Nación
De la promesa al saqueo: así operó AREMCA en el Caribe colombiano
Por: Alexandra Martínez y Rosiris Castillo.
Lo que comenzó como una herramienta para cerrar brechas entre territorios terminó convertido en un engranaje que hoy sacude al país por un escándalo de corrupción de proporciones nacionales. La caída de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA) no solo expone un entramado de contratos presuntamente direccionados, sino también las grietas de un modelo institucional que, durante años, operó bajo advertencias que no se tradujeron en acciones efectivas de control.
El origen: una idea necesaria con bases débiles
La asociatividad territorial nació en Colombia como una apuesta para que municipios —especialmente los más pequeños— pudieran unir capacidades y acceder a proyectos de mayor escala. Sin embargo, desde 2013, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya advertía fallas estructurales: reglas poco claras, baja financiación y una marcada dependencia de los mandatarios de turno. Era, en esencia, una herramienta válida, pero con debilidades institucionales que la hacían vulnerable.
Con la llegada del Sistema General de Regalías (SGR) y los recursos del OCAD Paz —que entre 2017 y 2022 aprobaron cerca de 8 billones de pesos—, estas asociaciones accedieron a una fuente robusta de financiación. Pero ese mismo flujo de recursos terminó convirtiéndose en un punto crítico: estructuras con capacidad de ejecutar millonarios presupuestos sin los niveles de control exigidos en otros esquemas de contratación pública.
Las alertas que no detuvieron el modelo
En agosto de 2024, el entonces director del DNP, Alexander López Maya, advirtió públicamente sobre la existencia de un “contratadero” de regalías en la región Caribe. El señalamiento no fue menor: identificó que un grupo reducido de asociaciones, entre ellas AREMCA, concentraba proyectos por cerca de 610.000 millones de pesos, operando bajo esquemas que permitían eludir procesos de licitación mediante convenios interadministrativos.
A esto se sumaron hallazgos de la Secretaría de Transparencia, que detectó irregularidades en al menos 43 proyectos adjudicados entre 2022 y 2023 por más de 286.000 millones de pesos. Según esas alertas, la entidad incluso no cumpliría con los requisitos legales necesarios para ejecutar dichos recursos.
Pese a estos antecedentes, los contratos continuaron su curso.
El pronunciamiento de la Fiscalía
La investigación de la Fiscalía General de la Nación dio un paso más allá del diagnóstico institucional y planteó la existencia de un esquema estructurado. De acuerdo con el ente acusador, AREMCA habría sido utilizada como una figura ejecutora para facilitar la asignación directa de contratos, evitando los procesos de selección pública establecidos en la Ley 80 de contratación estatal.
El balance presentado por la Fiscalía es contundente:
• 101 proyectos presuntamente direccionados
• Más de 496.000 millones de pesos comprometidos
• Intervención en al menos nueve departamentos del país
Las obras contemplaban saneamiento básico, infraestructura, programas agrícolas y ambientales. Sin embargo, según el avance de las investigaciones, en múltiples casos estos proyectos no se ejecutaron o quedaron inconclusos.
La Fiscalía también estableció que detrás de este mecanismo operaría una estructura conformada por el creador de la entidad, representantes legales, coordinadores financieros y de planeación, y la tesorera, quienes habrían actuado de manera articulada para garantizar que AREMCA fuera designada como ejecutora de recursos públicos.
En diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar este entramado: Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.
Según la Fiscalía, estas personas se habrían articulado para lograr que AREMCA fuera designada como ejecutora por parte de alcaldías y gobernaciones y, una vez obtenidos los avales, direccionar proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
Los elementos materiales probatorios indican que los procesos contractuales habrían vulnerado principios fundamentales de la contratación pública como la transparencia, la publicidad y la selección objetiva. Además, se documentó la posible apropiación indebida de recursos por al menos 3.200 millones de pesos en proyectos que debían ejecutarse en Arauca.
A esto se suma que la entidad presuntamente dejó de retener cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución especial de obra pública, un tributo destinado a financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.
Esta acción judicial hace parte de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, creado para identificar y judicializar a los responsables de hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un entramado de corrupción que utilizaba la figura de esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su… pic.twitter.com/eWFduN9S3E
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 16, 2026
En medio de este avance judicial, el exdirector del DNP, Alexander López Maya, reaccionó públicamente respaldando la actuación de la Fiscalía y recordando que las alertas ya habían sido emitidas desde su paso por la entidad.
A través de su cuenta oficial, señaló:
“Celebro que la Fiscalía avance en la judicialización y en el desmantelamiento de los ‘contrataderos’ que se instalaron en las regiones para desangrar los recursos de regalías. Estos hechos fueron denunciados desde agosto de 2024 (…) donde encontramos más de 12 billones en riesgo de pérdida de recursos en proyectos de regalías que no cumplían con las condiciones técnicas, financieras o administrativas”.
López Maya también afirmó que, durante su gestión, intentó eliminar estos esquemas a través de una reforma en el proyecto de ley del bienio de regalías, iniciativa que —según indicó— fue archivada en el Congreso sin debate.
“Como director del DNP intenté eliminar los contrataderos (…) sin embargo, congresistas en las comisiones económicas (…) hundieron sin debate nuestra proposición. Hoy los hechos nos dan la razón”.
Sus declaraciones introducen un elemento adicional al caso: la discusión sobre decisiones políticas que, en su momento, habrían frenado intentos de ajuste institucional frente a estos mecanismos.
#ATENCION | Celebro que la @FiscaliaCol avance en la judicialización y en el desmantelamiento de los “contrataderos” que se instalaron en las regiones para desangrar los recursos de regalías. Estos hechos fueron denunciados desde agosto de 2024, a partir de la investigación que… https://t.co/6U4JJqh3A6 pic.twitter.com/yUSENKUv9g
— Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) April 15, 2026
Magdalena: contratos firmados, resultados inciertos
El departamento del Magdalena aparece como uno de los puntos sensibles dentro del caso. Municipios como El Retén, Aracataca, Fundación y Pedraza suscribieron convenios con AREMCA para proyectos de saneamiento, infraestructura y alcantarillado. En Pedraza, por ejemplo, se firmó en diciembre de 2023 un contrato por 9.709 millones de pesos para la construcción de un sistema de alcantarillado en el corregimiento de Bahía Honda, con un plazo de ocho meses.
A la fecha, persisten dudas sobre su ejecución. En Ciénaga, el propio DNP había advertido fallas en la vía San Pablo–San Javier, una obra por 23.200 millones de pesos que presentó problemas técnicos y retrasos.
El patrón se repite: contratos suscritos, recursos comprometidos y resultados que no son verificables en territorio.
Municipios del Magdalena figuran entre los más afectados por proyectos que no avanzaron pese a millonarias inversiones.
Más allá de las regalías: el alcance del esquema
El alcance del modelo no se limitó a los recursos del sistema de regalías. En junio de 2025, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) firmó con AREMCA un contrato por 35.000 millones de pesos para la implementación de programas de seguridad alimentaria en nueve departamentos y cerca de 20 municipios, con el objetivo de beneficiar a 7.000 familias.
Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia pública verificable sobre la ejecución efectiva de estos recursos. La situación fue advertida mediante denuncias que incluso habrían llegado a instancias del Gobierno Nacional, señalando posibles irregularidades y la necesidad de revisar el proceso.
Un problema que trasciende AREMCA
El caso no es aislado. Según datos del DNP, en 2024 se registraron 2.094 proyectos con plazos vencidos o suspendidos y 146 con irregularidades detectadas en campo dentro del sistema de regalías. A esto se suma que organizaciones como Transparencia por Colombia han advertido que una proporción significativa de contratos bajo estos esquemas presenta problemas de trazabilidad o niveles de opacidad en plataformas como SECOP.
En respuesta al escándalo, el DNP y la Fiscalía firmaron en 2025 un acuerdo de cooperación para fortalecer la investigación de estos casos y se anunciaron medidas como:
• Nueva metodología de evaluación de ejecutores (IGPR)
• Revisión normativa del sistema de regalías
• Creación de mecanismos para reducir intermediación
No obstante, estas acciones se dan cuando una parte importante de los recursos ya fue comprometida.
El caso AREMCA expone debilidades en los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de regalías en los territorios.
Detrás de cada cifra hay una ausencia concreta: agua que no llegó, vías que no se construyeron, proyectos productivos que no arrancaron.
El caso AREMCA no evidencia únicamente un posible entramado de corrupción, sino una falla más profunda: la debilidad de los mecanismos de control sobre figuras que operan en la frontera entre lo público y lo administrativo.
Las advertencias existieron. Los recursos también. Lo que no apareció a tiempo fue la capacidad institucional para frenar el modelo.
Hoy, mientras la Fiscalía avanza en la judicialización de los responsables, queda una pregunta abierta que trasciende este caso: ¿Quién está vigilando, en la práctica, la ejecución de los recursos públicos en los territorios? La respuesta, hasta ahora, sigue sin resolverse.
