Alta Consejería para la Paz de Santa Marta le responde al Gobierno Petro

El Distrito señala que el Gobierno no cumplió los compromisos de sometimiento de estructuras criminales ni de inversión social, y exige medidas urgentes ante el aumento de la violencia y el deterioro humanitario en Santa Marta.

La Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta emitió una comunicación en la que responde de manera directa a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación de seguridad en la ciudad y los avances de la política de Paz Total. El pronunciamiento sostiene que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los compromisos adquiridos y advierte un deterioro grave de las condiciones humanitarias en el territorio.

Según la consejería, los grupos armados señalados por el Presidente como responsables de la crisis son los mismos con los que el Gobierno lleva más de tres años negociando en el marco de los diálogos sociojurídicos instalados en la Sierra Nevada, incluida la solicitud de suspensión de órdenes de captura para sus representantes. El Distrito afirma haber respaldado con firmeza esa política, a diferencia —dicen— de administraciones anteriores.

El documento señala que Santa Marta y el Magdalena enfrentan una disputa abierta entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con presencia extendida en La Guajira, Cesar y parte del Atlántico. En este contexto, la consejería afirma que el Gobierno no cumplió dos promesas fundamentales: lograr el sometimiento real de las estructuras criminales para reducir la violencia y garantizar inversiones nacionales para transformar las causas sociales del conflicto.

La Alta Consejería advierte que, a seis meses de la elección de un nuevo presidente, ninguno de esos objetivos se ha materializado. Asegura, además, que las recomendaciones presentadas por la Alcaldía Distrital para corregir el rumbo de los diálogos no fueron escuchadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Desde hace dos años, el Distrito ha insistido en tres solicitudes principales: fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía en el territorio; instalar un mecanismo independiente de verificación de los acuerdos de las mesas de diálogo; y ejecutar inversiones coordinadas que atiendan las raíces sociales de la violencia.

El comunicado también revela que las autoridades distritales informaron oportunamente a Presidencia y a la Oficina del Comisionado sobre hechos denunciados por la ONU como tratos crueles y degradantes contra jóvenes de sectores vulnerables. Estos hechos fueron discutidos en un subcomité con la Policía Metropolitana, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas y la Fiscalía, que anunciaron líneas de investigación para judicializar a los responsables.

La administración expone, además, que desde el anuncio de “cese unilateral de operaciones” por parte de las ACSN, el 13 de junio, Santa Marta ha registrado 59 homicidios por sicariato sin un mecanismo de verificación que brinde garantías ciudadanas. También notificó al Gobierno sobre patrones de extorsión contra mujeres en prostitución, población vulnerable y la persistencia del reclutamiento de menores.

El Distrito sostiene que ha destinado recursos para la atención a víctimas, la prevención del reclutamiento y el fortalecimiento de la Fuerza Pública, incluida una inversión de más de 12.000 millones de pesos en apoyo a la seguridad.

Finalmente, la Alta Consejería solicita la adopción de dos medidas urgentes: que el Presidente encabece en Santa Marta un consejo de ministros que defina inversiones concretas para fortalecer las economías lícitas y la seguridad humana; y que se convoque de manera extraordinaria la CIPRAT, solicitada desde diciembre de 2024, para coordinar la respuesta del Estado ante el deterioro de las condiciones humanitarias en la Sierra Nevada.