El Catastro de Petro: ¿Reforma Rural o Garrote Electoral?

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

El Acuerdo de La Habana, ese texto que el presidente Gustavo Petro invoca con la solemnidad de un salmo bíblico, reza en sus primeros folios que el Catastro Multipropósito es la piedra angular de la «Paz Total» y la justicia social. Sin embargo, en la práctica de este 2026, lo que era una promesa de regularización y equidad se ha transformado en un cínico ejercicio de ilusionismo fiscal y acoso político.

Es fascinante observar la plasticidad ética del inquilino de la Casa de Nariño. El mismo hombre que en 2013 incendió la opinión pública y se atrincheró en la Corte IDH alegando que ningún órgano administrativo podía tocar a un elegido por voto popular, hoy, revestido de un poder que parece marearlo, amenaza con «meter presos» o destituir a los alcaldes que no se plieguen a su narrativa del predial. ¿Dónde quedó el Petro que denunciaba el «golpe de Estado» administrativo? Parece que la soberanía popular solo es sagrada cuando lo protege a él; para los alcaldes de provincia, lo que hay es el Código Penal.

La jugada es maestra en su perversidad. Por un lado, el Gobierno Nacional —a través del brazo ejecutor del IGAC— infla los avalúos catastrales bajo el paraguas del cumplimiento de la paz, convirtiendo de la noche a la mañana a miles de samarios en «millonarios de papel». Pero cuando el recibo llega a la casa y el ciudadano grita, el Presidente se lava las manos con la rapidez de un prestidigitador.

Petro ha asumido formalmente el rol de jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda. Su estrategia es simple: disparar el avalúo desde Bogotá y luego señalar con el dedo acusador al Palacio Distrital en Santa Marta o a cualquier alcaldía del país, tildándolos de «abusivos» si no bajan las tarifas. Es el populismo tributario en su máxima expresión: yo te pongo la carga, pero le echo la culpa al vecino para no perder los votos que Cepeda necesita para heredar el trono.

Mientras en los folios del Acuerdo de Paz se habla de «proteger la economía campesina», en barrios como Cristo Rey, La Paz o Andrea Carolina, el ciudadano de a pie siente que el «Catastro Multipropósito» tiene un solo propósito real: exprimir el bolsillo local para tapar el hueco fiscal nacional, mientras se mantiene intacta la maquinaria de propaganda de cara a las presidenciales.

No nos llamemos a engaño. No es justicia social cobrar por una tierra cuya productividad el mismo Estado no garantiza. Es, simplemente, el uso del hambre y la angustia del propietario como combustible para una narrativa de lucha de clases prefabricada desde el centro del país.

Presidente, la coherencia no es un accesorio opcional. Si el fallo de la Procuraduría en su época fue un atropello a la democracia, su actitud acosadora contra los alcaldes hoy es un atropello a la autonomía territorial. Pero claro, en la #GeopolíticaParroquial de hoy, la memoria es corta y la necesidad de votos es larga. El samario ya tiene el recibo en la mano y la verdad en el bolsillo… vacío.