Unidad Investigativa
41.000 computadores rotos, $45.000 millones y una pregunta que el gobierno no ha respondido
Verificación periodística | Mayo de 2026
Por: Unidad Investigativa | Opinión Caribe
Llegaron a los colegios como una promesa. Eran portátiles nuevos, con stickers de garantía, embalados en cajas y destinados a estudiantes de zonas rurales que muchas veces nunca habían tenido acceso a un computador. Meses después, casi siete de cada diez no funcionaban.
Eso es lo que muestran los documentos oficiales del programa Computadores para Educar, hoy rebautizado como Tecnologías para Aprender: de los 59.612 portátiles entregados en colegios públicos del país, 41.259 presentaron fallas críticas. Bloqueos. Recalentamiento. Pantallas que no encienden. Sistemas operativos que no responden. Equipos que llegaron a un salón de clases y nunca sirvieron para lo que fueron comprados.
El costo de esa operación: $45.000 millones de pesos.
El contrato que nadie quiere firmar
Cuando el escándalo estalló públicamente en mayo de 2026, la respuesta del gobierno fue rápida y uniforme: la culpa era de administraciones anteriores.
El exministro TIC Mauricio Lizcano sostuvo que las compras «venían desde antes». Desde el MinTIC apuntaron en la misma dirección. La narrativa oficial intentó instalar la idea de que el actual gobierno había sido víctima de una herencia envenenada.
Los documentos dicen otra cosa.
La Orden de Compra 101210 fue suscrita el 2 de diciembre de 2022. En esa fecha, el presidente de Colombia era Gustavo Petro. La ministra TIC era Sandra Milena Urrutia. El contrato no venía de ningún gobierno anterior: fue firmado, adicionado y ejecutado durante la administración actual.
La adición posterior, que llevó el valor del contrato de $30.000 millones a $45.000 millones, se formalizó en febrero de 2023, cuando Urrutia aún ocupaba la cartera. Lizcano llegó al ministerio en abril de 2023. Para entonces, los equipos ya estaban en camino a los colegios.
Quién vendió los computadores y qué vendió
La empresa adjudicataria fue Selcomp Ingeniería S.A.S., identificada con NIT 800071819-0, con sede en Bogotá y actividad declarada en servicios tecnológicos, outsourcing e infraestructura TI. Los equipos suministrados correspondían a la marca Compumax, específicamente al modelo Compumax Onix Series CX10.
Compumax no es una marca extranjera. Es una empresa colombiana. Sus portátiles se venden en Éxito, Olímpica y Falabella, con precios minoristas que oscilan entre $1.298.000 y $2.500.000 dependiendo del modelo.
Radiografía financiera del lote
| Concepto | Cifra / Detalle |
| Inversión Total del Estado | $45.000.000.000 COP |
| Total de Equipos Adquiridos | 61.200 unidades |
| Precio Promedio por Unidad | ~$735.000 COP |
| Estatus Técnico Actual | 41.259 equipos con fallas críticas |
Con $45.000 millones pagados por 61.200 equipos, el precio promedio por unidad que pagó el Estado fue de aproximadamente $735.000 pesos. Una cifra que, en principio, está por debajo del precio minorista de los modelos disponibles en el mercado.
Ese dato no prueba automáticamente ni transparencia ni irregularidad. Para saberlo con certeza se necesitan las fichas técnicas exactas de los equipos comprados, los precios institucionales del fabricante para compras en volumen y la documentación de importación de los componentes. Nada de eso ha sido publicado.
Nota de verificación: Lo que sí circuló en redes y en cobertura periodística fue una afirmación más contundente: que los equipos habrían sido comprados en China por cerca de USD 100 y revendidos al Estado colombiano por cerca de USD 500. Esta hipótesis no tiene respaldo documental verificable hasta ahora. No hay facturas. No hay registros aduaneros. No hay soportes contables públicos que la confirmen o la descarten.
El patrón que preocupa más que un solo contrato
La OC 101210 podría no ser un episodio aislado. Reportes periodísticos y documentos de seguimiento indican que entre 2020 y 2022 el programa Computadores para Educar adjudicó al menos cinco órdenes de compra dentro del mismo ecosistema de proveedores:
- Volumen total: 241.594 portátiles.
- Monto acumulado: Cerca de $183.705 millones de pesos.
Si esa cifra es correcta, el caso no es el de una compra mal ejecutada. Es el de un patrón de contratación repetitiva, multimillonaria y concentrada en los mismos actores durante varios años consecutivos, que abarcó dos gobiernos y que terminó con decenas de miles de equipos defectuosos en manos de niños y jóvenes de colegios públicos.
Esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta oficial: ¿cómo fue posible que el mismo proveedor, con la misma marca, siguiera ganando contratos año tras año?
Lo que hizo la Contraloría y lo que falta saber
En abril de 2024, el programa presentó denuncias formales ante la Contraloría General de la República, que abrió una investigación. En diciembre de 2025, una resolución oficial declaró el incumplimiento de la Orden de Compra 101210.
Como consecuencia, se hizo efectiva la póliza de cumplimiento. La aseguradora Seguros del Estado S.A. pagó $4.500 millones, equivalentes al 10 % del valor total del contrato.
En perspectiva: El Estado recuperó apenas uno de cada diez pesos que pagó por computadores que no funcionaron.
Lo que todavía no se conoce públicamente es:
- Si existe un fallo de responsabilidad fiscal con nombre propio.
- Si hay imputaciones penales en curso.
- Si la Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias.
- Cuál es el estado procesal exacto del caso en cada ente de control.
Los equipos pasaron las pruebas. Después fallaron.
Uno de los detalles más inquietantes que emerge de la documentación disponible es que los portátiles sí habrían superado pruebas técnicas antes de ser distribuidos masivamente. Los informes hablan de validaciones de rendimiento, batería, software y restauración realizadas antes de la entrega.
Si eso es cierto, hay dos posibilidades igualmente graves:
- Insuficiencia en origen: Que las pruebas hayan sido insuficientes, mal diseñadas o realizadas sobre muestras que no representaban el lote real.
- Cambio de lote: Que los equipos entregados no fueran los mismos que los aprobados en las pruebas.
Ninguna de las dos hipótesis ha sido descartada oficialmente. Y ninguna ha sido confirmada con un peritaje técnico independiente y público.
El cierre que todavía está pendiente
Hay una imagen que resume este caso mejor que cualquier cifra.
Un estudiante en una vereda del país recibe un computador nuevo. Es, quizás, el primer computador que tiene cerca en su vida. Lo enciende. No funciona. Ese computador costó $735.000 pesos de dinero público. Fue comprado con una orden firmada en diciembre de 2022. Pasó pruebas de calidad. Llegó en caja. Y no sirvió.
Cuarenta y un mil doscientos cincuenta y una veces.
La Contraloría investiga. La póliza pagó el 10 %. Los responsables no han sido identificados públicamente. La cadena comercial completa no ha sido reconstruida. Y la pregunta más importante del caso sigue sin respuesta oficial:
¿Cómo terminó el Estado colombiano pagando $45.000 millones por computadores que no funcionaban, destinados a los niños que menos podían permitirse recibirlos?
Metodología y Transparencia
- Verificación elaborada con base en documentos oficiales de Colombia Compra Eficiente, informes de Computadores para Educar, cobertura de El Espectador, Caracol Radio, RTVC y Cambio Colombia. Las afirmaciones sin respaldo documental están identificadas explícitamente en el texto.https://caracol.com.co/2026/05/22/computadores-para-educar-denuncia-que-le-vendieron-equipos-inutiles-por-casi-60000-millones/
