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Ni la justicia es suficiente: Julio César de León agoniza esperando la atención urgente que una tutela ordenó
Tras múltiples cirugías y complicaciones graves, médicos ordenaron su traslado urgente a un centro especializado, pero la remisión nunca se concretó. Aunque un juez ordenó a Nueva EPS materializar el traslado en 48 horas, más de un mes después la orden sigue sin cumplirse. Esta publicación —realizada con el consentimiento de su compañera— tiene un solo propósito: un llamado a la solidaridad de toda la comunidad y tocar corazones.
Por: José D. Pacheco Martínez
En San Luis Beltrán, un corregimiento del Magdalena a más de seis horas de Santa Marta, hay una familia que lleva cuatro meses haciendo una travesía que no debería tener que hacer. La compañera de Julio César de León Vega y sus tres hijos pequeños viajan cada vez que pueden hasta Valledupar para estar cerca de un hombre que, desde el 24 de diciembre de 2025, pelea por su vida en una cama de la Clínica Médicos de esa ciudad. Lo hacen con lo que no tienen. Lo hacen porque no hay nadie más.
Julio César tenía 29 años cuando una vaca se atravesó en la vía Plato–Tenerife la víspera de Navidad y lo lanzó de su motocicleta. El impacto le destruyó el abdomen. Los médicos le practicaron la primera cirugía ese mismo 24 de diciembre, con hallazgos que lo decían todo: lesión traumática de hígado, lesión de vesícula biliar, hemoperitoneo aproximado de 2.000 cc y ruptura de la unión gastroduodenal. Lo que siguió fue un calvario quirúrgico de más de siete intervenciones en menos de un mes: laparotomías exploratorias, drenajes biliares y pancreáticos, lavados peritoneales y la colocación de sistemas de presión negativa abdominal.
El drama de Julio de León: con abdomen abierto y sepsis, espera remisión urgente que no llega
A mediados de enero de este año, desarrolló sepsis y peritonitis aguda, y tuvo que ser sometido a traqueostomía para mantener la vía aérea. Su corazón, según un ecocardiograma practicado días después del accidente, también quedó contusionado. Lleva meses con el abdomen abierto con bolsa de Bogotá, bajo ventilación mecánica, con hipotensión severa, taquicardia supraventricular y acidosis metabólica severa. Desde el 16 del mismo mes, el equipo médico firmó una orden de remisión urgente a un centro con cirujanos hepatobiliares especializados. Esa orden lleva más de tres meses sin cumplirse.
La familia agotó los caminos institucionales. Primero esperaron que Nueva EPS, la entidad a la que está afiliado Julio César, autorizara el traslado. No lo hizo. La EPS argumentó que el proceso dependía de factores externos como la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos y la inestabilidad hemodinámica del paciente, y que moverlo de manera inmediata podría poner en riesgo su vida.
Luego acudieron a la justicia y el pasado 9 de marzo, el Juzgado Noveno Administrativo de Valledupar admitió una primera acción de tutela, y el juez Héctor Jaime Castro Castañeda ordenó a la clínica certificar el estado de salud actual del paciente en doce horas, al evidenciar que la última actuación clínica allegada al expediente databa del 28 de enero, es decir, hacía cuarenta días. Ambas entidades guardaron silencio.
¿Para qué sirve un fallo de tutela?
Entonces llegó el fallo que la familia recibió como un salvavidas. El 20 de marzo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar concedió una segunda acción de tutela y el juez Aldenis Gómez Robles le dijo a Nueva EPS, sin rodeos, lo que el sistema de salud llevaba meses negándose a reconocer: que «pese a existir orden de remisión desde el 16 de enero de 2026, Nueva EPS no ha materializado el traslado requerido, limitándose a sostener que el procedimiento se encuentra en trámite y que existen factores externos que han impedido su concreción«, y que «las manifestaciones relativas a la gestión administrativa en curso no sustituyen el deber constitucional y legal de garantizar de manera real, efectiva y oportuna el acceso al servicio de salud requerido por el paciente».
El juez fue aún más lejos al concluir que la demora «compromete seriamente los derechos fundamentales del actor, pues prolonga su permanencia en una institución distinta a la que requiere su actual estado clínico y mantiene latente el riesgo sobre su vida, integridad y dignidad».
La parte resolutiva de la sentencia no dejó espacio para la interpretación. El juez ordenó a Nueva EPS que «dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, adelante de manera efectiva, continua e ininterrumpida todas las gestiones administrativas, médicas, logísticas y de articulación de red necesarias para autorizar, gestionar y materializar el traslado del señor Julio César de León Vega a una institución de mayor nivel de complejidad, conforme a la orden emitida por el médico tratante«.
Ordenó además que el desplazamiento se realizara «en ambulancia medicalizada, con el acompañamiento del personal de salud, equipos, insumos y soportes clínicos requeridos«, que la EPS garantizara «de manera integral, continua, oportuna e ininterrumpida todos los servicios, procedimientos, medicamentos, insumos, soportes y demás prestaciones en salud« mientras se concretaba la remisión, y la previno expresamente para que evitara » incurrir en dilaciones injustificadas, barreras administrativas o interrupciones en la prestación del servicio de salud«.
Hoy, más de un mes después de ese fallo, Julio César sigue en la misma cama y en las mismas condiciones a pesar de su crítico estado de salud y una sentencia que ampara sus derechos fundamentales, advierte los riesgos de la inacción institucional y ordena una serie de acciones tendientes a mejorar su estado actual.
«Ya no sabemos qué hacer, si teniendo un fallo judicial favorable y órdenes concretas a las instituciones competentes, las gestiones para la atención especializada y vital que Julio necesita no llega. ¿Para qué sirve un fallo si la EPS simplemente lo ignora? A estas alturas es muy difícil que su familia pueda seguir acompañándolo en la clínica por falta de recursos”, comentó Luis Daniel Osorio, uno de los familiares del afectado y quien ha estado al frente de la situación desde el primer momento.
Una familia a ocho horas de todo
Ningún expediente judicial ni historia clínica recoge este dato, que, dadas las circunstancias, resulta ser, quizás el más humano de todos: cada vez que su compañera quiere verlo, tiene que recorrer más de ocho horas de carretera desde San Luis Beltrán hasta Valledupar. Cada visita es un gasto que esta familia campesina no puede costear sola.
La Clínica Médicos de Valledupar, que el propio fallo reconoció ha prestado atención dentro de su capacidad resolutiva, sigue siendo el único lugar donde Julio César recibe atención. Un lugar que, como dictaminó el equipo médico desde enero, no cuenta con los especialistas ni los recursos quirúrgicos que su estado requiere, y donde la obligación de articular la red y garantizar el traslado —según lo estableció el juez— recae exclusivamente sobre Nueva EPS.
Julio César está ahora mismo solo en Valledupar, peleando contra un cuadro clínico gravísimo y contra una EPS que un juez ya condenó y que aún no obedece. Su familia está sola en San Luis Beltrán, tratando de reunir lo suficiente para ir a verlo, para no dejarlo morir sin compañía, para que sus hijos no crezcan sin haberlo visto.
Desde OPINIÓN CARIBE hacemos un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General para que hagan seguimiento al cumplimiento de este fallo. Un juez ya dijo lo que hay que hacer, es hora de que ustedes como entidades con competencia legal y misional en este tipo de eventos, pongan un granito de arena.
Hoy, esta publicación —realizada con el consentimiento de su compañera— tiene un solo propósito: un llamado a la solidaridad de toda la comunidad y tocar corazones. No hace falta dar mucho. Hace falta que muchos den algo.
Contacto para ayudas: 304 229 5398
