Política Parroquial
Caicedo, el candidato presidencial que la Fiscalía pide condenar
El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena acumula prontuario de procesos penales y disciplinarios por presuntas irregularidades. La Fiscalía pidió condena este viernes por el caso de los centros de salud, mientras otros expedientes judiciales siguen su curso en medio de su campaña presidencial.
Por: Arnol Sarmiento
La Fiscalía General de la Nación solicitó este viernes sentencia condenatoria contra Carlos Caicedo por su presunta responsabilidad en un entramado de irregularidades contractuales ocurridas durante su administración al frente de la Alcaldía de Santa Marta entre 2012 y 2015. Las irregularidades están relacionadas con proyectos de infraestructura en el sector salud que, según el ente investigador, dejaron pérdidas millonarias, obras abandonadas y una afectación directa al acceso a servicios médicos para las comunidades más vulnerables de la ciudad.
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— Opinión Caribe (@opinioncaribe) May 22, 2026
En la audiencia de alegatos de conclusión, el fiscal del caso solicitó que el exmandatario sea condenado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, al estimar que existió pleno conocimiento y voluntad deliberada en la ejecución de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
El caso emblema: Mamatoco
El eje central de la acusación gira en torno al contrato para la modernización del centro de salud de Mamatoco, una obra valorada en cerca de 6.500 millones de pesos que, según la Fiscalía, fue adjudicada sin soporte técnico suficiente y con advertencias fundamentales ignoradas desde su etapa de estructuración.
“Si uno pasa por ahí, su Señoría, el centro de salud de Mamatoco se encuentra en el suelo”, señaló el fiscal durante la diligencia, utilizando esa obra como símbolo del colapso administrativo y contractual que, a juicio del ente acusador, caracterizó la intervención en la red de salud pública distrital durante el gobierno de Caicedo.
Demoliciones sin planeación y un efecto en cadena
La Fiscalía sostuvo que durante esa administración se ordenó la demolición de los centros de salud de Bastidas, Candelaria, Taganga, La Paz y Mamatoco sin planeación adecuada ni justificación técnica clara, lo que desencadenó un efecto en cadena que profundizó el deterioro de la atención médica en varios sectores de la ciudad.
Según la exposición presentada ante el juzgado, las obras inconclusas obligaron a suscribir contratos adicionales para corregir fallas estructurales y adecuaciones pendientes, lo que generó nuevos sobrecostos y agravó el detrimento patrimonial. El fiscal precisó además que, de todos los proyectos de infraestructura en salud anunciados durante esa administración, solo uno fue finalmente entregado a la ciudadanía.
La Fiscalía rechaza la tesis de la defensa
En uno de los momentos más contundentes de la audiencia, el ente investigador descartó el argumento de la defensa que pretendía atribuir las irregularidades a decisiones de funcionarios subalternos. Por el contrario, sostuvo que existen documentos firmados directamente por el entonces alcalde que demostrarían que conocía las fallas del proceso contractual desde el inicio e incluso habría intentado ocultar las inconsistencias detectadas.
“¿Conocía el señor alcalde que podría estar vulnerando una norma penal? La respuesta es que sí lo conocía. Tuvo toda la voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico”, afirmó el representante de la Fiscalía.
El ente acusador también subrayó que el impacto de estas decisiones golpeó directamente a las comunidades más vulnerables de Santa Marta, que quedaron sin acceso oportuno a servicios de salud mientras las obras permanecían paralizadas o demolidas.
“La Fiscalía pudo acreditar que Carlos Eduardo Caicedo Omar actuó con conocimiento de lo que estaba haciendo y con voluntad. Sabía que era atípico y estuvo dispuesto a la realización de esta conducta punible”, concluyó el fiscal, insistiendo en la existencia de dolo en las actuaciones del exmandatario.
Una frase resumió la postura del ente acusador frente al balance de esas obras: “Todo fue nefasto”.
La decisión, en manos del juez
La determinación de fondo queda ahora en manos del juez del caso, quien deberá resolver si acoge la solicitud de condena presentada por la Fiscalía. El proceso se perfila como uno de los más delicados que enfrenta el movimiento político Fuerza Ciudadana y el entorno político de Caicedo en el Magdalena.
Un legado de irregularidades
El expediente revela que las irregularidades no fueron aisladas ni menores. Desde contratos adjudicados sin soporte técnico ni cumplimiento de requisitos legales, pasando por demoliciones injustificadas y obras abandonadas, hasta el encadenamiento de nuevos contratos para tapar los errores del anterior, cada decisión contractual cuestionada agravó la siguiente y amplió el hueco en las finanzas públicas distritales.
El impacto, sin embargo, no se midió únicamente en pesos. Se midió también en salas de espera vacías, en centros de salud convertidos en escombros y en comunidades enteras que vieron cómo los recursos destinados a mejorar su atención médica se esfumaron entre obras que nunca arrancaron, proyectos que nunca concluyeron y contratos que, según la Fiscalía, nunca debieron firmarse.
De todos los proyectos prometidos, solo uno llegó a término. Los demás quedaron como testimonio silencioso de lo que pudo ser y no fue.
Un candidato presidencial bajo el peso de múltiples procesos
El caso por las obras de salud en Santa Marta no es el único frente judicial y disciplinario que enfrenta Carlos Eduardo Caicedo Omar. A lo largo de su carrera pública como alcalde de Santa Marta y posteriormente como gobernador del Magdalena, el hoy candidato presidencial ha acumulado un historial de investigaciones que abarca distintas entidades, múltiples períodos de gestión y una variedad de presuntas irregularidades que van desde la contratación pública hasta conductas personales en el ejercicio del cargo.
Carlos Caicedo será llevado a juicio por presuntos actos de corrupción en Santa Marta
Caicedo enfrenta actualmente varios procesos abiertos ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y otros organismos de control, todos relacionados con presuntas anomalías ocurridas durante sus administraciones en Santa Marta y el Magdalena.
En el frente penal, uno de los expedientes más delicados es precisamente el que motivó la solicitud de condena este viernes: el caso de los cinco centros de salud que, según la Fiscalía, quedaron inconclusos pese a que los recursos ya habían sido ejecutados. El ente acusador sostiene que el presunto detrimento patrimonial supera los 5.000 millones de pesos y que solo una de las obras fue entregada completamente a la ciudadanía. Por este caso, Caicedo enfrenta cargos por peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
A este expediente se suma otra acusación relacionada con el contrato del Coliseo de Gaira, donde la Fiscalía investiga posibles sobrecostos, adiciones presupuestales injustificadas y presuntas fallas de planeación que habrían generado un detrimento cercano a los 690 millones de pesos.
En el frente disciplinario, la Procuraduría General de la Nación le profirió pliego de cargos por presuntas irregularidades en la adecuación de 15 parques en Santa Marta, donde se le atribuye haber celebrado adiciones contractuales y modificado el objeto de contratos sin contar con los estudios previos exigidos por la ley.
Durante su paso por la Gobernación del Magdalena, el ente de control también lo investigó por presuntas anomalías en la ejecución de un laboratorio Covid-19 financiado con regalías, señalando compras de equipos sin infraestructura adecuada para instalarlos y demoras injustificadas en la entrega del proyecto.
El capítulo más sensible, sin embargo, es el que involucra su conducta personal. La Procuraduría abrió una indagación previa por presuntos hechos de acoso sexual ocurridos entre 2020 y 2023 en el ámbito de la Gobernación del Magdalena, proceso que se suma a una denuncia penal radicada ante la Fiscalía por los presuntos delitos de acoso sexual y actos sexuales abusivos.
Denuncian a Carlos Caicedo por presunto acoso y abuso sexual
Este frente, a diferencia de los casos contractuales, toca directamente su imagen pública y su viabilidad política en una campaña presidencial donde la credibilidad personal es determinante.
Pese a todo lo anterior, ningún proceso, ya sea judicial o disciplinario, ha sido fallado en su contra, por lo cual goza de la presunción de inocencia. Sin embargo, el panorama procesal de Caicedo dibuja así la figura de un político que llega a la campaña presidencial con una carga judicial y disciplinaria significativa, en medio de un debate que divide entre quienes ven en él a una víctima del establecimiento y quienes encuentran en los expedientes razones suficientes para cuestionar su idoneidad para aspirar a la presidencia. Y es así que la justicia, en cada uno de esos escenarios, tendrá la última palabra.
Martínez y Caicedo con múltiples investigaciones en la Procuraduría
