Departamento
El fracaso de la política de la ‘Paz Total’ que desangró a una región
4.872 asesinatos marcan el fracaso de la ‘Paz Total’ en Magdalena, La Guajira y Cesar, a pocos meses de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. El aumento de los desplazamientos masivos y el control armado en expansión evidencian el colapso de una política de seguridad que no logró contener la violencia ni restablecer la autoridad del Estado en territorios dominados por actores ilegales que hoy desafían abiertamente la institucionalidad.
Por: Arnol Sarmiento
La promesa de desactivar la violencia en Colombia a través del diálogo hoy choca con una realidad más cruda: territorios bajo presión armada, comunidades desplazadas y cifras de homicidios en ascenso. En el Caribe colombiano, la ‘Paz Total’ no logró contener la expansión de estructuras ilegales; por el contrario, coincide con uno de los periodos más violentos recientes en Magdalena, La Guajira y Cesar. A pocos meses de finalizar el gobierno de Gustavo Petro, el balance territorial de su principal política de seguridad expone una fractura entre el discurso oficial y los resultados en terreno.
Radiografía de una promesa fallida
Los informes anuales de la plataforma de Derechos Humanos PDHAL, con información oficial de Medicina Legal, señalan que entre 2022 y abril de 2026, los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira acumulan 4.872 homicidios. El Magdalena encabeza el registro con 2.338 casos, seguido de Cesar con 1.556 y La Guajira con 978.
Estas cifras no solo reflejan una alta letalidad, sino la incapacidad de contener la violencia en regiones donde el Estado apostó por el diálogo con estructuras armadas ilegales como eje de su estrategia de seguridad.
Diálogos sin control y beneficios sin resultados
El 7 de agosto de 2022, el Gobierno lanzó la ‘Paz Total’ como una política orientada a negociar con todos los actores armados ilegales. En ese marco, el Decreto 2659 del 31 de diciembre de 2022 estableció un cese al fuego bilateral con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), organización con presencia en el Caribe.
Posteriormente, en 2024, se formalizaron espacios de conversación sociojurídica y se designaron integrantes de esta estructura como “gestores de paz”, lo que implicó el levantamiento de órdenes de captura contra miembros de su cúpula.
Sin embargo, los resultados en seguridad no acompañaron estas decisiones. Por el contrario, en los territorios se evidenció un incremento de homicidios, extorsiones y control armado. La brecha entre los beneficios otorgados y la reducción real de la violencia se convirtió en uno de los principales puntos de cuestionamiento.
El proceso alcanzó un punto crítico cuando uno de estos “gestores de paz” habría amenazado públicamente al presidente, evidenciando la falta de control institucional sobre actores vinculados al proceso.
Magdalena: epicentro de la crisis humanitaria
El impacto de esta dinámica no se limita a las cifras de homicidios. El Magdalena acumula 2.338 asesinatos entre 2022 y abril de 2026, posicionándose como el departamento más violento del Caribe en este periodo. Lejos de ser un fenómeno aislado, esta cifra se traduce en una presión armada sostenida sobre el territorio.
En este contexto, la violencia ha escalado hacia una crisis humanitaria. Así lo confirmó un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que señaló que los enfrentamientos entre estructuras armadas han generado desplazamientos masivos que afectan a por lo menos 1.159 personas en municipios como Aracataca, Ciénaga y Pivijay.
A esto se suma que, solo entre enero y febrero de 2026, se registraron 1.960 personas desplazadas, posicionando al departamento entre los más golpeados del país en este indicador. La presión sobre corredores estratégicos evidencia una disputa territorial activa, con capacidad de afectar de manera directa a comunidades rurales y urbanas.
El Magdalena es uno de los departamentos más golpeados por el desplazamiento forzado
La Guajira y Cesar: violencia focalizada y expansión criminal
En La Guajira, el balance también es crítico: 978 homicidios acumulados en el mismo periodo reflejan una violencia persistente con características diferenciadas. El 80% de estos casos se concentran en Riohacha, lo que evidencia un control territorial en disputa, especialmente en zonas urbanas donde confluyen economías ilegales.
En este departamento, la violencia adquiere un patrón focalizado: asesinatos selectivos, víctimas jóvenes —incluidos menores de edad— y una dinámica de confrontación entre estructuras criminales que profundiza la vulnerabilidad social.
El Cesar, por su parte, registra 1.556 homicidios entre 2022 y 2026, consolidándose como el segundo departamento con mayor número de asesinatos en esta zona del país. Esta cifra no solo confirma una tendencia sostenida, sino que refleja la expansión de estructuras armadas y su capacidad de incidencia regional.
En conjunto, La Guajira y Cesar configuran un escenario de violencia que combina concentración territorial, disputas estratégicas y crecimiento de actores ilegales, en paralelo a un modelo de seguridad que no logra contener su avance.
Más de 1.200 homicidios se registraron en Magdalena, Cesar y La Guajira durante el 2025
Reacción institucional: tarde, fragmentada y sin efecto disuasivo
El deterioro de la seguridad obligó a la realización de un consejo extraordinario el pasado 10 de abril en el Batallón Córdova, en Santa Marta. En este espacio participaron los gobernadores de Magdalena, La Guajira y Cesar, junto a alcaldes de municipios clave como Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación, Zona Bananera, Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Valledupar, Pueblo Bello y El Copey.
Aunque la articulación institucional es un paso necesario, la convocatoria de estos escenarios evidencia una reacción tardía frente a una crisis que lleva varios años en escalamiento, sin resultados sostenidos en la contención de la violencia.
Más allá de los operativos y anuncios, la respuesta de la criminalidad ha sido inmediata y demostrativa. En La Guajira, particularmente en Riohacha, la ciudad fue prácticamente militarizada tras amenazas públicas de uno de los hombres más buscados del país, por quien se ofrece una alta recompensa. A pesar de la presencia de la fuerza pública, el impacto real en la percepción de seguridad fue limitado.
Durante tres días, un paro armado de facto paralizó la capital guajira: el comercio cerró y la movilidad se redujo significativamente por temor a represalias. La medida, impuesta por actores armados ilegales, se cumplió en su totalidad, evidenciando la capacidad de intimidación y control social de estas estructuras.
Este episodio deja un mensaje claro: la presencia institucional no está logrando traducirse en garantías efectivas de seguridad. El temor ciudadano terminó siendo más determinante que la acción estatal, lo que refleja un desgaste progresivo en la confianza hacia las instituciones y expone cómo actores vinculados —directa o indirectamente— a procesos de “Paz Total” han llegado a desafiar abiertamente la autoridad del Estado en el territorio.
Una política en su punto de quiebre
El balance territorial de la ‘Paz Total’ expone una desconexión entre la estrategia nacional y su implementación local. La combinación de ceses al fuego, reconocimiento político y beneficios jurídicos no logró desarticular las estructuras armadas ni reducir los indicadores de violencia.
Por el contrario, en regiones como el Caribe colombiano, estos mecanismos coincidieron con una reconfiguración del control criminal, fortaleciendo la capacidad operativa de estos grupos en zonas estratégicas.
El eventual fracaso de las conversaciones con las ACSN podría incluso derivar en escenarios como la reactivación de solicitudes de extradición, cerrando la posibilidad de una salida negociada.
El Magdalena entre masacres, líderes asesinados y una cifra récord de homicidios
El costo de una política sin control territorial
El país enfrenta un punto de inflexión en su política de seguridad. La evidencia territorial muestra que, sin control efectivo del Estado, cualquier proceso de diálogo carece de capacidad real para transformar las dinámicas de violencia.
Hoy, Magdalena, La Guajira y Cesar no solo reflejan el desgaste de la ‘Paz Total’, sino las consecuencias de una estrategia que no logró traducir sus apuestas en resultados verificables. El desafío inmediato para las instituciones es recuperar el control territorial, restablecer la autoridad y condicionar cualquier beneficio a reducciones reales de la violencia.
De no hacerlo, el cierre de este gobierno no solo dejará una política debilitada, sino un escenario más complejo: territorios en disputa, estructuras armadas fortalecidas y una ciudadanía expuesta a una violencia que, lejos de disminuir, se consolidó como el principal indicador del fracaso estatal en estas regiones.
