante el cuatrienio sin establecer una meta cuantificada de reducción de la deserción ni una tasa objetivo de graduación oportuna como indicador de resultado. La arquitectura de incentivos sigue premiando el ingreso, no el trayecto. Y mientras los indicadores oficiales sigan anclados allí, las universidades —públicas y privadas— tendrán pocas razones institucionales para reorganizar sus sistemas de bienestar, sus modelos pedagógicos, sus mecanismos de detección temprana del riesgo de abandono y su acompañamiento a estudiantes de primera generación universitaria, que son precisamente quienes más necesitan que la institución reorganice sus prioridades.

La evidencia acumulada en nuestra investigación, ahora confirmada con fuerza tanto por el informe de la UNESCO como por los datos del sistema colombiano, indica que la solución no está en abrir más puertas, sino en rediseñar el interior de la casa. Las instituciones que logran sostener trayectorias estudiantiles exitosas no son necesariamente las más grandes ni las mejor financiadas: son las que tienen sistemas robustos de detección temprana del riesgo de abandono, las que tratan el bienestar estudiantil como una función académica y no como un servicio auxiliar, y las que reconocen que un estudiante de primera generación universitaria necesita no solo acceso a conocimiento sino acompañamiento para habitar una cultura institucional que no fue diseñada pensando en él.

La pregunta que debe ocupar el centro de la política educativa universitaria colombiana en los próximos años no es cuántos jóvenes ingresaron este año a la universidad. Es cuántos de los que ingresaron encontraron allí las condiciones para quedarse, aprender y salir transformados. Hasta que esa pregunta organice nuestras agendas ministeriales, las metas del PND, los modelos de financiamiento y los indicadores con que evaluamos a las instituciones, estaremos construyendo universidades que abren puertas magníficas frente a pasillos que nadie sabe cómo transitar.

Tomado de: Linkedin

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