Nación
Regalías en la mira: asociación de municipios terminó en escándalo de corrupción
Lo que en el papel prometía desarrollo para las regiones más necesitadas del país, hoy deja una estela de dudas, proyectos inconclusos y millones de pesos en el aire.
La figura de la asociatividad territorial —pensada para que municipios y departamentos trabajen unidos— está en el centro de un escándalo que vuelve a poner en evidencia cómo los recursos públicos pueden perderse en medio de la falta de control.
Hace más de una década, el Departamento Nacional de Planeación ya advertía que estas alianzas enfrentaban problemas serios: poca financiación, reglas poco claras y una alta dependencia de los gobernantes de turno. En otras palabras, un modelo con buenas intenciones, pero con bases frágiles.
Hoy, esas advertencias parecen haberse convertido en realidad. La Fiscalía General de la Nación reveló un presunto entramado de corrupción alrededor de la Asociación de Municipios del Caribe (AREMCA), una entidad que, en teoría, debía impulsar proyectos de desarrollo en distintas regiones.
La Fiscalía puso al descubierto un entramado de corrupción que utilizaba la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos de regalías, en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos. En… pic.twitter.com/B81s6KM1FL
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 15, 2026
Según las investigaciones, esta organización habría sido utilizada para direccionar contratos financiados con recursos de regalías. En total, se habla de más de 100 proyectos que superan los 496.000 millones de pesos, destinados a obras que iban desde saneamiento básico hasta programas agrícolas.
Pero el problema no es solo la cifra. Es lo que no se ve. En muchos casos, esos proyectos no se ejecutaron. No llegaron al territorio. No se tradujeron en soluciones reales para la gente.
Mientras tanto, en municipios de departamentos como Magdalena, La Guajira o Bolívar, las necesidades siguen intactas: vías deterioradas, falta de agua potable, comunidades esperando inversiones que nunca se concretaron.
Las alertas ya existían. La Secretaría de Transparencia había advertido irregularidades en al menos 43 proyectos adjudicados a AREMCA entre 2022 y 2023, por más de 286.000 millones de pesos. Lo más grave: la entidad, presuntamente, no cumplía con los requisitos legales para ejecutar esos recursos.
Aun así, los contratos se firmaron.
El caso ahora está en manos de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, que buscan establecer responsabilidades y determinar si hubo delitos como contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Pero más allá de lo judicial, hay una realidad que no se puede ignorar: detrás de cada contrato fallido hay comunidades que siguen esperando.
La asociatividad territorial no era una mala idea. Era, de hecho, una apuesta por cerrar brechas y fortalecer las regiones. Sin embargo, sin controles efectivos y con vacíos institucionales, terminó convertida —al menos en este caso— en una puerta abierta para el desvío de recursos.
