¿Dónde quedaron las encuestas? El silencioso papel de las firmas encuestadoras en las elecciones al Congreso 2026

A diferencia de otros procesos electorales, las elecciones al Congreso de la República de 2026 transcurrieron sin el habitual bombardeo de encuestas que históricamente ha servido para medir el pulso político, anticipar tendencias y marcar la agenda pública. Esta vez, el escenario fue distinto: pocas mediciones, escasa divulgación y un notorio silencio estadístico en plena recta final de campaña.

Desde Opinión Caribe se indagó por las razones de esta ausencia. En diálogo con el analista político y director de una firma encuestadora, Pedro Tobías, se conocieron detalles clave que explican por qué las encuestas dejaron de ser protagonistas en esta contienda legislativa.

Según Tobías, en Colombia existen 74 firmas encuestadoras legalmente constituidas a nivel nacional. Sin embargo, en el departamento del Magdalena el panorama es marcadamente distinto: solo una firma cumple con los requisitos legales, técnicos y metodológicos exigidos para realizar y publicar encuestas electorales.

“Legalmente, la única firma encuestadora del Magdalena soy yo”, afirmó el analista, en referencia a Magdalena Líder, registrada y habilitada ante las autoridades competentes.

Pero más allá del número de firmas, Tobías plantea una explicación de fondo: la dinámica electoral del Magdalena no gira en torno a la opinión pública, sino a estructuras políticas tradicionales y convencionales.

De acuerdo con el analista, en las elecciones de Cámara y Senado los actores políticos del departamento no consideran relevante invertir en mediciones de opinión, ya que el comportamiento electoral no se define por percepciones ciudadanas, sino por recursos económicos, maquinaria política y estructuras burocráticas.

“Es una elección que se mueve por estructura económica y no por opinión. Por eso, las encuestas terminan siendo irrelevantes a la hora de contratarse”, explicó.

Esta lógica, añade, genera una desconexión evidente entre los resultados de las encuestas y lo que finalmente arrojan las urnas.

Según Tobías, esta discrepancia podría evidenciarse nuevamente en los resultados: mientras algunas encuestas históricas podrían sugerir determinados liderazgos, la dinámica territorial apunta a que la primera votación a la Cámara en el Magdalena recaiga, muy probablemente, en partidos tradicionales como el Partido Liberal o el Centro Democrático.

“La dinámica electoral define la dinámica de las encuestas. Cuando la política se mueve por estructuras tradicionales, las encuestas no son protagonistas. En cambio, cuando la opinión es determinante, las encuestas sí cobran relevancia”, señaló.

Por esa razón, explicó, las encuestas suelen tener mayor peso en elecciones de alcaldías y gobernaciones, donde el voto de opinión incide con mayor fuerza y los candidatos requieren medir percepción, imagen y favorabilidad.

Durante el proceso electoral solo se conocieron dos encuestas relacionadas con Senado y Cámara. Una de ellas, según el analista, fue la mejor estructurada de las que se hicieron públicas, al contar con ficha técnica, tamaño de muestra definido —701 encuestas— y un margen de error del 3,7 %, lo que la hacía legalmente publicable.

No obstante, Tobías advirtió que incluso esta medición presentaba falencias de diseño, especialmente al evaluar candidatos individuales, ya que la muestra estaba concebida para análisis generales por partido y no para proyecciones personalizadas. “Cumple la ley, pero está acomodada”, puntualizó.

La segunda encuesta, atribuida a otra firma, fue catalogada como incompleta y deficiente, al no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para su divulgación pública.

Finalmente, el analista subrayó que la entrada en rigor de la Ley 2494 ha endurecido las condiciones para la realización de encuestas, dificultando la proliferación de mediciones informales, conocidas popularmente como “encuestas de garaje” o encuestas sin sustento técnico.

En ese contexto, el silencio de las encuestas no obedece únicamente a falta de interés, sino a una combinación de dinámicas políticas tradicionales, desincentivos económicos y mayores exigencias legales, que terminaron relegando la medición de opinión a un segundo plano en las elecciones legislativas de 2026.