Departamento
Más de 1.200 homicidios se registraron en Magdalena, Cesar y La Guajira durante el 2025
La violencia homicida en la Sierra Nevada no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de la ausencia de una política de seguridad efectiva y de la consolidación de corredores armados en estos tres departamentos. Esta dinámica se expresa en disputas armadas, asesinatos selectivos y un marcado vacío de presencia estatal. El balance de homicidios del 2025 confirma que el Magdalena continúa siendo el departamento más violento.
Por: Arnol Sarmiento
Un total de 1.272 homicidios fueron registrados en el 2025 en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, según el más reciente análisis presentado por la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL, cifras que confirman un panorama crítico de seguridad en la región norte del país. De ese total, 615 homicidios correspondieron únicamente al departamento del Magdalena, convirtiéndolo en el territorio más violento de los tres.
Así lo advirtió Lerber Dimas, director de PDHAL, en entrevista con OPINIÓN CARIBE, al señalar que el homicidio sigue siendo el delito de mayor impacto social y humano en la región. “El delito del homicidio es el que tiene la mayor carga por la dimensión, por el impacto y por el daño que genera. Es el que realmente produce mayor preocupación en el macizo montañoso de la Sierra Nevada, que corresponde a Magdalena, Cesar y La Guajira”, afirmó.
Magdalena: aumentos, contrastes y zonas críticas
El análisis evidencia que en el Magdalena los homicidios aumentaron un 6,83 %, pasando de 573 casos en 2024 a 615 en 2025. No obstante, el comportamiento fue desigual entre municipios y jurisdicciones policiales.
Mientras la Policía Metropolitana de Santa Marta registró una reducción del 14 %, al pasar de 206 homicidios en 2024 a 180 en 2025, otros municipios encendieron las alarmas. “En términos de homicidios, a lo que le corresponde a la Policía Metropolitana de Santa Marta no salió tan mal librada, aunque el número sigue siendo elevadamente alto”, precisó Dimas.
Municipios como Aracataca registraron un aumento superior al 45 %, Zona Bananera creció un 31 %, convirtiéndose en el segundo municipio que más homicidios aporta al departamento, y Pivijay reportó un incremento cercano al 50 %. En contraste, Ciénaga redujo los casos de 108 a 96 (-12 %), Sitio Nuevo pasó de 14 a 11 homicidios (-27 %) y El Retén disminuyó de 10 a 5.
Masacres y asesinatos selectivos
Más allá de las cifras de homicidios, PDHAL advierte un escenario de violencia agravada por masacres y asesinatos de líderes sociales. En Santa Marta se registraron cinco masacres durante 2025, de las cuales una —ocurrida en Palmor de la Sierra— no figura en los reportes oficiales.
“Cuatro fueron reportadas oficialmente, una no fue reportada y solo aparece en nuestro seguimiento. Efectivamente hubo una masacre allí”, denunció el director de PDHAL.
El balance en el Magdalena incluye además el asesinato de dos líderes comunitarios, un líder político, un defensor indígena de derechos humanos y dos líderes religiosos, a los que se sumó otro doble homicidio de líderes religiosos en Fundación al cierre del año.
La Guajira: picos alarmantes
En La Guajira, el número total de homicidios pasó de 220 en 2024 a 271 en 2025, lo que representa un aumento cercano al 18 %. Sin embargo, algunos municipios registraron incrementos severos: Maicao (+44 %), Fonseca (+26 %) y Uribia, con un alarmante aumento del 92 %. El caso de Albania, que pasó de cero homicidios en 2024 a 12 en 2025, fue calificado como “absolutamente alto”.
Según PDHAL, esta violencia responde a la fragmentación del territorio entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Clan del Golfo (EGC) y el ELN. “Hay un corredor que genera disputas, especialmente en San Juan, Barrancas y Fonseca, donde el conflicto entre estos grupos es bastante delicado”, explicó Dimas.
El departamento también reportó tres masacres, el asesinato de dos líderes indígenas, una etnoeducadora y un líder comunitario.
Cesar: aumentos en el sur y expansión del conflicto
En el Cesar, los homicidios crecieron un 4 % en 2025, con incrementos particularmente altos en el sur del departamento. Municipios como San Martín registraron un aumento del 52 %, Bosconia y San Alberto superaron el 60 %, y Río de Oro alcanzó casi un 38 %.
El departamento cerró el año con 386 homicidios, además de una masacre, el asesinato de un líder sindical y un líder comunal. “Son números bastante altos y muy preocupantes a nivel nacional”, sostuvo el director de PDHAL.
Fallas estructurales y ausencia de política pública
Para la Plataforma, el problema no se limita a cifras aisladas, sino a un conflicto armado persistente en la Sierra Nevada, que irradia violencia hacia los tres departamentos. “Estos números no se pueden leer solo como estadísticas; obedecen a un conflicto presente en el territorio”, subrayó Dimas.
El análisis cuestiona duramente la gestión institucional, especialmente en el Magdalena. “La reducción del homicidio tiene que obedecer a una política estatal, departamental y municipal que no existió. Por eso los números son tan elevados”, afirmó.
Dismas también criticó la inexistencia de proyectos de seguridad y aseguró que el tema de seguridad ha sido históricamente relegado. “Para las alcaldías, la gobernación e incluso el Estado, la seguridad ha sido un tema menor en el Magdalena”, señaló.
Metodología y subregistro
PDHAL aclaró que sus cifras provienen de tres mecanismos de medición: Medicina Legal, Policía Nacional y una base de datos propia alimentada con informes de prensa y reportes comunitarios. Esto explica por qué algunos homicidios no aparecen en estadísticas oficiales.
“Toda persona asesinada, de manera legítima o ilegítima, es una vida que se pierde y por eso la contabilizamos”, explicó Dimas, al advertir que las diferencias con los registros oficiales pueden variar en pocos casos, pero no alteran la gravedad del panorama.
Un cierre negativo y un 2026 incierto
El balance final de 2025 es contundente. “El balance es bastante malo, no voy a decir que sea bueno. No terminamos bien el año”, concluyó el director de PDHAL, quien expresó su expectativa de que 2026, al ser un año electoral, permita al menos una reducción significativa de estas cifras.
Mientras tanto, el macizo montañoso de la Sierra Nevada continúa siendo el epicentro de un conflicto que, lejos de ceder, sigue cobrando vidas y evidenciando la profunda deuda del Estado con la seguridad y los derechos humanos en el Caribe colombiano.
