Cabo Tortuga contra el mar: Prorrogan calamidad para salvar la playa con dragado de emergencia

La batalla contra la erosión costera en Santa Marta ha sumado un nuevo capítulo decisivo. El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd) anunció la prórroga de la Declaratoria de Calamidad Pública 495 de 2025, una medida administrativa que busca evitar que el mar termine por devorar definitivamente el sector de Cabo Tortuga.

La decisión, liderada por la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, no es solo un trámite burocrático; es el salvavidas legal necesario para ejecutar una intervención de ingeniería «blanda» que promete devolverle a la ciudad más de media hectárea de playa en las próximas semanas.

El director de la oficina de Gestión del Riesgo (Ogricc), Darío Linero Mejía, confirmó que el proyecto ya tiene fecha de inicio operativa. Según el funcionario, la draga que realizará los trabajos de recuperación arribará al sector entre el 27 de abril y el 4 de mayo de 2026.

«El objetivo es realizar una intervención profunda para evitar la pérdida total de las playas y daños estructurales permanentes», explicó Linero, subrayando que la emergencia requiere acciones inmediatas antes de que el fenómeno erosivo sea irreversible.

Radiografía de la intervención

El Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para Cabo Tortuga contempla cifras ambiciosas para la estabilización del terreno:

Recuperación de área: Se proyecta rescatar aproximadamente 0.57 hectáreas de zona de playa.

Movimiento de sedimentos: Se redistribuirán 14.753 metros cúbicos de arena mediante dragado hidráulico.

Ancho de berma: El objetivo técnico es alcanzar una extensión de playa de 20 metros, proporcionando un colchón de protección tanto para la infraestructura residencial como para los ecosistemas de humedales cercanos.

A diferencia de otros procesos similares en el pasado, la intervención en Cabo Tortuga destaca por una articulación estrecha entre el sector público y los privados. El secretario de Gobierno, Camilo George, enfatizó que la solución a este problema —que arrastra años de deterioro— depende de la coordinación con los concesionarios de Cabo Tortuga y Sierralaguna, además de autoridades ambientales como Corpamag, Dadsa y la Dimar.

Esta unión de fuerzas busca garantizar que el interés colectivo y los bienes de uso público prevalezcan, protegiendo un sector que es vital para el patrimonio ambiental y el atractivo turístico de la «Perla de América».

La declaratoria original, emitida el 21 de noviembre de 2025, tenía una vigencia inicial de seis meses. Con esta prórroga, la Alcaldía asegura los mecanismos contractuales y presupuestales para que la draga trabaje sin interrupciones legales, intentando dar una solución definitiva a un riesgo que amenaza con borrar del mapa uno de los rincones más exclusivos y ambientalmente sensibles del Distrito.