Mesa interinstitucional definirá el futuro de la operación del ferry de Salamina

El próximo 15 de mayo, Corpamag llevará a cabo una mesa técnica para evaluar la situación del ferry en el municipio de Salamina, un punto de operación con más de seis décadas de funcionamiento que resulta clave para la estabilidad económica y comercial entre los departamentos de Magdalena y Atlántico. Según la Procuraduría, la problemática impacta a más de 60.000 personas.

Por: Arnol Sarmiento

La operación del ferry en el municipio de Salamina, Magdalena, se mantiene en el centro de una disputa institucional que ha trascendido el ámbito técnico. La decisión adoptada en agosto de 2025 por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), que ordenó la suspensión de los puertos en el punto histórico “La Granja” y el traslado de la operación a otro sector bajo el principio de precaución ambiental, reconfiguró la conectividad entre Magdalena y Atlántico. Esta medida desencadenó una cadena de efectos que hoy mantiene en tensión a autoridades locales, operadores y entes de control.

Desde entonces, la concentración de la operación en el kilómetro 3.5 ha evidenciado limitaciones estructurales con impacto directo en la población. Así lo advirtió la Alcaldía de Salamina, que señaló que la capacidad del punto provisional fue desbordada, con esperas de hasta tres horas, retrasos críticos, aumento en los costos logísticos del comercio y problemas de abastecimiento asociados al uso de vías alternas en mal estado. Situación por la cual, mediante el Decreto 01 del 18 de marzo de 2026, el municipio declaró la calamidad pública para habilitar acciones urgentes frente a la emergencia por lo cual le solicitó a la Gobernación del Magdalena la instalación de una mesa técnica que evalúe la reapertura de “La Granja”.

El operador también reporta un deterioro significativo en la prestación del servicio. Según Transdier S.A.S., la operación pasó de 16 trayectos diarios a solo 6, y la movilización de vehículos se redujo de cerca de 300 a apenas 100. A esto se suma el incremento en los tiempos de cruce, que pasaron de 8 a cerca de 40 minutos, debido a las condiciones del nuevo punto y a la mayor distancia operativa. La empresa sostiene que el puerto histórico registra más de seis décadas de uso sin evidencia concluyente de afectaciones ambientales, argumento que contrasta con la decisión de la autoridad ambiental.

El caso tomó un nuevo giro con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que el 8 de abril emitió un informe preventivo cuestionando la actuación de Corpamag. El ente de control advierte posibles omisiones, falta de diligencia y decisiones con impactos desproporcionados sobre más de 60.000 ciudadanos.

Entre los hallazgos, la Procuraduría señala la ausencia de evidencia concluyente que vincule directamente la operación del ferry con procesos de erosión, indicando que estos responden en gran medida a dinámicas naturales del río. También identifica inconsistencias en la gestión de permisos ambientales, modificaciones injustificadas en solicitudes y exigencias técnicas no previstas inicialmente, lo que podría vulnerar principios como la buena fe y la confianza legítima.

El trasfondo del conflicto evidencia una tensión estructural entre la protección ambiental y la garantía de servicios esenciales. Mientras Corpamag defiende la aplicación del principio de precaución, autoridades territoriales y actores económicos sostienen que la medida no ponderó adecuadamente sus efectos sobre la salud, la movilidad y la seguridad alimentaria en la región.

Ante la escalada del conflicto, Corpamag ha desarrollado espacios de diálogo con los actores involucrados, con participación de la gobernadora Margarita Guerra, en los que se han establecido compromisos interinstitucionales orientados a una solución temporal que restablezca la movilidad sin desconocer los requisitos legales.

En ese marco, la autoridad ambiental convocó a una mesa interinstitucional para el 15 de mayo de 2026 en Santa Marta, con participación de la Procuraduría, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena, la Gobernación del Magdalena y alcaldes de la zona. El objetivo será evaluar la viabilidad de mantener, ajustar o levantar la restricción, incluida la posible reactivación del punto “La Granja”.

Desde Corpamag reiteraron que estas acciones buscan equilibrar la protección de los recursos naturales con la necesidad de garantizar la movilidad de las comunidades que dependen de esta conexión entre Magdalena y Atlántico, mediante presencia institucional y soluciones concertadas.

El caso Salamina entra en una fase decisiva: la próxima definición institucional no solo determinará si se reabre “La Granja” o se mantiene la restricción. La solución ya no es únicamente técnica; es una prueba de responsabilidad pública con efectos inmediatos sobre más de 60.000 personas.