Zapateiro y la cultura del ‘ajúa’: jerarquía, miedo y abuso

Por: Norma Vera Salazar

Por años, las denuncias de acoso y abuso sexual dentro de la Fuerza Pública en Colombia han seguido un patrón inquietantemente constante: las víctimas hablan, la institución falla, y los agresores —muchas veces altos mandos— permanecen.

La reciente solicitud de imputación contra el general en retiro Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual no es un hecho aislado. Zapateiro, quien recientemente formaba parte de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, no solo enfrenta cuestionamientos judiciales, sino también políticos. Su presencia en ese proyecto evidencia cómo figuras señaladas por conductas graves logran mantenerse en escenarios de poder e influencia pública, amparadas por redes de protección que trascienden el cuartel y se instalan en los círculos de la élite civil.

La jerarquía como herramienta de coacción

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad estructural: en la Fuerza Pública, la obediencia no es una opción, es un dogma. Esta estructura, diseñada para la efectividad en combate, se convierte en una trampa de silencio cuando el depredador es el superior. El mando otorga un control absoluto sobre el proyecto de vida de la subalterna: sus ascensos, traslados y reputación dependen de la firma de quien la acosa.

El caso del excoronel Francisco Gelves Alemán es prueba de esta lógica. Como documenté en mi columna “El coronel, las víctimas y la verdad”, Gelves fue denunciado desde 2015, pero a pesar de las pruebas, la denuncia fue archivada inicialmente. No se activaron rutas internas ni se trasladó el caso a la justicia ordinaria. El resultado fue predecible: el oficial continuó su carrera y acumuló nuevas denuncias hasta su captura años después. Lo mismo ocurrió en La Guajira en 2025, donde siete mujeres policías denunciaron abusos sistemáticos del teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos.

¿Por qué estos hechos se sostienen? Porque la subordinación se convierte en vulnerabilidad. En estos espacios, el poder define quién es escuchado y quién es silenciado. La lógica del «ajúa» —ese grito de cohesión y vigor— se pervierte para blindar al alto mando, transformando el honor militar en un pacto de caballeros que excluye y castiga a la mujer que se atreve a romper filas.

Una falla de diseño

Los casos de Gelves, Zapateiro y Rodríguez Campos son la evidencia de que los protocolos de género existen en el papel, pero su ejecución es bloqueada por el mismo mando que debería garantizarlo. Romper este ciclo exige rutas de denuncia externas e independientes, pues la justicia institucional ha demostrado ser juez y parte.

La impunidad en estas instituciones no es un fallo del sistema, es una característica del diseño. Mientras el uniforme sirva de coraza para el abusador y la jerarquía se use como bozal para la víctima, no habrá reforma que valga. Es hora de entender que el honor militar no se protege ocultando el crimen, sino extirpando a quienes creen que las estrellas en el hombro les dan propiedad sobre los cuerpos de sus subalternas. Porque mientras el «ajúa» siga siendo el grito que ahoga el llanto de las víctimas, la fuerza pública seguirá en deuda con la dignidad.